La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su acompañamiento a la familia, amigos y al abogado del joven Daniel Solano, obrero golondrina salteño desaparecido en el año 2011 en la localidad de Choele Choel, provincia de Rio Negro, luego de haber reclamado a la empresa que lo contrataba que se cumplieran sus derechos laborales y los de sus compañeros de trabajo.

Asimismo, expresar su enorme preocupación ante la reciente decisión del juez Julio Martínez Vibot que liberó a los 7 policías de la Provincia de Río Negro acusados por la desaparición y asesinato de Daniel, sembrando un nuevo manto de impunidad en este caso. Debido a la lucha, las permanentes denuncias y el esfuerzo de los familiares y el pueblo de Choele Choel que enfrentaron el entramado mafioso entre policías, justicia y empresas que llevaron a la muerte a Daniel Solano, fueron detenidos 7 policías que actuaron bajo las órdenes de la empresa, a quienes hoy se pretende dejar en libertad.

Expresar también nuestra preocupación ante las reiteradas amenazas e intimidaciones que vienen sufriendo los familiares y el abogado de Daniel Solano quienes se encuentran viviendo en Choele Choel exigiendo justicia para todos los responsables.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de resolución que expresa nuestra enorme preocupación ante la impunidad, las amenazas y el estancamiento judicial en torno a la causa por la desaparición y asesinato de Daniel Solano, joven obrero golondrina salteño desaparecido en el año 2011 en Choele Choel, provincia de Río Negro.

Daniel Francisco Solano viajó junto a otros jóvenes desde Tartagal, Salta, a Río Negro, en octubre del 2011, a trabajar temporariamente en la cosecha de manzanas. El contacto local, en el norte salteño, ofrecía el trabajo a través de una empresa tercerizada, Agrocosecha, trasladando a los obreros a realizar dicho trabajo en la multinacional de capitales belgas Expofrut, en Rio Negro. Bajo firma de un contrato leonino, los jóvenes llegaron en colectivos de una empresa trucha de turismo a trabajar bajos condiciones laborales deplorables. El día 4 de noviembre, Daniel y sus compañeros cobran su primer salario pero no es el acordado. Se traslada con sus amigos por la noche a Choele Choel a un local bailable, Macuba, y a las 2.40 del día 5 Daniel desaparece.

A fines de noviembre algunos familiares de Solano se trasladan a Río Negro luego de su desaparición y realizan una exposición en la policía al no tener información sobre su hijo. La Dra. María Constanzo, de la Dirección de Trabajo, es quien toma el caso en primera instancia. Más tarde llega desde Salta el abogado Sergio Heredia y toma la defensa de la familia. En diciembre Heredia afirma: el joven fue asesinado. ¿Por qué? Días previos, Daniel se había percatado de la estafa de la empresa tercerizada para con él y sus compañeros. La potencial organización y reclamo de estafa pero también de las pésimas condiciones laborales en la que los trabajadores vivían temporariamente, hizo que accionen de manera conjunta e inmediata, la multinacional junto a la empresa tercerizada, policía y banda parapolicial para que no se destape la olla.

La policía fue quien golpeó y sacó a Daniel del local bailable Macuba en la madrugada del 5 y el grupo parapolicial Bora (Grupo de Operación de Rescate) era quien vigilaba a los trabajadores de la empresa y custodiaba los intereses de la misma. Debido a las pruebas aportadas solamente por la defensa de la familia Solano son 7 los policías que fueron

condenados a prisión preventiva, 22 los imputados y 13 los procesados, y el grupo Bora disuelto luego de las denuncias realizadas por Heredia.

La Dra. María Constanzo, funcionaria del Estado, quien tomó el caso de la desaparición de Daniel Solano, fue denunciada por estar vinculada a la tercerizada Agrocosecha. Al mismo tiempo, la jueza a cargo Marisa Bosco, cuñada del gerente de la empresa, fue separada del cargo por encubrimiento. La misma tenía acumuladas 98 denuncias de trabajadores por apremios policiales, torturas y hasta uso de picanas en la misma.

El padre Daniel, Guadalberto Solano y algunos familiares como Romina, Maira y su tío acampan desde principios del 2012 en Choele Choel. Sergio Heredia vive custodiado en la parroquia del pueblo. Son meses y años pasados afrontando el destierro y las constantes amenazas de muerte, campañas de difamaciones y presiones de distinta índole para que los mismos acepten la impunidad y vuelvan a sus casas con el destino firmado para Daniel y su familia por quienes tienen el poder y gobiernan estas provincias y el país. Sin embargo no pudieron doblegarlos. Fue la defensa de la familia de los Solano, muchos compañeros de Daniel y personas solidarias con la causa, quienes aportaron 50 cuerpos de expedientes del cual se desprendieron 22 causas paralelas en el Juzgado Federal, en la que figura, entre otras cosas sumamente importantes, la denuncia de la desaparición de dos trabajadores más como Pedro Cabañas Cuba, de Paraguay, y Villagrán de Jujuy, y mucha información que permitiría dejar al descubierto el gran entramado de la red de explotación agraria.

Como ya mencionáramos, el 19 julio de 2012 la movilización popular y las pruebas cada vez más contundentes obligaron a que siete agentes de la Provincia de Río Negro fueran detenidos acusados de hacer desaparecer y asesinar a Daniel. Durante tres años Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Diego Cuello, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez estuvieron con prisión preventiva. Sin embargo el juicio en el que se deberá determinar la responsabilidad de estos uniformados en el secuestro y desaparición de Solano parece no llegar nunca. Al menos hasta que no se resuelva dónde y cómo debe continuar el proceso.

El juez Julio Martínez Vivot había derivado el caso a la Justicia Federal, afirmando que se estaba ante el delito de "desaparición forzada de persona", pero la medida fue revocada por la Cámara Tercera de General Roca, que declaró la competencia provincial y ordenó la urgente realización del juicio. Sin embargo, esa medida fue recurrida por la fiscal de Cámara Laura Pérez y ahora es el Superior Tribunal de Justicia rionegrino el que debe resolver al respecto.

El lunes 20 de julio Martínez Vivot dispuso terminar la prisión preventiva de los imputados y se desataron las amenazas a familiares, amigos y al abogado de Daniel Solano, amenazas e intimidaciones por las cuales también venimos a manifestar nuestra profunda preocupación.

Por los motivos expuestos, en defensa de la lucha de los familiares y amigos de Daniel Solano y en contra de la impunidad judicial por su desaparición y muerte, es que solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de resolución.