La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su adhesión al Día Universal de los Niños y las Niñas, que se celebra el 20 de noviembre de cada año, al conmemo- rarse en el presente el vigésimo Aniversario de la Convención y el quincuagésimo ani- versario de la Declaración de los Derechos del Niño, por parte de las Naciones Unidas.

Señor presidente:

Este 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal de la Infancia, en conmemoración de dos fechas centrales para la construcción de los derechos de la niñez: la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Dere- chos del Niño el 20 de noviembre de 1959 y, exactamente 30 años más tar- de, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.

Ambas resoluciones de la ONU se convirtieron en hitos, en particular la Convención, ya que desde su aprobación la infancia es considerada, no como objeto de protección, sino como sujeto de pleno derecho. Este nuevo enfoque de desarrollo basado en los derechos de la niñez implica una contribución de principios para hacer del mundo un lugar más justo y habitable.

A partir de la promulga- ción de la Convención de 1989 se ha ido adecuando la legislación interna a los principios contemplados en la Declaración. Aunque la legislación y el sis- tema jurídico de cada país suele ser diferente, casi la totalidad de los países firmantes -192 han ratificado la Convención- han ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos constitu- cionales. Nuestro país aprobó en octubre de 1990 la Convención, y la refor- ma constitucional de 1994 otorgó la máxima jerarquía a este instrumento jurídico, al incorporarla en su artículo 75 inciso 22.

Como lo expresa Unicef, las declaraciones son manifiestos con intención moral y ética, pero no son instrumentos jurídicamente vinculantes. En cambio, los Pactos o Convencio- nes aspiran a instituir un marco internacional de derechos humanos con to- do el peso de la ley internacional. La Convención sobre los Derechos de la Niñez se transformó en un documento jurídicamente vinculante en septiem- bre de 1990, después de su ratificación por parte de 20 estados. Muchos paí- ses ratificaron la Convención poco después de su aprobación y otros la han ratificado o se han adherido a ella posteriormente, hasta convertirla en el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia. Hasta diciembre de 2005, casi todos los Estados forman parte del tratado. Los Estados Unidos y Somalia todavía no han ratificado la Convención, pero la han firmado, una medida que denota su apoyo.

Sin embargo, a pesar de lo mencionado, se siguen violando diariamente los derechos de millones de niños y niñas en todos los países del mundo y, por lo tanto, todas las institu- ciones públicas y privadas, por un lado, y la sociedad civil, por otro, deben responder a este reto y seguir luchado para que la Convención se convierta en una realidad.

Es necesario dejar atrás una con- cepción tutelar; se trata, en cambio, de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos, libres, con voz propia, que requieren amor y protección, no abandono ni encierro.

En este sentido debe tenerse en cuenta la concepción universal de las políticas sociales a implementar en pos de la consecución de los objetivos marcados por la Convención y Declaración de los Derechos del Niño que, entre otras cosas, sostienen como eje principal que todos los Estados tomen las medidas apropiadas para garantizar el bienestar del niño sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cual- quier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (Art. 2, inc 1 "Convención sobre los Derechos del Niño").

Por otro lado, la situación de la niñez refleja la sociedad que hacemos todos los días, el nivel de injusticia y exclusión social. Expresa la falta de posibilidades de muchas familias para sostener la escolaridad de sus hijos, para acceder a un sistema de salud y a una alimentación adecuada, para vivir en viviendas dignas; que puedan cre- cer y desarrollar al máximo su potencial. Las enfermedades que se originan a partir de la mala nutrición son evitables; ello depende de decisiones políti- cas que tiendan a una redistribución equitativa de la riqueza. En nuestro pa- ís debe hablarse del hambre inexplicable: se estima que la producción de alimentos alcanzaría para alimentar a trescientos millones de personas. Las políticas sociales focalizadas se implementan mediante la superposición de programas destinados a "súper pobres" o indigentes -según la concepción imperante en el Banco Mundial que nosotros reproducimos- que no sólo no dan repuesta al problema del hambre, sino que además se utilizan cliente- larmente, convirtiendo a los ciudadanos en asistidos sin derechos.

A 50 años de la Declaración y 20 de la Convención, el crimen del hambre sigue vigente entre los niños. La venta de niños, la prostitución infantil y la utilización en pornografía siguen siendo flagelos mundiales, así como su participación en conflictos armados. La concreción de una estructura jurídica que dé garantías está en relación con una sociedad más justa, de iguales y humana, que no admita la violación sistemática de los derechos de las personas.

En virtud de estas considera- ciones es que solicitamos a cada integrante de esta Cámara que acompañen la aprobación del presente Proyecto.