La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1- Solicitar a Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Justicia y la Secretaria de Derechos Humanos, informe acerca de las acciones institucionales y judiciales llevadas a cabo por los organismos del Gobierno Nacional, respecto a los hechos ocurridos en el pabellón de jóvenes adultos de la Penitenciaría de la Provincia de San Luis, que se dieran a conocer el pasado 17 de Junio mediante la difusión de material fotográfico por medios de prensa de la provincia y nacionales, donde se podían ver acciones y tratos degradantes de la dignidad humana, vejaciones y posibles torturas en contra de internos de dicho penal, por parte de las fuerzas y responsables de la penitenciaria provincial.

2- Solicitar la urgente intervención de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, dependiente de este Poder Legislativo, atento a la existencia de internos federales en dicha penitenciaria.

3- Solicitar al Gobierno de la Provincia de San Luis informe la situación de los internos federales en relación al hecho denunciado y las acciones llevadas a cabo para investigar la posible responsabilidad penal.

Señor presidente:

El día 17 de junio del año en curso se tomó conocimiento de hechos que violentan sentimientos íntimos de todo ser humano. En la Penitenciaría de la Provincia de San Luis se sometió a jóvenes menores de entre 18 y 20 años a una práctica, mal llamada "requisa", que los expuso desnudos y en posición degradante, en un espacio común -paradójicamente un "patio de recreación"-.

Las requisas son mecanismos de uso en las cárceles, que permiten revisar la celda y al propio recluso; tienen reglas a las que atenerse, que fijan los límites de forma y lugar. Por lo pronto, la exposición de la desnudez debe hacerse en el ámbito privado de la celda.

Los hechos, ocurridos el 22 de abril de 2013, fueron dados a conocer el día 17 de junio de este año, por el sitio SanLuis24.com.ar, a través de fotografías por demás concluyentes, tomadas aparentemente por un agente del servicio penitenciario de la Provincia.

Las imágenes, no desacreditadas como prueba de los hechos por el actual Director de la Unidad, son por demás elocuentes: una cantidad de personas -se sabe que eran jóvenes de 20 años o menos- desnudas, arrodilladas, con la frente en el piso y de espaldas a varios agentes de la penitenciaría; en una de ellas puede verse incluso a un uniformado, identificado como Mariano Benítez, quien se dice era en ese momento Director de la Unidad, con una semisonrisa, mirando a la cámara.

Parece innecesario referirse a la legislación internacional a la que nuestro país ha adherido (art. 75°, inc. 22 de la CN) que condena este tipo de hechos. Sin embargo vale recordar que la Resolución 1/08 de la OEA - Comisión Interamericana de Derechos humanos establece que "toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales". Y agrega: "tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad", rechazándose los "métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona ".

Es más, de acuerdo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, "... se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia".

Específicamente respecto de los "Registros corporales, inspección de instalaciones y otras medidas", el Principio XXI dice: "Los registros corporales, la inspección de instalaciones y las medidas de organización de los lugares de privación de libertad, cuando sean procedentes de conformidad con la ley, deberán obedecer a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Los registros corporales a las personas privadas de libertad y a los visitantes de los lugares de privación de libertad se practicarán en condiciones sanitarias adecuadas, por personal calificado del mismo sexo, y deberán ser compatibles con la dignidad humana y con el respeto a los derechos fundamentales." ... " Los registros intrusivos vaginales y anales serán prohibidos por la ley. Las inspecciones o registros practicados al interior de las unidades e instalaciones de los lugares de privación de libertad, deberán realizarse por autoridad competente, conforme a un debido procedimiento y con respeto a los derechos de las personas privadas de libertad." En similar sentido se expide el art. 51° del Reglamento general de procesados (Dto. N°303/96).

Además, tal como dice el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 5° parágrafo 6 "las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados", cosa imposible de lograr con acciones como la reflejada en las fotos vistas, y como dijimos, no desconocidas como prueba de los hechos.

El Director Inocencio Carpio dijo haberse enterado simultáneamente con el público en general, y haber encomendado una investigación. Es de desear que al finalizar la investigación, el funcionario ponga en conocimiento de la opinión pública el resultado y las medidas disciplinarias tomadas.

Por otra parte, este Congreso sanciono el 17 de Diciembre de 2003 la Ley N° 25875, por la cual se crea en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación la Procuración Penitenciaria.

Dicha Norma en su Artículo 1° fija el objetivo de esta Institución: "El objetivo fundamental de esta institución es proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal, comprendidos comisarías, alcaldías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de libertad y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales".

Basado en la existencia de esta Institución y en sus objetivos, y ante la existencia de presos federales en el penal al cual se hace referencia en este proyecto, es que se considera necesaria la intervención de la misma.

Por lo expuesto solicito a los Sres. Legisladores que acompañen este proyecto.