La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio y preocupación por el procedimiento policial y judicial desarrollado el 22 de septiembre de 2008 en el Departamento de Copo, Provincia de Santiago del Estero, en el domicilio de un campesino miembro del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE), que fue ejecutado abusivamente en violación a normas constitucionales de derechos humanos.

Expresar su preocupación por el incremento en procedimientos de estas características que se están implementando en la Provincia de Santiago del Estero contra diversas organizaciones de campesinos que luchan por sus derechos fundamentales.

Instar a las autoridades judiciales y policiales de la Provincia de Santiago del Estero, a que, en todo tipo de procedimiento, se atengan a las normas de derechos humanos reconocidas en la Constitución Nacional y los convenios internacionales, y que frente a conflictos vinculados a las tierras, eviten la aplicación de normas penales que promuevan la criminalización de conflictos que no poseen naturaleza delictual.

Remitir copia de esta Resolución al Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE), al Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santiago del Estero, y al Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero.

Señor presidente:

El Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE) y otras organizaciones de campesinos vienen luchando desde hace años por el respeto al ejercicio de sus derechos a las tierras, y a sus derechos económicos, sociales y culturales.

Esa lucha es difícil frente a poderos grupos económicos que con la excusa de promover el desarrollo económico, arrasan con derechos de los pueblos de la Provincia teniendo como única motivación la renta económica.

Se ha llegado a denunciar que en cierta época circulaban las llamadas "Guardias Blancas" por el territorio, grupos parapoliciales financiados por empresarios para proteger sus intereses mediante la intimidación y el amedrentamiento del pueblo campesino de Santiago del Estero.

Desde el inicio de la intervención federal de la Provincia, el Poder Ejecutivo comenzó a desplegar una política pública destinada a contrarrestar esto abusos, estableciendo por ejemplo un Comité de Emergencia frente a los atropellos. En los últimos meses, sin embargo, la situación ha empeorado a través de nuevas detenciones de campesinos y nuevos procedimientos.

Ese agravamiento de la situación proviene fundamentalmente de la actuación de los órganos judiciales y de los poderes policiales ordenados por aquellos. Para la justicia de Santiago del Estero, los conflictos que pueden aparece con motivo de la posesión de la tierra tienen carácter criminal y por tanto deben ser resueltos con la ley penal y la represión policial.

Esta manera de resolver estos conflictos contravienen los principios de los derechos humanos, que establecen que ninguna ley, menos aún una penal, puede desnaturalizar el ejercicio de otros derechos fundamentales como son la libertad de expresión, la libertad de reunión y de petición, y, sobre todo, el derecho a una vida digna y al trabajo de la tierra.

Sr. Presidente, este proyecto de Resolución no se entromete en la autonomía provincial, sino que, al encontrarse comprometidos derechos humanos que constituyen normas federales, en realidad no hace más que responder a la obligación del Estado Nacional de que cada habitante de la República sea respetado en sus derechos humanos. De hecho, una de las motivaciones de la intervención federal fue la sistemática vulneración de los derechos de los habitantes de Santiago del Estero.