La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su adhesión al "Día Internacional de la Democracia", a celebrarse el 15 de setiembre, fecha declarada por la Asamblea General del a ONU, en la 46ª reunión plenaria el 8 de noviembre de laño 2007.

Señor presidente:

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en el 2007 establecer el 15 de setiembre como Día Internacional de la Democracia.

Con una resolución aprobada por consenso, la asamblea recordó que 2008 marcaba el vigésimo aniversario de la Conferencia sobre Democracias Nuevas o Restauradas, lo que podía ofrecer una buena oportunidad para prestar atención al fomento y consolidación de la democracia en todos los niveles.

El organismo transnacional subrayó que se debe otorgar atención a este día e invitó a todos los países miembros a organizar una campaña de concientización pública para que todos los ciudadanos conozcan este día.

La resolución, presentada en ese momento por Alemania durante un animado debate plenario sobre democracias nuevas o restauradas, pone de manifiesto el interés de la asamblea por reafirmar que la democracia es un valor universal basado en la libertad de las personas para determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, así como para participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

La asamblea instó a los gobiernos a fortalecer los programas nacionales dedicados a impulsar y consolidar la democracia, así como la cooperación regional e internacional.

Asimismo, la asamblea pidió al secretario general de la organización, ene se momento, a que mejore la capacidad de las Naciones Unidas para responder con eficacia a las necesidades de los estados mediante el apoyo a sus esfuerzos por conseguir una nueva forma de gobierno y democratización.

Este es el Documento firmado en aquella oportunidad:

Suscribimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Democrática Interamericana y llamamos a los gobiernos a ceñirse a esos principios, así como a hacer suyo el compromiso de defender la democracia cuando ésta se ve amenazada.

Proponemos a los gobiernos, medios de comunicación, empresas, grupos religiosos y académicos y otros actores de la sociedad civil promover una discusión profunda e inclusiva para una total adherencia a los ideales y principios democráticos.

En atención a las importantes e inaplazables necesidades que demanda la implementación de estos principios, y celebrando por primera vez en la historia el Día Internacional de la Democracia, los firmantes:

1) Exigimos gobiernos electos en libertad y justicia, sin manipulación, a través de sistemas de votación transparentes, con credibilidad técnica comprobada y mecanismos de participación política en base a la ley y los estándares internacionales.

2) Demandamos temporalidades cortas y finitas en el ejercicio del poder gubernamental, con la presencia de claros mecanismos de control y revocatoria de los mandatos de elección popular en caso que los gobernantes no cumplan con la ley o actúen en contravención a los Derechos Humanos. De existir la figura de la reelección, ésta debe contemplar normas para la participación de otros candidatos en igualdad de oportunidades. Asimismo, exigimos que los candidatos a cargos de elección popular presenten planes concretos y realistas, susceptibles luego de ser monitoreados, evaluados y sujetos a discusión por parte de todo ciudadano interesado.

3) Demandamos respeto a la libertad de prensa y el derecho de transmitir y recibir informaciones sin censura previa. Asimismo llamamos a los Estados a crear o perfeccionar la legislación sobre acceso a la información pública, como derecho fundamental para el ejercicio de una ciudadanía activa y participativa.

4) Exigimos que las y los funcionarios públicos, en todos sus niveles, desempeñen sus cargos subordinados a las instituciones políticas y leyes de los Estados, bajo el imperio de la ley y marcos regulatorios de probidad y transparencia. Asimismo, demandamos a los gobiernos y Conminamos

a la sociedad civil a repudiar públicamente a las funcionarias y funcionarios electos que abusen de su condición y poder; posean riquezas que no puedan justificar o detenten privilegios irregulares y llamamos a los grupos de ciudadanas y ciudadanos, la prensa, académicos y gobiernos a promover una cultura de la transparencia y probidad en la administración pública.

5) Los planes de gobierno, en todos sus niveles, deben estar orientados como mínimo a satisfacer las siguientes condiciones: asegurar las libertades y derechos individuales, tal y como están consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promover el bienestar colectivo, la inclusión, el respeto a las minorías y la no discriminación y trabajar por la eliminación de las desigualdades sociales. Ninguna doctrina o promesa en el ejercicio del poder puede violar los elementales derechos políticos y civiles de las ciudadanas y ciudadanos bajo el pretexto del bien nacional o ningún otro.

6) Exigimos gobiernos de origen y carácter civil, rechazando cualquier manifestación del poder militar en el ejercicio de la función pública y repudiamos las usurpaciones militares o cívico-militares en la escena política bajo argumentos nacionalistas o mesiánicos.

7) Exigimos poderes públicos autónomos, eficientes y apegados a la institucionalidad vigente y el Estado de derecho, que trabajen por el bien común, reafirmando la necesidad de controles y fiscalizaciones entre los poderes del Estado, y rechazamos cualquier interferencia o presiones indebidas del Ejecutivo o el Legislativo sobre el Poder Judicial.

8) Exigimos que los gobiernos garanticen el derecho de asociación y respeten el libre funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y otras formas asociativas de participación democrática. Demandamos el cese de las persecuciones contra periodistas, miembros/as de sindicatos, defensores/as de derechos humanos, activistas democráticos, organizaciones de la sociedad civil y académicos y recordamos a los Estados su obligación de proteger a todas y todos quienes defienden o promueven los derechos fundamentales.

9) Exigimos que las políticas de los Estados trabajen para la satisfacción general de las necesidades básicas de todas las ciudadanas y ciudadanos; servicios públicos eficientes; educación, salud y vivienda de calidad y accesible; empleos productivos y estables; libertad de iniciativa privada; seguridad social y el uso racional de los recursos naturales. Se hace hincapié a la especial atención que deben tener los gobernantes con las personas con discapacidad; los pueblos indígenas; las personas de la tercera edad y los trabajadores independientes. Hacemos nuestra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas emitida el 13 de septiembre del 2007, en especial su artículo 3 que textualmente dice: "Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo Económico, Social y Cultural."

10) Exigimos la no discriminación hacia la mujer y el compromiso de los estados a desarrollar una democracia con la activa participación de las mujeres dentro del ámbito público y en la política pública, así como generar políticas de educación y difusión en contra de la violencia y maltrato de cualquier clase contra las mujeres y las niñas. Es imprescindible que se tomen acciones urgentes y efectivas, frente a la feminización de la pobreza, el femicidio, así como la trata y el desplazamiento forzado de mujeres en todo el mundo.

11) Declaramos nuestra solidaridad con los menos favorecidos y llamamos a los gobiernos a priorizar la lucha contra la pobreza y exclusión como tarea prioritaria para la construcción de sociedades verdaderamente democráticas. Asimismo, apoyamos toda acción solidaria internacional que se oriente a proveer condiciones de vida digna para todas y todos. Exigimos que se respete y cumpla la obligación de los estados de garantizar a todos y todas el derecho a la identidad y que puedan solicitar un documento de identidad que les permita ejercer a plenitud todos sus derechos.

12) Demandamos que los recursos financieros, humanos, institucionales y tecnológicos estén basados en actividades ecológicamente sustentables. Exigimos también la descentralización política; el descongestionamiento de las ciudades; la eliminación de los monopolios y los latifundios; así como espacios públicos dignos y amplios para la recreación y el esparcimiento sano.

13) Las ciudadanas y ciudadanos aquí firmantes postulamos, defendemos y apelamos al diálogo, la negociación y la cooperación como fórmulas primordiales de solución de conflictos; rechazando públicamente la guerra, el armamentismo, el militarismo, el terrorismo y cualquier manifestación violenta en la vida de los pueblos. Asimismo demandamos a los gobiernos garantizar el derecho de las víctimas de conflictos armados y de la violencia a la verdad, la justicia y la reparación

14) Exigimos leyes, sistemas judiciales, cárceles y policías que reeduquen y que tengan un efecto disuasivo, modelador y moralizante. Esto contribuirá a edificar una sociedad libre de violencia y corrupción.

15) Llamamos a la creación de políticas públicas que exalten y promuevan el valor de la familia; el respeto por los niños y ancianos y las diferentes creencias espirituales; el valor del deporte y la cultura; el respeto a la diferencia y la diversidad y el medio ambiente, entre otros valores humanos.

Por todo lo expuesto, Sr. Presidente le solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.