La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Oficina Anticorrupción, informe:

Si se han iniciado actuaciones referentes al posible conflicto de intereses generado por la elección del Jefe de Gabinete, Dr. Aníbal Fernández, como directivo del Club Atlético Quilmes dadas sus actuales atribuciones en el marco del programa Fútbol para Todos.

En caso de respuesta afirmativa, se indique el estado de las mismas.

En caso negativo, se haga saber cuáles son los criterios de la Oficina Anticorrupción respecto de la apertura de oficio de investigaciones cuando se producen hechos públicos de eventuales colisiones de intereses.

Si existen dictámenes de la Oficina Anticorrupción respecto del alcance que cabe asignar al art. 13 de la ley de Ética Pública. En su caso, se remita copia de los mismos y todos sus antecedentes.

Señor presidente:

Este proyecto pretende echar luz sobre el potencial conflicto de intereses generado a partir de la elección del Jefe de Gabinete, Dr. Aníbal Fernández, como vicepresidente del Club Atlético Quilmes dadas sus actuales atribuciones en el marco del programa Fútbol para Todos.

El Programa Fútbol para todos fue creado por la decisión administrativa 221/2009 de la Jefatura de Gabinete con la finalidad de coordinar y articular la transmisión y explotación comercial de la televisación de los Torneos de Fútbol Argentino para la República Argentina y el exterior, organizados por la A.F.A. De acuerdo al artículo 7 de dicha decisión, los gastos que demande la implementación del programa deben ser atendidos con las partidas específicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

A su vez, el artículo 13 de la ley 25.188 establece la incompatibilidad del ejercicio de la función pública con la dirección, administración, representación, patrocinio, asesoramiento o prestación de servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades. Es decir, que existirá un conflicto de intereses cuando el interés particular de algún funcionario afecte la realización del fin público al que debe estar destinada la actividad del Estado.

La Oficina Anticorrupción, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en el ámbito de la Administración Pública Nacional, tiene la función de detectar y prevenir casos de conflictos de intereses de los funcionarios públicos.

Ante un caso de conflicto de intereses, la Oficina Anticorrupción debe iniciar un expediente administrativo con el objetivo de revisar la información inicial, recolectar información adicional, analizar jurídicamente la cuestión y se emitir una resolución.

Las causas que pueden dar origen a expedientes de análisis de situaciones de conflictos de intereses son básicamente tres: 1. Cuando de la revisión de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos surge que pueda estar dándose una situación de conflicto entre los intereses privados del funcionario y el interés público. 2. Debido a la consulta de los propios funcionarios respecto de situaciones que les generan dudas. 3. Por denuncias presentadas por particulares ante la Oficina o noticias periodísticas de las que surjan indicios de la existencia de conflictos de esta naturaleza.

Por las razones expuestas, solicitamos a los colegas que nos acompañen en esta iniciativa.