Proyectos »
PROYECTO DE TP
Expediente 5507-D-2011
Sumario: EXPRESAR BENEPLACITO POR LOS REITERADOS ESFUERZOS DEL DIPUTADO ESTADOUNIDENSE MAURICE HINCHEY, PARA LOGRAR LA DESCLASIFICACION DE DOCUMENTACION DE LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RESPECTO A LA ULTIMA DICTADURA MILITAR ARGENTINA, ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO AL PARADERO DE LOS NIÑOS APROPIADOS.
Fecha: 10/11/2011
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 171
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su
beneplácito por los reiterados esfuerzos realizados por el
diputado estadounidense Maurice Hinchey para lograr la
desclasificación de documentación en la órbita de los
organismos de inteligencia de los Estados Unidos de
América respecto a la última dictadura militar argentina,
especialmente en lo referido al paradero de los niños
apropiados.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. ¿Cuáles son los antecedentes del
caso?
Más allá de los datos biográficos y trayectoria en
la Cámara baja estadounidense -que pueden ser visualizados en su respectiva página Web- lo
importante es señalar que gracias a una iniciativa similar a la que ha presentado respecto a la
Argentina en los últimos años, el congresista Michael Hinchey logró que en el año 200 se
ordenara la desclasificaron de todos los archivos de inteligencia estadounidenses referidos al
golpe militar que derrocó a Salvador Allende y la dictadura de Augusto Pinochet en la
República de Chile
Maurice Hinchey es también uno de los 42
impulsores de un proyecto presentado en 2009 denominado Ley de revisión del entrenamiento
militar latinoamericano, que busca "suspender la autoridad del Instituto del Hemisferio
Occidental para la Cooperación de la Seguridad (antes llamado Escuela de las Américas)", que
fuera creado en 1946 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para instruir a
militares y civiles de América Latina.
II. El primer intento
El 15 de julio de 2008, la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos de América aprobó una enmienda al "Intelligence
Authorization Act for Fiscal Year 2009" (H.R. 5959) presentada por el diputado Maurice
Hinchey que obligaría a la CIA a brindar a la Cámara baja toda la información disponible sobre
las violaciones a los derechos humanos en la Argentina durante última la dictadura militar (1976
- 1983) así como respecto al paradero de los niños apropiados en cautiverio y separados de sus
madres biológicas durante la llamada "Operación Cóndor"
El diputado fundamentó su enmienda de la
siguiente manera:
"Dada la relación cercana con su contraparte
argentina en el ámbito de inteligencia, seguridad y militar, es probable que la documentación en
manos de la inteligencia estadounidense contenga información invalorable para respaldar las
investigaciones que actualmente realiza la Justicia y en lo que respecta a la búsqueda de los
hijos de los desaparecidos". Y finaliza diciendo: "Las heridas de la Operación Cóndor
permanecen abiertas y la CIA debe ayudar a cicatrizarlas"
Esta iniciativa fue apoyada por la Embajada
argentina en Washington, el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George
Washington y varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
III. ¿Qué repercusión tuvo en nuestro
país?
El 16 de julio de 2008, la presidenta
Cristina Fernández anunció que la cámara baja de EE.UU. aprobó un proyecto de
desclasificación de los archivos de inteligencia de ese país sobre las violaciones a los
derechos humanos en Argentina durante la última dictadura militar.
El anuncio fue realizado por la mandataria
en una reunión que mantuvo en su despacho con el secretario de Derechos Humanos,
Eduardo Luis Duhalde; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; el
embajador en Estados Unidos, Héctor Timerman; la diputada Victoria Donda y el
legislador Juan Cabandié.
En una conferencia de prensa ofrecida
con posterioridad al encuentro con la Presidenta, el ministro Eduardo Luis Duhalde
explicó que la desclasificación fue impulsada por el diputado demócrata Maurice
Hinchey, y centra su accionar sobre la apropiación de niños y las actividades del Plan
Condor.
Por su parte, Estela de Carlotto sostuvo
que "es una muy buena noticia para el país, pero en especial para las Abuelas de Plaza
de Mayo y todos los organismos de derechos humanos que desde hace 30 años
estamos buscando la verdad". "Si no se hubiese tenido y confianza en Argentina, no se
hubiese obtenido esta resolución", resaltó la dirigente.
En tanto, el embajador Timerman aclaró
algunos aspectos sobre la iniciativa
"Buenas tardes, hoy la Cámara de
Diputados le dio media sanción a la ley que exige que se desclasifiquen todos los
archivos que tienen los Servicios de Inteligencia, de los Estados Unidos, en referencia a
distintos temas; uno es el golpe militar de 1976; el segundo es el Plan Cóndor y el
tercero es la apropiación de niños, en la Argentina. Esta media sanción que recibió,
hoy, por parte de la Cámara de Diputados de EE UU, fue adoptada por unanimidad.
Ello quiere decir que hubo un amplio consenso, tanto en el partido republicano, como
el demócrata, sobre la necesidad de dar a conocer estos documentos. En sus
fundamentos, el diputado Hinchey dice que una de las razones para aprobar esta ley,
en este momento, es que se ha reabierto el proceso de investigaciones judiciales, en la
República Argentina."
"Así que para nosotros es de una gran
alegría, es muy importante contar con este instrumento y esto comenzó, como dijo el
Doctor Duhalde, cuando un grupo de diputados estadounidenses, vino en enero a
Buenos Aires, con ellos se encontraba Maurice Hinchey y la Presidenta le solicitó que si
podía presentar este proyecto de ley. Él es el autor de la ley, que abrió todos los
archivos secretos sobre el golpe en Chile, es decir que tiene conocimientos de este
tema, es muy activo en derechos humanos."
"En marzo, de este año, Juan Cabandié
vino a Washington e hicimos en el Congreso una presentación sobre la apropiación de
niños y presentamos un documental, que vieron más de cien personas, sobre las
Abuelas de Plaza de Mayo, de la Ciudad de Córdoba, así que creo que ahí dimos el
puntapié inicial para la presentación de datos, también acompañamos a la
presentación de todas las denuncias que habían hecho las Abuelas de Plaza de Mayo,
durante la dictadura y hasta hace muy poco tiempo, en distintos organismos de
derechos humanos, en Washington. Estaban las fotocopias de todo, desde que
empezaron a actuar, en 1977, hasta la fecha, y la aprobación por unanimidad deja en
claro el espíritu de colaboración que existe entre el Congreso de los Estados Unidos y
la República Argentina."
Por otra parte, la diputada Donda resaltó
que esta determinación de la cámara baja de EE.UU. se debe a "la decisión del
gobierno, que se puso al frente de este reclamo".
Sin embargo, dicha iniciativa perdió
estado parlamentario durante la administración Bush, pues el Senado no la trató.
IV. La segunda vuelta
El 25 de febrero de 2010, la Cámara de
Representantes aprobó una enmienda al "Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2011"
similar a la anterior. En sus declaraciones al respecto, el diputado Hinchey señaló que con esta
iniciativa el Congreso norteamericano estaría ayudando a levantar el velo de secretismo que
rodea los abusos cometidos durante la dictadura militar y contribuyendo al proceso de Verdad y
Justicia
El entonces Embajador argentino en Washington;
Héctor Timerman, resaltó la importancia de la medida adoptada:
"The Hinchey amendment adopted today
is a very important tool in the search for the truth of what happened in Argentina
during the period of the last military dictatorship. During those years thousands of
people were persecuted, tortured and killed. Around 500 children of these victims were
taken by the murderers of their parents of whom so far only a hundred of them now
adults have recovered their true identity. The Hinchey amendment will open the
archives, which will enable the continued search for data that will allow us to find them
and reunite them with their real families. The affirmative vote of the Representatives is
an important gesture of solidarity with all victims of the dictatorship in Argentina and
also a strong demonstration of a commitment to defend human rights by the American
people and the institutions that represent them."
Esta iniciativa tampoco prosperó en el
Senado estadounidense.
V. Otro fracaso
El 13 de mayo de 2011, la Cámara de
Representantes rechazó una enmienda al "Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2011"
presentada por el diputado Hinchey en el mismo sentido que las anteriores
Esta es la repercusión periodística que tuvo en su
momento:
En la Cámara de Representantes
(diputados) de los Estados Unidos, 214 miembros pasarán a la historia por haberse
negado a desclasificar documentos de inteligencia que ayuden a identificar nietos
secuestrados en la dictadura argentina. A la cabeza estuvo el republicano Mike Rogers,
diputado por Michigan y presidente de la Comisión de Inteligencia. Su argumento:
"Tenemos que dedicarnos de lleno a Al Qaida. El tema de la Argentina puede esperar.
Ya esperó 25 años. Unos años más no harán la diferencia".
Maurice Hinchey, veterano de la Marina,
opositor de la guerra de Irak del 2003 y diputado por Nueva York, fue el autor del
proyecto de desclasificación y encabezó la minoría de 194 miembros que perdió la
votación. Ni Rogers ni su staff contestaron las preguntas enviadas por este diario.
Consultado por Página/12, un vocero de
Hinchey dijo ayer por la tarde: "No hay ninguna razón para sospechar que la iniciativa
de Hinchey podría significar un problema para los esfuerzos en la lucha actual contra el
terrorismo. Pensar eso sería ridículo". Hinchey había piloteado una iniciativa similar
para Chile en 1999. Tuvo éxito: los organismos de Inteligencia desclasificaron entonces
24 mil documentos que fueron útiles a la Justicia chilena.
En la Cámara baja la mayoría demócrata
es de 240 contra 192 republicanos. El voto sobre la Argentina, de 214 contra 190,
revela que además de los ausentes no todos los demócratas votaron por el proyecto de
Hinchey. En el caso argentino, el Departamento de Estado (Cancillería) ya desclasificó
un pelotón de documentos. Hinchey buscaba que hicieran lo mismo la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) y la Oficina de Investigaciones Federales (FBI).
También los argumentos de Hinchey
quedaron registrados para la historia de los derechos humanos. Esta fue la secuencia
de su argumentación en la Cámara de Representantes:
- La Argentina y otros regímenes militares
del Cono Sur realizaron la Operación Cóndor, que consistió en la captura y el asesinato
de disidentes a través de las fronteras.
- La mayoría de los 30 mil desaparecidos
fueron torturados y arrojados al agua.
- "Durante la dictadura, cientos de chicos
nacieron en cautiverio y fueron entregados a miembros de las fuerzas de seguridad,
mientras que sus madres presuntamente eran asesinadas."
- "Se descubrió la identidad de muchos de
estos chicos, pero la mayoría no se conoce."
- "Dada la relación estrecha (de los
Estados Unidos) con sus contrapartes argentinas de las comunidades de inteligencia,
seguridad y militar, es probable que la documentación de la comunidad de Inteligencia
de los Estados Unidos contenga información de gran valor útil para apoyar las nuevas
investigaciones sobre la búsqueda de los hijos de los 'desaparecidos'."
- "Recomiendo que la Cámara se dirija al
director nacional de Inteligencia para que suministre a los paneles de inteligencia de la
Cámara y del Senado información relacionada con las violaciones a los derechos
humanos del gobierno militar en la Argentina y que también sirva para echar algo de
luz sobre los niños nacidos en cautiverio."
- "Miles de familias esperaron más de 30
años para conocer el destino de sus seres queridos y hoy tenemos la oportunidad de
hacer una contribución significativa a la verdad y a la justicia y ayudar el cierre de un
capítulo problemático de la historia argentina."
-
En su refutación de Hinchey, Rogers
admitió que se trataba de un "asunto particularmente difícil en la Argentina" y que tal
vez un pedido como el de su colega por Nueva York "pudiera aportar cierta
información que terminara atenuando las heridas". El problema, para el republicano
por Michigan, es que aceptar el criterio de Hinchey "dañaría el esfuerzo actual de lucha
contra el terror". ¿De qué modo? Así: "Podría desviar a la comunidad de inteligencia de
su misión de proteger a los Estados Unidos y nuestros intereses respecto de las
amenazas actuales". Y así: "Cuando uno piensa sobre qué difícil es obtener algo de
información e identificar un alias en árabe, se da cuenta de que el aparato entero de
inteligencia estuvo años tratando de desarrollar la pista que nos permitió traer a
Osama bin Laden a la Justicia". En su negativa a ayudar a las Abuelas, Rogers
argumentó que la comunidad de Inteligencia reclama "más analistas y más recursos
humanos". Para él la iniciativa de Hinchey, "a pesar de su buena intención", sería un
perjuicio porque absorbería "recursos para un problema que tiene 20 o 30 años de
antigüedad".
"Lo lamento, pero hoy no podemos
darnos ese lujo", dijo Rogers. "La comunidad de inteligencia está preocupada porque
los próximos seis meses serán cruciales y Al Qaida buscará retomar posiciones luego
de haber perdido a su líder inspirador y sus puestos operacionales para lanzar un
nuevo ataque. Tenemos que dedicar cada minuto de nuestro día a identificar a los que
quieren matar norteamericanos o a ciudadanos de nuestros aliados."
Agregó Rogers que "no es momento de
interrumpir a nuestros analistas en contraterrorismo, a nuestros oficiales, a la CIA o a
cualquiera de nuestras agencias de inteligencia ocupados en combatir a Al Qaida y
ponerlos en actividades que sucedieron en la Argentina 25 años atrás". Hinchey no se
dio por vencido. Dijo que no era verdad que su proyecto tuviera algún costo
significativo. "La operación (Cóndor) ocurrió en el pasado. La información que
queremos obtener está disponible ya mismo. No insumirá recursos importantes y
puede conseguirse muy rápido. Lo que pasó en la Argentina debe corregirse. Fueron
hechos violentos que afectaron profundamente a la sociedad y se dieron en el contexto
de muchas, muchísimas familias, muchas de ellas completamente inocentes. Los
perjuicios fueron desastrosos. Lo que proponemos se puede realizar con facilidad y
rapidez y la última vez que lo planteamos fue una iniciativa apoyada por todos de
manera unánime."
El diputado por Nueva York pidió a la
oposición republicana que reconsiderase su postura. "Piensen bien en esto, en cuán
importante es para la Argentina y para los Estados Unidos y con qué facilidad puede
llevarse a la práctica. Nadie lo objetaría. Necesitamos hacerlo. Es algo honesto y será
positivo, además de efectivo."
Cuando consiguió por última vez el uso de
la palabra, Rogers aludió a su propia experiencia. Con todo respeto por la pasión
demostrada por Hinchey, contó que él mismo fue agente del FBI y sabe lo que significa
un minuto para un oficial. "Es un minuto que se quita de un caso, de la búsqueda de
información, de una investigación, del tiempo de alguien que trabaja como analista u
opera en el terreno para conseguir datos y procesarlos."
Fue en ese punto de su respuesta que
Rogers dio su opinión en el sentido de que la restitución de chicos hijos de padres
secuestrados y asesinados podía esperar, porque ya había pasado mucho tiempo. "Es
probable que los próximos años no marquen una diferencia para este tema, pero sí
serán importantes para la vida o la muerte de ciudadanos norteamericanos a manos de
Al Qaida", dijo. El presidente de la Comisión de Inteligencia dijo tener la esperanza de
que el caballero, es decir Hinchey, no piense que él condena su esfuerzo.
Simplemente, se trata de una cuestión de "prioridades de seguridad nacional".
El proyecto original del diputado por
Nueva York pedía información y documentos sobre la Secretaría de Inteligencia del
Estado, el batallón de Inteligencia 141 de Córdoba, el 601 del Estado Mayor, el 121 de
Rosario, y también detalles sobre operaciones de colaboración con fuerzas de Brasil,
Paraguay, Uruguay. Sobre los chicos nacidos en cautiverio, solicitaba información
disponible que diera cuenta de los campos de concentración de la Escuela de Mecánica
de la Armada, Automotores Orletti, La Perla, Campo de Mayo e Institutos Militares. Si
la comunidad de Inteligencia se rehusara a desclasificar un documento, Hinchey quería
saber de qué manera ese documento podía herir la seguridad nacional de los Estados
Unidos. Pero Rogers y 213 diputados más opinaron que las Abuelas tienen tiempo y
pueden esperar.
VI. Apelando a la máxima autoridad
El 2 de noviembre de 2011, dos días previos a la
reunión que mantuvo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el Presidente
estadounidense Barack Obama, el congresista Hinchey envió una carta a este último
solicitándole la desclasificación de la documentación pertinente en el ámbito del Pentágono, el
FBI y la CIA. Basa su requerimiento en el "Executive Order 13526" del Presidente Obama que
establece un procedimiento para el tipo de desclasificación solicitado.
Por su relevancia, lo incluimos en forma íntegra
sin traducción:
November 2, 2011
The Honorable Barack Obama
President of the United States
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20500
Dear President Obama:
Please accept my gratitude for your
continuing efforts in promoting human rights and government transparency. Since the
beginning of your administration, there have been several productive steps to honor
your promise of operating at an unprecedented level of openness, including the
establishment of the National Declassification Center and the U.S.'s prominent role in
the Open Government Partnership (OGP). As a member of the House Appropriations
Committee on Defense, I believe we cannot overlook the role our older national
security archives can play in promoting truth and justice for the victims of human
rights abuses. In light of your upcoming meeting with President Cristina Kirchner of
Argentina, you now have the opportunity to prove our dedication to human rights and
build upon your transparency efforts while strengthening the diplomatic relationship
with the government of Argentina.
Many Latin American nations are still
struggling to come to terms with the legacy of human rights abuses perpetrated by
military regimes in the 1970's and 80's. I have sought to shed light on these abuses for
many years. A CIA-issued report, required by an amendment I offered to the Fiscal
Year 2000 Intelligence Authorization Act, helped uncover U.S. knowledge of events in
Chile under the brutal regime of Augusto Pinochet. Given the U.S. intelligence
community's relationship with its Latin American counterparts, there is also relevant
information in our classified national security archives concerning cases in Argentina.
Even a limited, measured release can make a significant contribution to bring closure
to the families and children of the disappeared.
To further demonstrate our nation's
commitment to human rights, I urge the review and release of U.S. intelligence
documents held by the Pentagon, Federal Bureau of Investigation and Central
Intelligence Agency related to Argentina's security forces and detention centers,
beginning in 1976, responsible for human rights abuses, specifically concerning the
children of the disappeared. This information can provide reconciliation and closure for
millions of Argentines who are still struggling with the legacy of oppression by the
military regime.
From 1976 to the mid-1980's, hundreds of
children were born into captivity and distributed to members of the Argentine security
forces. While their mothers are believed to have been killed, the identities of some of
these children, who would be in their 20's and early 30's today, have been discovered.
Yet tragically the identities and whereabouts of the majority of those born in captivity
remain unknown.
A discretionary release of State
Department records on Argentina was authorized by President Clinton and
implemented by President Bush. While this release has been able to provide some
insight, it lacks the detailed documents from U.S. intelligence and national security
agencies that could shed light on the unidentified children. The State Department has
set a precedent with its release, and intelligence agencies are more than capable of
selectively reviewing relevant records, as demonstrated by the CIA's report on
Chile.
These documents are well over 25 years
old, making them eligible for declassification review pursuant to Executive Order
13526. Your Executive Order established an unambiguous path for declassification, and
I believe these documents are strong candidates for mandatory declassification by
executive authority. The substantial backlog at the National Archives and Records
Administration and history of unwillingness to declassify by U.S. intelligence agencies
has led me to believe that systematic declassification is not a suitable solution.
Thousands of families have waited more
than 30 years to learn the fates of their loved ones, and we have an opportunity to
make a contribution to truth and justice by helping to bring this troubling chapter in
Argentina's history to a close. I ask that you follow through on your administration's
commitment to openness by reviewing these files for declassification. The release of
these documents would once again demonstrate our nation's dedication to human
rights and open government and help lift the veil of secrecy that still hangs over this
horrific part of Argentina's history.
Thank you for considering this
request.
Sincerely,
Maurice D. Hinchey
VII. Consideraciones finales
Saludamos el reiterado esfuerzo que realiza este
congresista estadounidense por lograr la aprtura de los archivos. Por todo ello es que solicitamos
la aprobación de este proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MORANTE, ANTONIO ARNALDO MARIA | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |
| DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS |