La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que por medio del Ministerio del Interior, o del organismo que corresponda, lleve adelante una investigación y presente un informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con los hechos ocurridos el pasado jueves 25 de julio de 2013 en la localidad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, en ocasión que el Sr. Juan José Vallejos y su hija Eliana, ambos chaqueños, fueran privados de su libertad por la policía de la Brigada de Investigaciones Norte de Tucumán.

1- ¿Cuál fue el motivo por el cual la policía detuvo en la Ruta el vehículo del Sr. Vallejos?

2- Si los policías intervinientes solicitaron o insinuaron en forma alguna el pago de coimas o dinero a Vallejos, bajo amenaza de entregar a su hija Eliana a un prostíbulo.

3- Si los policías intervinientes amenazaron a Vallejos con "plantarle" drogas o armas "para armarle una causa".

4- Si los policías compraron una tarjeta telefónica al Sr. Vallejos para que éste se comunique con su esposa, para solicitarle el envío del dinero que le reclamaban.

5- Si el Sr. Vallejos fue trasladado por la policía en un patrullero o en otro vehículo no perteneciente a la fuerza o no identificado como de la fuerza. Y en tal caso, indique marca, modelo y número de dominio.

6- Si el comisario Jorge Pereyra, jefe de la Brigada Norte, llego luego a la dependencia policial y si pidió al Sr. Vallejos que no haga la denuncia.

7- Si el comisario Jorge Pereyra aseguró al Sr. Vallejos que "él se iba a encargar de reprender los policías" que intervinieron en el hecho.

8- Si el ingreso del Sr. Vallejos a la dependencia policial fue asentado inmediatamente en el libro correspondiente y, en caso afirmativo, cuáles fueron las causas expresadas en el mismo.

9- Informe conteniendo los nombres completos de los policías involucrados en el hecho, su legajo y antecedentes en la fuerza.

10- Si el Sr. Vallejos concurrió a la dependencia del Correo Central en Tucumán y solicitó el pago de una suma de dinero.

Señor presidente:

El pasado jueves 25 de julio de 2013, un nuevo hecho de corrupción policial y complicidad política tuvo lugar en mi provincia, Tucumán. Tal como dan cuenta muchos medios periodísticos locales, provinciales e incluso nacionales, un grupo de policías pertenecientes a la Brigada Norte de Yerba Buena, detuvo al Sr. Juan José Vallejos y su hija menor de edad, quienes circulaban en su camioneta provenientes de la provincia de Chaco, acompañados por un amigo de la familia, Ramón. De acuerdo a las manifestaciones del Sr. Vallejos, en oportunidad de la detención, los agentes de la policía le exigieron el pago inmediato de $30.000.-, caso contrario, entregarían a su hija menor de edad a un prostíbulo para que caiga bajo las redes de la trata de personas. Asimismo, de acuerdo a las manifestaciones del Sr. Vallejos, los agentes lo amenazaron con "plantarle" droga o armas para armarle una causa.

Bajo dicha presión, el Sr. Vallejos llamó por teléfono a su esposa, para solicitarle el envío del dinero a la brevedad, y fue hasta el Correo Central de Tucumán para cobrarlo, acompañado de un policía. El Sr. Vallejos aprovechó esa oportunidad para hacerle saber al empleado del Correo que lo atendió sobre lo que estaba sucediendo, y fue así que recibió una comunicación desde la comisaría para no avanzar con la denuncia.

Al regresar a la dependencia policial, y habiendo llegado el jefe de la Brigada Norte, comisario Jorge Pereyra, el Sr. Vallejos relató que aquél le pidió que no formulara la denuncia y que él se iba a encargar de reprender a los policías involucrados.

Esta lamentable situación no hace más que ratificar la certeza que tenemos los tucumanos de que algunos agentes nuestras fuerzas de seguridad cuentan con complicidad oficial a la hora de cometer este tipo de ilícitos. Debe tomarse consciencia de la verdadera dimensión del problema de la inseguridad en el NOA, y en particular, en lo relativo a la trata de personas.

Desafortunadamente, hechos como el de Marita Verón, Paulina Lebbos o el del Sr. Vallejos, han dejado de ser situaciones aisladas, y suelen quedar impunes en nuestra provincia, porque el gobernador Alperovich se encarga de encubrirlos a través de su red de funcionarios corruptos, dejando al pueblo tucumano desprotegido y librados a la voluntad de estos inescrupulosos empleados del poder mafioso.

Independientemente de la formación y el avance de la causa judicial que ya está en marcha en Tucumán, se hace necesaria la intervención del Poder Central en nuestra provincia, a fin de resguardar los derechos mas elementales de nuestra población: los derechos a la vida y la integridad física y psíquica.

Esta solución excepcional encuentra su fundamento en la inoperatividad de los organismos y mecanismos de contralor propios de la provincia, justificando incluso un eventual pedido de intervención federal de la provincia, como lamentablemente hemos debido sufrir tiempo atrás.

Es también responsabilidad de las autoridades nacionales velar por los derechos más elementales de los argentinos, en este caso los tucumanos, aún echando mano a los recursos más extremos que prevé nuestro ordenamiento jurídico.

A mayor abundamiento, debe considerarse que varios de los posibles delitos vinculados al hecho (como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas) son de carácter federal, de acuerdo a nuestra legislación vigente.

A fin de tener conocimiento de los detalles que hacen a las decisiones políticas en el hecho en cuestión, es que solicito a mis pares acompañen esta excepcional resolución.