El Senado y Cámara de Diputados...

EXPROPIACION DE EMFER Y TATSA

Artículo 1°: Declarase de utilidad pública y sujeta a expropiación a las Empresas EMFER (Emprendimientos Ferroviarios) y TATSA (Tecnología Avanzada en Transporte S.A.).

Actuará como expropiante el Estado Nacional, es decir el organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 2°: Formar una Comisión Investigadora de cuentas y manejo económico de subsidios del grupo Cirigliano de las empresas EMFER y TATSA. Esta Comisión deberá expedirse en un plazo máximo de 60 días. La Comisión Investigadora, tomará especialmente todo lo investigado por la Auditoría General de la Nación en torno al accionar del grupo empresarial en todas sus ramificaciones.

Artículo 3°: El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme a lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la ley 21499, debiendo el Tribunal de Tasaciones de la Nación efectuar la tasación de los mismos.

Artículo 4°: La suma que eventualmente debería abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio, será compensada con los resultados que surjan de la Comisión Investigadora de cuentas y manejo económico de subsidios, reseñada en el artículo 3°. Por los pasivos, hasta su concurrencia, debe responder el grupo empresario con todo su patrimonio societario y personal, por su carácter indivisible de la explotación y manejo de las cajas de las distintas concesiones.

Artículo 5°: A partir de la sanción de esta ley, el Estado Nacional deberá intervenir la dirección de las empresas, hasta que culminen los trámites expropiatorios, a fin de garantizar la continuidad productiva de las mismas y el pago de todas las obligaciones salariales, sociales y previsionales de los trabajadores.

Artículo 6°: El personal que revistare en las empresas EMFER y TATSA será transferido a la nueva empresa estatal, conservando antigüedad y todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que posean en la actualidad y la vigencia de su Convenio Colectivo de Trabajo.

Artículo 7°: Se corta la concesión al grupo Cirigliano (y a eventuales testaferros o personas interpuestas nombrados por el grupo para evadir las obligaciones legales que les corresponden) de toda la maquinaria y material ferroviario perteneciente al Estado Nacional.

Artículo 8°: Se procederá a inventariar la maquinaria y relevar la inversión necesaria para la actualización tecnológica que fuere necesaria para la atención de las nuevas unidades adquiridas por el gobierno nacional.

Artículo 9°: Que a partir de este momento la gestión de estos Talleres que se realizará por parte del Estado Nacional será supervisada por una Comisión de Control electa por sus trabajadores.

Artículo 10°: De forma

Señor presidente:

Las empresas EMFER (de material ferroviario) y TATSA (de ómnibus de transporte de pasajeros) pertenecen ambas al Grupo de los hermanos Cirigliano. Este Grupo empresario ha pasado a la notoriedad por ser concesionario del Ferrocarril Sarmiento. Es en este dominio donde se han producido varios 'accidentes' (Flores, Once, Cautelar, etc.) con numerosas víctimas fatales y centenares de heridos. Largamente se ha denunciado que estos no fueron 'accidentes', sino la consecuencia lógica de un vaciamiento de la empresa ferroviaria y un desvío de los fondos de subsidios que otorgaba el Estado para inversión y funcionamiento del Ferrocarril. Hoy en día, este grupo esta siendo juzgado penalmente por la tragedia de Once. En lugar de invertir en el mantenimiento y mejoras del Ferrocarril dejo que este se hundiera productivamente y desvío los fondos hacia negocios particulares.

Pero estos empresarios, protegidos por el poder nacional y provincial siguen al frente de otros negocios-negociados. Entre ellos regentean varias decenas de líneas de transporte automotor que suman 1700 unidades. Justamente, los chóferes de Ecotrans, la más importante línea del transporte de pasajeros de la zona Oeste del Gran Buenos Aires, vienen denunciando el vaciamiento, con medidas de desguace incluidas, que estos empresarios están ejecutando. Y reclaman la intervención directa de los Ministerios de Trabajo y de Transporte de la Nación.

En el caso de EMFER Y de TATSA, el vaciamiento avanza a pasos agigantados y acelerado a partir del quite de la concesión de TBA, del Ferrocarril Sarmiento y otros. EMFER en particular, trabajaba asociada a la operativa del Ferrocarril, en el mantenimiento, reparación y hasta fabricación de material rodante nuevo para dichas líneas ferroviarias. Nuevamente, estos empresarios utilizaron a los trabajadores como variable de ajuste: empezaron a postergar el pago de sus salarios y crearon una situación de inestabilidad laboral. Los obreros fueron empujados a salir a luchar y lograron de esta manera ser recibidos, a principios de año, por el Jefe de Gabinete, Capitanich y otras autoridades. La misma la patronal Cirigliano reclamó que el gobierno saldara pretendidas 'deudas' que el Estado mantenía con estas empresas, a fin de poder resolver el pago en los salarios. El Jefe de Gabinete, garantizó este pago, pero los salarios siguieron postergados. Los obreros fueron usados como elemento de presión.

El gobierno constituyó una 'Mesa de Trabajo' que sirvió objetivamente, para que estos empresarios vaciadores, siguieran ganando tiempo en sus negociados. Así se habla que 'vendieron' dichas empresas a un grupo de inversores chino (sería el monopolio CSR, el mismo que nos ha vendido los trenes nuevos que están llegando al país). De confirmarse esta versión, en realidad, los Cirigliano se siguen desligando de bienes que debieran ser interdictos para que respondan a los daños y perjuicios ocasionados a los familiares y las víctimas de la masacre ferroviaria de Once y por los desfalcos realizados a las finanzas públicas (subsidios, etc.). La patronal Cirigliano, mientras tanto, ha continuado con su retiro de bienes, maquinas y herramientas en acciones clandestinas realizadas los fines de semana, cuando los obreros no están.

Hoy en día, no funciona más la 'Mesa de Trabajo' instaurada por el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich y a la que el ministro Florencio Randazzo obstaculizó sistemáticamente. Según noticias periodísticas, la eventual nueva patronal de EMFER y TATSA no se comprometería a mantener a más de 50 trabajadores de la planta, de más de 500 que tienen en la actualidad. También según versiones periodísticas, el ministro de Trabajo, Tomada, habría prometido que algunos otros trabajadores serían trasladados a revistar en el Ferrocarril Sarmiento. Es claro que peligra la fuente de trabajo de 500 trabajadores especializados y que se está marchando a un desguace y cierre de estas empresas, en un nuevo capítulo de uno de los mayores y más criminales negociados de la historia nacional.

No podemos permitir semejante corrupción en contra de los intereses de los trabajadores, de los usuarios y de las mayorías nacionales.

El país necesita defender estos puestos de trabajo y también necesita de una fábrica de reparación y construcción de vagones, locomotoras y buses. Mucho se habla de defender el trabajo nacional, pero aquí se cede completamente el terreno a la importación (restringida por la falta de divisas del gobierno) de estos bienes de capital.

Esta es la causa por la que hay que proceder a declarar de utilidad pública y expropiar estas dos fábricas, que revistan en el mismo terreno (General Paz y Migueletes) y que pueden ser estratégicas para el desarrollo nacional. No se debe pagar un peso de indemnización, por el contrario estos empresarios debieran cubrir en parte con sus fortunas personales el robo realizado a las finanzas estatales (sobreprecios, desvío de subsidios, etc.). Por eso se plantea la constitución de una Comisión Investigadora que revise las cuentas de la empresa para desentrañar la madeja de movimientos contables que tratan de tapar un robo en gran escala.

Asimismo se plantea que la nueva empresa dirigida por el Estado, sea controlada por los trabajadores. Estos han sido -y son- la vanguardia de la defensa de las finanzas públicas contra los ladrones amparados por el poder. Recuérdese que después de la tragedia de Once, fueron los obreros quienes denunciaron e impidieron la quema en containers de numerosos documentos de una contabilidad paralela que evidenciaba las maniobras fraudulentas realizadas por el Grupo Cirigliano.

En este terreno, las empresas nombradas, deben ser de inmediato interdictas por el gobierno nacional, quién debe garantizar el pago de salarios caídos y respeto a las conquistas sociales y sindicales vigentes. Defender a los trabajadores es una condición esencial para reconstruir sobre nuevas bases sociales al sistema ferroviario y a una industria de base que lo sostenga.