La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informe sobre las siguientes cuestiones vinculadas con el "Programa de Ingreso Social con Trabajo" creado por decreto 1067/09 y reglamentado por la Resolución Ministerial Nº 3182:

1. Para que informe cuales son los criterios establecidos para la selección de los municipios que serán beneficiarios del programa.

2. Para que informe la cantidad de Municipios en que se ha iniciado la instrumentación del Programa indicando la fecha de comienzo de la implementación del programa en cada uno ellos.

3. Para que informe la cantidad total de Municipios que serán beneficiarios de la ejecución del programa.

4. Para que informe en que plazos, la instrumentación del programa, se extenderá a las jurisdicciones provinciales además de la provincia de Buenos Aires indicando cuales serán las mismas.

5. Para que informe cuales son los mecanismos de selección dirigidos a la contratación de las cooperativas y qué intervención tiene los municipios y las provincias en la decisión de esas contrataciones.

6. Para que explicite los indicadores sobre los cuales se diseñó este programa, que se estiman garantizarán su eficacia a diferencia de otras políticas aplicadas por el ministerio a los efectos de producir mayor empleo y disminuir los índices actuales de pobreza en nuestro país.

7. Para que indique en forma precisa cuales son los mecanismos de monitoreo que se utilizaran a los efectos de evaluar el programa.

Señor presidente:

El 14 de agosto de 2009 se presentó el Plan Ingreso Social con Trabajo. El decreto 1067/09 y la resolución del Ministerio de Desarrollo Social Nº 3.182 crean el programa de ingreso social con trabajo que tiene como objetivo generar 100.000 nuevos puestos de trabajo cooperativistas. A través de la creación masiva de cooperativas sociales de construcción, conservación y mantenimiento de la red vial, servicios de agua, cloacas, viviendas, equipamiento social, espacio recreativos, deportivos, culturales, educativos, sanitarios y socio-comunitarios. Según la mencionada resolución, de esta forma se fortalece el programa de inversión social cuyo objetivo es generar miles de empleos. El programa llevará en la primera etapa una inversión de 1.500 millones de pesos, asignados por el gobierno nacional. Este monto constituye sólo una parte de lo que prevé invertir el estado en el programa que estima disponer de 9 mil millones de pesos en su totalidad.

La puesta en marcha de este plan, en su primer etapa, es desarrollada en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el conurbano bonaerense y luego se irá implementando en el resto de las provincias.

La Resolución Ministerial Nº 3.182/09 indica en sus fundamentos que el "tratamiento de la cuestión social debe ser abordado desde la articulación, relación e integración a la realidad social, ya que en ella se refleja la interdependencia de problemáticas que hacen indispensable aunar una visión conjunta de las cuestiones sociales".

Sin embargo no se advierte de la lectura de la Resolución cuales son los mecanismos de coordinación referidos. La única articulación que se observa es entre los Ministerios Nacionales (de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Educación, Salud, Trabajo, Empleo y Seguridad social y Economía y Finanzas Públicas). Inclusive, la resolución refiere únicamente a los municipios y las provincias al hablar de la política programática la que, según la normativa, se implementará mediante subsidios a los gobiernos provinciales, municipales y a las cooperativas para la adquisición de herramientas, materiales o servicios.

Consideramos que es conveniente incluir a las provincias para la programación y aplicación del programa y así evitar posibles arbitrariedades en la distribución e implementación del programa. La participación de las jurisdicciones permitirá una distribución equitativa de los recursos fiscales.

La Resolución Ministerial en su texto hace referencia al monitoreo del Plan en su punto 7- poniéndolo a cargo de todas las áreas programáticas intervinientes y da la posibilidad de actuación a las Universidades Nacionales en el apoyo técnico. Valoramos insuficiente el texto normativo, dada la multiplicidad de ministerios implicados, no estipulando responsabilidades, parámetros y formas para llevar a cabo dicho control.

A menos de tres meses de ser lanzado el programa, en distintos medios periodísticos gráficos, aparecen reclamos por parte de organizaciones sociales que piden una mayor transparencia en materia de constitución de las cooperativas y en la definición de las localidades donde se llevará adelante.

Creemos que implementar un nuevo plan social sin dejar expresamente establecido en su reglamentación los criterios transparentes y fundados de distribución de recursos, de evaluación de las comunidades donde se desarrollará y la participación de las jurisdicciones y la sociedad civil en el monitoreo no aporta ningún salto sustantivo respecto a los tantísimos planes focalizados que han demostrado su ineficacia.

Desde nuestro bloque venimos planteando, desde hace años, la necesidad de un ámbito institucional para el consenso que articule la totalidad de los sectores económicos, sociales y políticos que componen nuestra realidad. El consejo Económico, político y social permitiría la verdadera vinculación entre los distintos actores sociales con las estructuras decicionales del Estado, posibilitaría el tratamiento de políticas públicas de alto impacto como el programa de ingreso social con trabajo, el ingreso universal a la niñez, etc, facilitando el diálogo y la participación de los diversos sectores de la sociedad argentina ganando legitimidad y transparencia en la implementación.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de este pedido de informe.