La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito ante la realización de la conferencia sobre "Seguridad, protección y solidaridad para la libertad de expresión" que tendrá lugar en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras los días 9 y 10 de agosto de 2012.

Señor presidente:

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras desarrollarán el jueves 9 y viernes 10 de agosto en Tegucigalpa la conferencia sobre "Seguridad, protección y solidaridad para la libertad de expresión".

El evento, convoca a representantes de los poderes públicos, sociedad civil, medios de comunicación y periodistas con el objetivo de discutir y buscar consenso sobre reformas de políticas públicas tendientes a combatir la violencia contra la prensa y la impunidad de esos crímenes.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, dictará una conferencia magistral durante el evento, en el que también participarán autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Se discutirán los aportes internacionales sobre protección para periodistas, investigación y procesamiento de delitos contra la libertad de expresión, cuyas conclusiones y compromisos del orden legal, administrativo y periodístico quedarán registrados en un plan de acción.

Según la SIP, ese plan de acción debe servir para orientar a los poderes públicos de Honduras a que impulsen reformas de políticas públicas tendientes a brindar mayor seguridad para la actividad periodística, así como mejores garantías para la libertad de prensa y el derecho del público a la información.

Cabe recordar que en su pasada reunión semestral, la SIP emitió una resolución en la que consignó que "pese al compromiso público del Gobierno nacional de Honduras para revertir el clima adverso que afronta el ejercicio del periodismo, prevalecen en el país las amenazas contra periodistas, los ataques contra medios de comunicación, y la mayoría de los 19 asesinatos de comunicadores ocurridos desde 2003 siguen impunes".

Por medio de una reciente declaración conjunta, los relatores para la libertad de expresión, de la ONU y la OEA, entre otros, afirmaron que los Estados tienen la obligación de defender y proteger la libertad de expresión, incluyendo mecanismos como el agravamiento de los castigos y la ampliación de los plazos de prescripción para ese tipo de delitos. La SIP viene reclamando estos, y otros instrumentos, desde su Conferencia Hemisférica contra la Impunidad, celebrada en 1997.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.