La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que resulten competentes se sirva remitir a esta H. Cámara información referida al Decreto 1547, el cual faculta a la Dirección Nacional de Vialidad a prorrogar por CIENTO VIENTE (120) días los contratos de concesión aprobados por el decreto 1007 de 2003, referidos a la concesión por peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación de los CORREDORES VIALES NACIONALES. En especial, se solicita que se sirva a informar sobre:

- El motivo por el cual el Estado Nacional incumplió el cronograma de licitación establecido en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Generales del Decreto 1615-2008, siendo dicho incumplimiento causa de las repetidas prorrogas a los contratos de concesión aprobados en 2003;

- La razón por la cual no se procede a realizar un nuevo llamado a Licitación Pública para otorgar la concesión por peaje para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación de los 7 CORREDORES VIALES NACIONALES cuyos procesos licitatorios fracasaron en abril del presente año;

- Cual es el nivel de cumplimiento alcanzado, desde 2003, por los concesionarios viales en cuanto a las obligaciones establecidas en sus respectivos contratos de concesión, particularmente en lo relativo a inversiones, ampliación, mantenimiento, reparación y conservación.

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nº 1007 de fecha 30 de octubre de 2003, aprobó los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Nacionales Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación por peaje de los mismos.

El 1ro de Noviembre de 2008, como se encontraba estipulado en los mencionados contratos, opero el vencimiento contractual de los mismos, debiéndose llamar a nueva Licitación Publica Nacional. Dicho llamado se realizo a través del decreto 1615 del 7 de octubre de 2008 y la resolución 1095 del 22 de octubre del mismo año.

En el mencionado decreto, se estableció un cronograma de licitación. Asimismo, el proceso licitatorio previsto en dicho cronograma no se inició hasta el mes de abril de 2009, estando previsto el ultimo paso (la Toma de Posesión) para el 1ro de marzo de 2009. Mientras tanto, los contratos de concesión del 2003 fueron prorrogados por el plazo de CIENTO VEINTE (120) días, a través de la Resolución 66/09 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Vale destacar que dicha prorroga se realizó recién el 6 de enero de 2009, por lo que los contratos de concesión se vieron prorrogados de hecho desde de su vencimiento hasta el dictado de la mencionada Resolución.

En Abril de 2009, se procede a realizar el proceso licitatorio, el cual la Comisión de Concesiones informa que, por razones diversas, fracasa en 7 de los 8 Corredores Viales.

El 5 de mayo de 2009, a través del decreto 422, se procedió a prorrogar por otros CIENTO VIENTE (120) días los contratos del 2003, hasta tanto se realice un nuevo proceso licitatorio.

En el Boletin Oficial del día de hoy, 6 de Noviembre de 2009, se publica el decreto 1547 del Poder Ejecutivo, con fecha 26 de octubre, por el cual se faculta a la Dirección Nacional de Vialidad a celebrar acuerdos con las empresas concesionarias de los Corredores Viales Nacionales adjudicados por Decreto Nº 1007/03 a fin de prorrogar nuevamente sus contratos de concesión, por otros ciento veinte (120) días.

Hasta el día de hoy, las continuas prorrogas se han amparado bajo la justificación de que el Estado Nacional busca garantizar ''el principio de transparencia de los actos de gobierno y las demás reglas que rigen el debido proceso de selección del contratista estatal, tales como la publicidad, la libre concurrencia y la igualdad entre los oferentes'' (1) . Asimismo, la garantía de dichos principios ha sido algo de marcada dificultad para el Estado Nacional, ya que los mismos han sido la excusa para que las concesiones sean prorrogadas tres veces (2) , y luego de un año y medio, el proceso licitatorio siga sin concretarse con éxito. Si bien la transparencia es el principio rector de estas cuestiones, el permanente uso de herramientas de excepción (como las prorrogas) terminan por comprometer la claridad del proceso.

Al mismo tiempo, las prorrogas se realizan en el marco de numerosas pruebas de evidencias de severos incumplimientos por parte de las empresas concesionarias de los corredores viales. Entre dichas pruebas podemos destacar la contabilización realizada por el Defensor del Pueblo de la Nación de las multas realizadas por el Ente de Control a las Concesionarias, las cuales alcanzan los siguientes montos:

Corredor Nº 1 $ 404.324,70

Corredor Nº 2 $ 240.426,15

Corredor Nº 3 $ 112.290,03

Corredor Nº 4 $ 1.367.100,23

Corredor Nº 5 $ 1.474.506.-

Corredor Nº 6 $ 17.106.-

El origen de las sanciones es variado: fallas en los semáforos, en la preservación del medio ambiente, en la iluminación y en las banquinas, y la existencia de bienes en mal estado, desprendimientos e incumplimientos generales.

Al mismo tiempo, aun no se ha dado ninguna explicación valida referida al motivo por el cual, después haber fracasado el proceso licitatorio realizado en abril del presente año en casi todos los Corredores Viales, aun no se ha realizado un nuevo llamado a Licitación.

La situación descripta indica la existencia de serias falencias en el funcionamiento y la eficiencia del órgano responsable del proceso licitatorio y del efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales, el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). Dichas falencias han sido advertidas anteriormente y en repetidas ocasiones, como es el informe Nº 047/2008 de la Auditoria General de la Nación, donde afirma que el sistema de concesiones viales adolece de las mismas dificultades que condicionaron el normal desenvolvimiento de las concesiones de la década de 1990, caracterizadas por los innumerables incumplimientos de los planes de obras, las falencias del sistema de control y las debilidad de los mecanismos de sanción.

La situación es crítica, los incumplimientos y fallas en el sistema tienen severas consecuencias para la sociedad, ya que una gestión y administración ineficiente de los corredores viales pone en riesgo la vida de sus usuarios.

Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente pedido de informes.