La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos competentes, informe a la brevedad - y acompañe copia en caso de corresponder- sobre el grado de avance de la implementación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y las medidas adoptadas a tal fin. En particular, se solicita informe sobre:

1) La fecha de realización del censo de medios audiovisuales, dispuesto por la resolución Nº 1 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y los resultados obtenidos.

2) Información relativa a los dueños de los medios de comunicación -nombre, razón social, cantidad y nombre de medios pertenecientes al mismo grupo, servicios prestados, localidad/es en donde funciona cada medio y cualquier otra que pueda desprenderse del censo mencionado en la pregunta anterior.

3) Las razones por las cuales dicha información no se encuentra publicada en la página de Internet del organismo competente.

4) Las acciones realizadas por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para cumplir con lo establecido por la Ley 26.522 en cuanto a la reserva del 33% de las frecuencias para las organizaciones sin fines de lucro.

5) Cantidad de permisos experimentales otorgados, la fecha de su otorgamiento y caducidad y las razones que fundamentaron cada uno.

6) El estado de ejecución del Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, dispuesto por el artículo 93 de la Ley 26.522 -que debería haber sido aprobado dentro de los 180 días de entrada en vigencia la norma- necesario para la convocatoria a concursos de nuevas señales de TV y radio.

7) De no estar ejecutado, las razones de tal incumplimiento.

8) La situación actual del espectro radioeléctrico y si se están produciendo, a la fecha, superposición de frecuencias y emisoras.

9) Las razones por las cuales no se han realizado los informes bianuales que debiera elaborar la AFSCA y presentar al Congreso de la Nación.

10) Las razones por las cuales no se ha convocado a los partidos de la oposición para que nombren a sus representantes en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

11) Los fundamentos y el procedimiento adoptado para la creación de la Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación a la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual.

12) El grado de cumplimiento del artículo 161 de la Ley 26.522 y las acciones realizadas por la AFSCA para que todos los grupos concentrados de medios de comunicación lleven adelante la desinversión prevista en la norma.

13) Los controles de la aplicación del artículo 75 de la Ley 26.522, realizados por la AFSCA, en tanto la norma prevé la utilización del instrumento de la cadena oficial frente a situaciones graves, excepcionales o de transcendencia institucional.

14) Las medidas adoptadas para dar fin a las sucesivas intervenciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones, en tanto dicha comisión no ha sido normalizada y su intervención ha finalizado a partir de la emisión del Decreto 521/2002 y sus prórrogas.

Señor presidente:

En el año 2009 el Congreso de la Nación aprobó con amplia mayoría la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, a casi tres años de la sanción de la norma, poco se ha avanzado en su implementación.

En ese entonces, muchos legisladores de la oposición se manifestaron a favor de modificar una ley que a todas luces era antigua y carecía de legitimidad de origen. Pero advertían también, la necesidad de debatir la iniciativa oficial en el ámbito parlamentario y no sólo en los foros realizados en las provincias, dado que algunos pasajes del texto propuesto no resultaban correctos.

Lamentablemente, el proyecto de ley tuvo un tratamiento rápido, y duró el tiempo necesario para conseguir las firmas que aseguraban la aprobación de la norma.

La velocidad en la sanción de la ley no se tradujo en una rápida ni correcta implementación. Los cambios que se han producido en estos casi tres años han sido menores y no han generado las condiciones de pluralidad por la que supuestamente abogaban sus defensores.

Las irregularidades son conocidas: no se han constituido los organismos de control como la Comisión Bicameral en el ámbito del Congreso de la Nación o el Defensor del Público y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual funciona sin la participación de los representantes de los partidos de la oposición, tal como lo prevé la propia ley.

Asimismo, la autoridad de aplicación -sólo compuesta por el oficialismo- ha tomado resoluciones de gran impacto para los medios de comunicación, como la creación de una comisión de asesoramiento y seguimiento de los procesos de adecuación dispuestos en la Ley 26.522. Esta comisión no está prevista en la norma y su creación -por la importancia que reviste- no la puede decidir un organismo que funciona irregularmente. El objetivo, además, es controlar únicamente el artículo 161 de la Ley, aquél que obliga a la desinversión. Sin embargo, el Gobierno nacional está interesado únicamente en un grupo particular, y deja - y fomenta- que otros grandes grupos mediáticos continúen funcionando como lo vienen haciendo, e incluso, que adquieran nuevos medios de comunicación, como es el caso del Cristóbal López y la adquisición del canal de noticias C5N.

La ley establece que los medios de gestión estatal deben garantizar la pluralidad y estar abiertos a las diferencias. El gobierno no sólo no cumple con esta disposición sino que utiliza los medios públicos como aparato de propaganda, confundiendo medios del estado con medios del gobierno. La AFSCA no interviene y al no estar constituidos los organismos de control, la situación se perpetúa. A ello hay que agregarle, las sumas millonarias que reciben en concepto de publicidad oficial.

A través de la forma en que se ha venido implementando la norma, el oficialismo demuestra su falta de interés en tener una verdadera política de medios democrática y plural. La falta de realización del censo de medios audiovisuales y del Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales -que debería haberse implementado dentro de los 180 días de entrada en vigencia la ley- impiden la distribución del 33% de las frecuencias a organizaciones sin fines de lucro, tal vez el punto más revolucionario de la normativa actual. Por el contrario, el Gobierno impide el correcto funcionamiento de los organismos de implementación, de los organismos de control y no se elaboran los informes correspondientes dirigidos al Congreso de la Nación. Pareciera que el Poder Ejecutivo Nacional ha utilizado esta ley en su pelea con los medios de comunicación y no para transformar el esquema de medios en la Argentina.

La ley actual tiene falencias que han sido puestas de manifiesto durante su tratamiento y durante estos casi tres años. Sin embargo, permite avanzar en otras cuestiones importantes para mejorar el sistema de medios en nuestro país.

No se trata, entonces, de defender o no a un determinado multimedio. Se trata, por el contrario, de construir una política pública de medios de comunicación democrática, pluralista, que permita a las diferentes voces expresarse libremente y que garantice igualdad de condiciones.

Por todo lo expuesto, les solicito a los y las legisladores/as acompañen con su firma el presente pedido de informes.