La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su honda preocupación por los privilegios otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional a la empresa multinacional Chevron, resultantes del Decreto 929/2013, contrarios al principio de igualdad ante la ley y a la libertad de competencia.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como finalidad manifestar inquietud ante algunos aspectos del acuerdo entre la empresa estatal YPF y la multinacional Chevron y de normas complementarias como el Decreto 929/2013, ante la posibilidad de que existan irregularidades que socavan la igualdad ante la ley, el derecho a la libre competencia y, por si fuera poco, levantan sospechas de una amplia discrecionalidad en la forma en que se ha realizado el acuerdo y las normas antes aludidas.

El Ejecutivo dio la bienvenida a Chevron con un decreto que le permitirá a la petrolera estadounidense exportar parte de su producción nueva del yacimiento Vaca Muerta sin retenciones y sin la obligación de ingresar al país dólares al tipo de cambio oficial, tal como hacen empresas del resto de los sectores de la economía con ventas al exterior.

El decreto 929/2013, publicado ayer en el Boletín Oficial, creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Es, en los hechos, una alfombra roja para Chevron.

Esta tarde, Cristina recibiró al CEO de Chevron, John Watson, y al CEO de la firma para Latinoamérica y África, el iraní Alí Moshiri. Del acto también participaron el CEO de YPF, Miguel Galuccio; Axel Kicillof, el viceministro de Economía que preside la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica de Hidrocarburos, y Julio De Vido, ministro de Planificación. Chevron se comprometió a invertir u$s 1.500 millones para explotar Vaca Muerta.

La nueva norma lleva las firmas de la Presidenta, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y los ministros de Economía y Planificación, Hernán Lorenzino y De Vido. Se trata de un régimen promocional que para las empresas que presenten "Proyectos de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos" superiores a los u$s 1.000 millones en cinco años. Esas firmas tendrán, a partir del quinto año, el derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de combustibles líquidos y gaseosos sin pagar retenciones ("alícuota del cero por ciento"), en vez del 33% de retención efectiva que está vigente.

Además, los beneficiarios "tendrán la libre disponibilidad del 100 por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos, en cuyo caso no estarán obligados a ingresar las divisas correspondientes" al 20% exportado sin retenciones al país, como hace el común de las empresas exportadoras. Y si, por falta de producción, esos hidrocarburos queden en el país, el Gobierno garantiza a las empresas que recibirán el precio de exportación con cero retención y tendrán "derecho prioritario" a obtener dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a precio oficial. Se trata del segundo guiño al sector petrolero vinculado a las divisas. El 28 de diciembre último, Bridas, la empresa de la familia Bulgheroni, se aseguró por contrato acceso al MULC al rubricar un convenio con YPF por Vaca Muerta.

La nueva norma fue tan bien recibida por la industria petrolera como criticada desde ciertos espacios políticos. "Con este régimen (...) se da un gran paso con vistas al logro del objetivo del autoabastecimiento energético", indicaron en un comunicado "las empresas Chevron, Exxon, YPF, PAE, Gas Medanito y CGC (de Eduardo Eurnekian) junto a la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), que agrupa a las principales productoras del sector apoyan esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional". El comunicado fue distribuido por YPF.

El decreto podría traer conflicto con las provincias. Es que propone otorgar concesiones por 25 años ampliables por otros 10 para la explotación de recursos no convencionales, algo que es potestad de las provincias.

En cuanto a la posibilidad de que existan cláusulas secretas:

El diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Luis Sapag admitió hoy que en el acuerdo entre YPF y Chevron "pueden haber cláusulas secretas", pero aclaró que la ampliación de los plazos de concesión es una facultad de la provincia solamente en relación a la petrolera estatal.

El legislador, quien es primo del gobernador Jorge Sapag, se desligó del convenio entre las petroleras y confirmó que lo que firmaron entre ellas se trata de un contrato privado y que en ese acuerdo el gobierno neuquino "no puede intervenir".

La semana pasada, el gobernador había firmado un Decreto por el cual envió a la Legislatura provincial el pedido de ampliación en 10 años del período de concesión para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la formación de Vaca Muerta.

Sapag explicó por radio Mitre que los eventuales "temas secretos" sólo hacen referencia a cuestiones de propiedad intelectual y de tipo tecnológico, pero que no afectará a las cuestiones económicas, ambientales y de geología.

Según el titular de la Sociedad Rural Argentina:

Según los ruralistas, "la expropiación de YPF sin un previo análisis de los recursos disponibles del Estado para llevar a cabo las actividades petroleras obligó al gobierno nacional a acceder a presiones de empresas multinacionales, aceptando raquíticas inversiones anuales por 1000 millones de dólares, cifra similar al aporte mensual del campo en concepto de retenciones que son 11.000 millones de dólares anuales sin recibir ningún beneficio a cambio". Para la entidad, el sector agropecuario "realiza inversiones por 50.000 millones de dólares por año, 50 veces más de lo que promete Chevron".

Por todas las razones antes señaladas, invito a los señores diputados a acompañar el presente proyecto.