La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en cumplimiento del artículo 128 de la Constitución Nacional para que arbitre los medios necesarios y disponga la concurrencia del Sr Gobernador de la Provincia de Tucumán, José Alperovich, a esta Honorable Cámara a fin de que brinde explicaciones sobre las denuncias de impunidad en la causa por el homicidio de Paulina Lebbos en Tucumán.

Señor presidente:

Paulina Alejandra Lebbos fue víctima de una combinación fatídica entre delitos de género y abusos de poder. La inclaudicable lucha de la Comisión de Familiares y Víctimas de la Impunidad de Tucumán ha permitido que la muerte de esta joven, madre y estudiante no se invisibilice y sea una de las banderas del reclamo de verdad y justicia que atraviesa a dicha organización que incomoda día a día a los poderosos que buscan obtener el beneficio del olvido y la impunidad.

El 25 de febrero de 2006 la joven salió a bailar con unos amigos, tomó un remis con una amiga y siguió viaje hasta la casa de su novio, destino al que nunca llegó. Si bien la familia realizó la denuncia la tarde del 26 de febrero, desde un primer momento la investigación policial se inclinó hacia la hipótesis de una fuga de hogar y nunca hacia un delito.

En la denuncia asentada bajo expediente n° 6075/2006 en la fiscalía de instrucción penal de la IVa NOM. A cargo del Dr. Diego López Ávila el padre de la joven acusó que tanto la policía como el ministerio de seguridad se dedicaron a desviar la investigación con datos falsos y a descalificar a Paulina.

Lamentablemente la joven fue encontrada muerta por dos jóvenes el 11 de marzo de 2006 a la vera de la ruta 341, la autopsia determinó que la causa fue asfixia por estrangulamiento manual. Es moneda corriente que los familiares deban enfrentar el descredito de las autoridades a la hora de denunciar desapariciones de jóvenes, a este maltrato inicial se le sumó que la policía haya demorado la denuncia ante el fiscal y que incluso los responsables del operativo hayan mentido respecto a quien encontró el cuerpo. El Comisario Enrique García y el Oficial Manuel Yapura fueron los firmantes del acta de procedimientos falsa la cual asentaban que el cuerpo había sido encontrado durante un rastrillaje por personal policial.

Al hacer la reconstrucción del hecho, gendarmería descubrió que el personal policial había desbaratado el lugar, escondido las primeras fotos, adulterado actas y amenazado a los jóvenes que habían encontrado el cuerpo sin vida de Paulina.

A partir de estas irregularidades, el comisario García fue acusado penalmente. El proceso de impunidad que tiñe al crimen de Paulina empezó a operar en torno a la figura de este comisario ya que, tras recibir la visita del subjefe de policía de la provincia, Crio. Barrera, García se negó a declarar. Tiempo después fue sospechosamente ascendido a jefe de logística de la jefatura de policía de la provincia de Tucumán.

El asesinato de Paulina estuvo acompañado por el encubrimiento policial, político y judicial. Al día de la fecha la causa no tuvo ningún imputado, no se realizaron las pericias pertinentes, no hubo línea clara de investigación, no se investigó ninguna hipótesis, no se hizo lugar a la querella criminal por el delito de encubrimiento agravado de homicidio en contra de los funcionaros del ministerio de seguridad y de la jefatura de policía responsables de las maniobras de encubrimiento, los familiares no recibieron ninguna información sobre el estado o avance de la causa, no se imputó como encubridores a los agentes de la comisaría que falsificaron las actas, desaparecieron los informes de los detectives de la policía federal y no se citó a declarar a ninguno de los denunciados por encubridores.

El padre de Paulina, Alberto Lebbos, no solo debe luchar contra la impunidad del crimen de su hija, sino que debe afrontar un sinfín de amenazas de muerte. El "negro" Pedraza, "Gorrión" Cuello y "Camán" Córdoba fueron denunciados por las amenazas que propiciaron en la legislatura tucumana el 14 de abril de 2008. Resulta preocupante que a partir de que el Sr. Lebbos denunciara las conexiones del poder local en el caso hayan sistemáticamente intentado amedrentarlo para lograr su silencio.

La impunidad, el encubrimiento, los aprietes y otras irregularidades que afloran en la manera en la que el poder tucumano ha llevado a cabo este tema, remiten a estructuras de otros tiempos que no se condicen con la plenitud de derechos a los que aspiramos para los ciudadanos. No podemos tolerar que quienes cometan atrocidades sean amparados bajo el escudo protector del poder político. El Estado debe velar por la seguridad, y más aún debe garantizar investigaciones y procesos judiciales transparentes.

Entendemos que es hora que el Gobernador Alperovich de respuesta a los pedidos efectuados por la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán. El crimen de Paulina Lebbos y su posterior encubrimiento desnudan como en dicha provincia el imperio de la ley se ve sistemáticamente violentado. La labor de esta comisión nos ha permitido visibilizar la problemática de la inseguridad e impunidad que azota a la provincia. Es nuestra obligación dar respuesta a estos ciudadanos que se sienten absolutamente desamparados, son amenazados por los matones amigos del poder y reprimidos por las fuerzas policiales que incumpliendo su deber de proteger a los ciudadanos se pliegan en el encubrimiento de los desmanes de los poderosos de turno.

Consideramos vital para armonizar la vida en sociedad que los reclamos de justicia por parte de los familiares de las víctimas de impunidad en Tucumán sean escuchados y atendidos. El peregrinaje ha sido largo, desde un primer momento se ha intentado obtener respuestas del gobernador José Alperovich e incansablemente se ha invocado intervención a Aníbal Fernández cuando cumplía funciones como Ministro del Interior, al actual Ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio Alak a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a quien la preside, Dr. Carlos Dato, al Dr. Antonio Estofán, al Dr. Luis De Mitri, al Secretario de la H. Legislatura de Tucumán, Silvio Mansrvigi al Presidente de la Nación al momento del crimen, el Dr. Néstor Kirchner , a la Dra. Alicia Kirchner, al Dr. Eduardo Duhalde en su condición de Presidente del Consejo Federal de Derechos Humanos de la República Argentina, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, al Ministro de la misma, Dr. Eugenio Zaffaroni, al Sr. Horacio Ravenna y finalmente también se ha hecho llegar el pedido de justicia a la actual Presidente de la Nación, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

Resulta ser que si el criminal está asociado con el poder se puede cuestionar a las víctimas. Los asesinos deben ser castigados con todo el peso de la ley, no podemos tolerar que los contactos y las buenas relaciones políticas sean el pase libre para la impunidad.

Es hora que las instituciones se transformen en espejo de la sociedad, y den respuesta a su pedido de justicia. La justicia debe buscarse de igual forma aun cuando los resultados involucren y cuestionen lo más profundo de las estructuras de poder. Cómo es posible que los agentes denunciados por no cumplir correctamente con su tarea sean promovidos en su cargo, cabe preguntarse cuáles son los factores que determinaron que aquellos que incumplieron con su deber y se negaron a declarar hayan salido beneficiados.

Finalmente y a modo de conclusión reproducimos partes de la acordada CSJT del 14 de diciembre de 2007:

"No podemos perder de vista, que lo que nos convoca no es otra cosa que el justo reclamo de justicia, o para ser más explícito, la constatación viva y cotidiana por parte de los deudos de Paulina, de una obscena negación de justicia. La causa Lebbos, entonces, es mucho más que los miles de folios, de testimonios, de actuaciones complementarias, resoluciones, etc. Que permanecen tan desprolijas como inertes en las estanterías y cajas fuertes de la Fiscalía. La causa Lebbos da cuenta de una siniestra serie documental que objetivamente se torna laberinto, sin otro propósito, por acción, omisión o ambas, que ocultar la verdad.

No es cierto en definitiva y de manera tajante, que la complejidad de los hechos impiden acceder a la verdad.

Estamos en presencia de otras fuerzas y de otros poderes, muy distintos de los que confluyen azarosamente en un hecho, tornándolo a este confuso e impenetrable; y es claro que la acción de la justicia, que la justicia en sí, ha sido reprimida y censurada, una vez más, en orden a otros intereses y otros valores que esgrimen y hacen valer quienes tienen poder real de acción o coacción, aunque a todas luces carentes de los más elementales principios de respeto a valores fundamentales, a la persona, y a la ley que nos constituye y hace posible como sociedad.

El homicidio de Paulina, como tantos y todos los crímenes impunes que supimos preservar, se actualizan día a día en el dolor indescriptible de sus seres queridos y se expande por nuestra sociedad como una bruma tóxica que nos degrada y corrompe en virtud de su repetición, persistencia e impunidad, y de las débiles resistencia s que puede oponer unas sociedad que se percibe indefensa ante la magnitud de los abusos perpetrados al amparo de los poderes públicos"

Por lo expuesto, es que le solicitamos Sr. Presidente la aprobación del presente pedido de resolución.