El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1.- Establéese la prohibición en todo el territorio nacional de emitir Documento Nacional de Identidad (DNI) de las personas que incluya microchip RFID con GPS o cualquier sucedáneo, que implique restricción de la libertad individual, vulneración al derecho a la intimidad o invasión a la privacidad mediante vigilancia del Estado.

Artículo 2.- Se exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 1º a los datos de la historia clínica de la persona y su tipo sanguíneo.

Artículo 3.- De forma.

Señor presidente:

Podemos encontrar un conjunto articulado e interrelacionado de procesos con base legal, económica y logística que confluyen en el establecimiento de una situación socio-económica y macropolítica ideal para poner en marcha un plan de registro electrónico no solo de las acciones de las personas, sino de las personas mismas, quienes por ley y seguridad vienen a convertirse en engranajes irreversibles de un sistema global.

Entre aquellos procesos que están avanzando rápidamente hacia dicho estado se encuentra el que establece que los ciudadanos son obligados a llevar un documento de identificación nacional con microchip incorporado -el DNI-.

Aquellos países como Reino Unido y EEUU que, hasta ahora, no tenían obligatorio este requisito, son escenario de múltiples protestas ante la nueva legislación (Real ID Act, en EEUU) que obliga a los ciudadanos a portar dicho documento identificatorio.

Una vez todo establecido y cada ciudadano identificado con nuevo DNI electrónico (con microchip), homogeneizados todos los países, es posible proceder al aislamiento de la base electrónica de la tarjeta plástica e incorporarla a la persona física por su seguridad y beneficio.

Este proyecto de ley reconoce su origen en el anuncio del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien el día 27 de junio de 2014 hizo pública la firma de un convenio para la confección de un DNI "inteligente" que incorporará un chip con datos personales y, de esta forma, permita "interactuar con servicios públicos y privados".

Se informó oficialmente que Randazzo, en su visita a Madrid, suscribió un convenio con la Real Casa de la Moneda de España para que el nuevo DNI "incorpore más tecnología" a través del chip, cuya implementación se hará a partir de 2015. El funcionario detalló que, de esta forma, el DNI "se transformará en una tarjeta que permitirá no sólo garantizar la identidad como hasta ahora, sino interactuar con servicios públicos y privados, como ocurre en los países más desarrollados en esta materia".

Por caso, "cada persona podrá tener incorporados los datos de su historia clínica, de Anses, de PAMI y de la tarjeta SUBE, lo que simplificará y mejorará los trámites, evitando papeles y múltiples identificaciones", detalló el ministro. Randazzo aclaró que no implica la obligación de cambiar el documento y que "como ocurre en España, incorporaremos nueva tecnología a medida que la gente se acerca a renovar su documentación".

Cuando se lanzó el nuevo DNI (el de tapa celeste) se advirtió que era una buena decisión para unificar la documentación de la población, pero al poco tiempo en 2012 se lo reemplazó por el de la tarjeta plástica, coexistiendo ésta con el anterior y los residuales que tendrán validez hasta diciembre de 2015. Ahora, con esta innovación del ministerio del Interior y Transporte pareciera que la télesis del llamado "nuevo DNI" se ha trastocado porque nuevamente los argentinos tendremos diferentes modalidades de documento y cada cual tiene un costo distinto que debe asumir el ciudadano, sospechándose que detrás de cada cambio hay un mero afán recaudatorio.

La instrumentación del DNI con microchip no puede hacerse so color de incorporar nuevas tecnologías, pero poniendo en riesgo derechos y garantías de honda raigambre constitucional como el de la libertad de conciencia, el derecho a la intimidad y a la privacidad, la no punibilidad de acciones privadas de los hombres, que quedan reservadas a Dios y exentas del conocimiento de los magistrados, etcétera.

El sociólogo Andrés Pérez Esquivel consideró que la implementación del chip "convertiría a la Argentina en el país con la vigilancia más invasiva del mundo".

Desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) aseguraron que no hay ninguna violación del derecho a la privacidad porque las organizaciones que accederán a esos datos (como pueden ser la Anses, las obras sociales o el PAMI) son organizaciones que ya en la actualidad pueden revisar esa información. En este caso, las entidades podrán controlarla sin la necesidad de que el ciudadano deba acreditar cada vez su condición de beneficiario, explicaron.

El miembro de la Red Latinoamericana de Vigilancia, Tecnología y Sociedad remarcó que "en Inglaterra lograron violar la seguridad del chip en 12 minutos". Y recordó que "la presión social hizo que la iniciativa del gobierno tuviera que echarse atrás".

"Lo que anunció Randazzo en España, ni siquiera España lo acepta", explicó el sociólogo y asesor en Seguridad, quien apuntó que en las elecciones del año pasado el Sistema Nacional de Identificación Biométrica (SIBIOS) "fue vulnerado y permitió a privados descargar información de todos los argentinos en el padrón, fotos incluidas, con un script sencillo". El Renaper aclaró que la información que fue sacada del padrón electoral no tiene que ver con el Sibios organizado por el Poder Ejecutivo, sino que es responsabilidad del Poder Judicial y aseguró que el sistema propuesto no sólo no ha sido negado en España, sino que ya está implementado el DNI electrónico junto a la emisión de tarjetas inteligentes con los datos de cada ciudadano para los distintos servicios públicos.

Pérez Esquivel consideró que "es imprescindible un debate público sobre estas tecnologías. Porque, tal como se planteó en Inglaterra, más que seguridad, van a traer más inseguridad". Pero el Renaper aseguró que el sistema argentino no puede ser comparado con el británico debido a que en ese país no existe identificación basada en un sistema legal ni documento nacional de identidad.

Desde la Fundación Vía Libre coincidieron con las críticas: la especialista en derechos digitales Beatriz Busaniche señaló al diario Perfil que el anuncio representa un "avance innecesario y totalmente desproporcionado en relación con los datos que el sistema recopilará de cada habitante del país".

La plena vigencia de los derechos ya garantías consagrados en nuestra Constitución Nacional desde el año 1853, es el mejor fundamento para este proyecto de ley que veda cualquier intento de invasión en la esfera privada de las personas, porque bajo la excusa de nuevas tecnologías y simplificación de trámites se esconden las peores costumbres de los totalitarismos.

Este proyecto exceptúa de la prohibición la información referente a la historia clínica. Esta información salva vidas y economiza costos. Nos parece procedente aceptar la incorporación de este dato al DNI pero vedando el resto de las informaciones privadas.

Son dos planos en colisión: por un lado el avance de la información; por el otro el resguardo de la privacidad. Entre aceptar un mundo invasivo de la esfera privada so pretexto de acumular información y, en contraste, proteger a las personas del avance del Estado, nos inclinamos por el amparo de los derechos individuales.

Pido por consiguiente, el apoyo de mis pares con su voto para la sanción de esta ley.