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PROYECTO DE TP
Expediente 5437-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL OTORGAMIENTO DE PLANES SOCIALES Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL.
Fecha: 05/11/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 153
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que brinde
la información que se solicita en el presente proyecto, referida al otorgamiento de
planes sociales vigentes, y programas de asistencia social, de acuerdo a:
1.- Informar sobre los Planes de
asistencia social vigentes del Gobierno Nacional, que se distribuyen en el país,
detallando por separado a cada uno, la cantidad de beneficiarios, distribuidos por
distritos, correspondientes a diciembre de 2008 y octubre de 2009:
a. Planes de Familias (absorbiendo el
de Jefes y Jefas)
b. Plan de Seguridad Alimentaria
c. Pensiones para Madres con mayor
a siete hijos.
d. Programa Mano de Obra, a
emprendimientos productivos
e. Plan Argentina Trabaja, puestos de
trabajo para cooperativistas
2.- Informar la cantidad de planes
otorgados a través de las distintas organizaciones sociales, desglosados por años
2008 y 2009, tales como:
- el Movimiento Evita,
- el Frente Transversal y Popular,
- la Federación Tierra y Vivienda,
- Tupac Amaru
- Corriente Nacional del Sindicalismo
Peronista
- MPR Quebracho
- Libres del Sur
- Barrios de Pie
- otras
3.- Detallar los índices de vulnerabilidad
social en términos del entorno de vida de los niños y adolescentes, sean las
condiciones materiales del hábitat y clima educativo, a diciembre de 2008 y junio de
2009, para :
La primera infancia hasta 5
años.
En edad escolar de 6 a 12
años
En la adolescencia 13 a 17
años
y desglosar además otras
características y condiciones, tales como
- Viviendas no adecuadas, zonas
inundables, etc
- Tenencia irregular de la
vivienda
- Hacinamiento
- Problemas de salubridad, servicios
de agua potable.
- Cobertura de salud
- Equipamiento insuficiente
4.- Informar sobre los informes que la
Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen)
referidos a diferentes programas sociales que revelan irregularidades en la entrega de
fondos asistenciales son una constante. La falta de transparencia para repartir las
partidas sociales es también una denuncia en la que coinciden la oposición y la Iglesia.
Más de 25 documentos de estos
organismos de control, como:
- Falta de rendición de cuentas.
Informes de la Sigen realizados en Río Negro, Salta, San Juan o en Catamarca
sostienen que, en muchos casos, en los programas de Seguridad Alimentaria, Manos
a la Obra y el Hambre Más Urgente los municipios no rinden cuentas de los fondos
girados ni existe un seguimiento adecuado de los beneficiarios.
- Ausencia de padrones. En los
informes de la Sigen de Catamarca, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos,
Tierra del Fuego y de Tucumán, se registró la falencia de padrones definitivos para la
población asistida o por asistir en relación con la entrega de vales alimentarios.
5.- Informar cuándo se obtendrá una
base de datos unificada de beneficiarios de planes sociales, y los motivos por los
cuáles no fuera previsto con anterioridad a la creación de nuevos planes.- Detallar el
sistema SYNTIS del Ministerio de Desarrollo social que nunca se dio a conocer como
está integrado, solamente se dijo que abarcaba beneficiarios de todo el país y con
datos de otras bases, y aunque ser controlara con el CUIL, esto no da la composición
familiar, resultando datos imprecisos.
6.- Informar si se implementará un nuevo
sistema de monitoreo social que tenga independencia informativa y que, a la vez, se
analice en tiempo real el uso de fondos, dado que desde 2003, se eliminó el monitoreo
de los programas asistenciales que hacía el Banco Mundial y el BID junto con las
Naciones Unidas y ONG agrupadas en el Foro del Sector Social.
7.- Informar la cantidad de planes
REPRO, otorgados desglosados por año 2008-2009 y por sector industrial y o
comercial, de la actividad privada.
8.- Informar si se ha previsto reducir
paulatinamente Los planes REPRO, que fueron uno de los mecanismos centrales
utilizados por el Gobierno para contener el impacto del cierre de los mercados
externos en sectores sensibles como la industria automotriz y autopartista, los
frigoríficos, las elaboradoras de cuero y los talleres textiles, y las plantas de productos
electrónicos y de electrodomésticos. Detallar en caso afirmativo el cronograma y
aplicación de medidas que reemplacen los posibles desempleos en actividades
industriales y o comerciales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de manifestarse de manera
continua tanto en los medios oficiales, en los ámbitos políticos, empresarios, sociales,
la discusión de la distribución de la riqueza, y a ciencia cierta, se tiene la incertidumbre
de la manera que se concreta la misma, sea por diferentes estadísticas tanto oficial
como privada, y de organismos especializados,
No hay dudas de que, una vez superada
la crisis del 2001, hubo un período de crecimiento, pero la distribución de la riqueza no
mejoró pese a las declamaciones oficiales. No se aprovechó la coyuntura internacional
que permitió fuertes exportaciones, o por lo menos no se la aprovechó para combatir
la pobreza.
Aquí es donde cabe
preguntarse si el gobierno tiene un real interés en combatir la pauperización, o sólo
procura a sectores de la población inmersos en la pobreza, otorgándoles planes de
asistencia.
Lo cierto es que desde 2007, con la
intervención política que decidió el Gobierno para el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec), se destruyó la credibilidad de esas cifras sobre la realidad social,
basándose en los cuestionados índices de inflación, la tasa de pobreza no se acerca a
la realidad de la calle.
Consideramos necesario conocer la
información oficial que hace a las condiciones de vida de la sociedad, a través de los
parámetros y variables mas sensibles como lo son la pobreza, el desempleo, como las
condiciones de vulnerabilidad de los niños y jóvenes argentinos.
Hay una relación entre
pobreza, informalidad y desempleo.
Tenemos como ingrediente relevante las
cifras del INDEC, a partir del año 2007, desde entonces todas las cifras se han puesto
en duda, por distorsiones de valores y cálculo.
Los informes que la Auditoría General de
la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realizaron sobre
diferentes programas sociales son contundentes y revelan que las irregularidades en la
entrega de fondos asistenciales son una constante.
Más de 25 documentos de estos
organismos de control, que concluyen con:
- Falta de rendición de cuentas.
Informes de la Sigen realizados en Río Negro, Salta, San Juan o en Catamarca
sostienen que, en muchos casos, en los programas de Seguridad Alimentaria, Manos
a la Obra y el Hambre Más Urgente los municipios no rinden cuentas de los fondos
girados ni existe un seguimiento adecuado de los beneficiarios.
- Ausencia de padrones. En los
informes de la Sigen de Catamarca, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos,
Tierra del Fuego y de Tucumán, se registró la falencia de padrones definitivos para la
población asistida o por asistir en relación con la entrega de vales alimentarios.
- Aplicación. La Sigen determinó
también que para los planes de alimentación, comedores escolares o planes laborales
en la cuenta bancaria de las provincias donde se depositan las partidas, no se puede
establecer con certeza la aplicación de los fondos, porque de allí se pagan sueldos,
subsidios y proveedores.
- Transferencia de partidas. Los
informes de la AGN sobre planes de emergencia alimentaria o de vivienda revelan que
los fondos girados por la Nación no respetan la periodicidad mensual, no hay
planificación presupuestaria y hay programas sin metodología objetiva.
- Falta de relevamiento. En la
mayoría de las provincias, señala la AGN, al evaluar los planes alimentarios y
laborales, no se dispone de un relevamiento o análisis de la situación económica y
social ni de los impactos redistributivos.
La falta de transparencia para repartir las
partidas sociales es también una denuncia en la que coinciden la oposición y la Iglesia.
La ausencia de una base de datos
unificada de beneficiarios de planes sociales es una queja de la Iglesia y de la
oposición. Fuentes de Cáritas aseguraron que jamás pudieron acceder a una base de
datos confiable. Si bien en el Ministerio de Desarrollo siempre dijeron que el Syntis es
una base de datos de beneficiarios de planes de todo el país que recibe la información
de otras 56 bases, nunca se dio a conocer públicamente.
En el Banco Mundial, una de las entidades
internacionales que financia parte del Plan Jefes y Jefas de Hogar, que si bien la base
de datos de beneficiarios del Estado se controla por medio del CUIL, no hay
información precisa de la conformación del núcleo familiar en sectores pobres y esto se
ve como una falla del sistema.
Desde 2003, se eliminó el monitoreo de
los programas asistenciales que hacía el Banco Mundial y el BID junto con las Naciones
Unidas y ONG agrupadas en el Foro del Sector Social. "Sería bueno en esta situación
de crispación social generar un nuevo monitoreo social que tenga independencia
informativa y que, a la vez, se analice en tiempo real el uso de fondos
Es fundamental que el
Estado debe redefinir su metodología de medición de la pobreza porque como está
planteado hoy no es creíble
El tema no es menor si se tiene en cuenta
que sólo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social supera 14.000 millones de
pesos para atender a 2.000.000 de familias y 3.735.000 niños.
El lanzamiento del plan Argentina Trabaja,
que hizo la presidenta, con la intención de crear 100.000 puestos de trabajo para
cooperativistas, fue el detonante que reflejó un manejo discrecional en aumento en
otros planes sociales nacionales.
El programa para cooperativistas que
empezó a cobrar fuerza en diez municipios del PJ en el conurbano bonaerense desató
una dura batalla entre intendentes y movimientos sociales. Los intendentes y
dirigentes piqueteros de cooperativas pelean por el manejo de una caja de $ 1500
millones de pesos para este año y unos $ 7500 millones el año que viene.
Los $ 1300 para cada beneficiario se
girarán de manera directa a una cuenta bancaria de cada cooperativista que se
incorpore en el plan.
Este escenario de auge de clientelismo y
discrecionalidad en el manejo de partidas que se empezó a ver en el conurbano se
repite en el resto del país con otros planes sociales. El resultado siempre es el mismo:
la asistencia a unos grupos y la falta de atención a otros genera hechos de violencia.
Según datos y estimaciones unas
2.500.000 personas, principalmente jefes de hogares, reciben algún plan social o de
empleo del Gobierno Nacional. Y se estima en otro medio millón la cantidad de gente
que tiene algún plan provincial o municipal. A esto hay que agregar los planes
alimentarios que, en su mayoría, asisten a esas mismas personas o a sus familias,
como los comedores escolares o comunitarios. De esta forma, se estima que 8
millones de personas, o sea uno de cada 5 habitantes, reciben asistencia del Estado
para subsistir.
Los planes van desde una ayuda de $ 150 hasta $ 770 en el caso de las pensiones
para madres de más de siete hijos, más el componente alimentario. Y en otros casos
la ayuda económica y financiera para el desarrollo de emprendimientos
productivos
El Plan Familias, que absorbió en parte
beneficiarios del Plan Jefes y Jefas, consiste en un ingreso no remunerativo mensual
que varía según la cantidad de niños y niñas menores de 19 años a cargo, o
discapacitados de cualquier edad.
El Plan de Seguridad Alimentaria se dirige a familias con niños menores de 14 años,
mujeres embarazadas, discapacitados o adultos mayores que viven situaciones de
"vulnerabilidad nutricional".
En tanto el programa Manos a la Obra
apunta a promover el empleo mediante el apoyo económico y financiero a
emprendimientos productivos. Por su parte, a través del Ministerio de Trabajo, siguen
vigentes los planes de empleo, principalmente el de Jefes y Jefas que, a diciembre de
2008, se estimaba en 970.000 beneficiarios.
En los últimos 5 años, con la mayor actividad económica, el eje de los planes fue
pasando de Trabajo a Desarrollo. Así, mientras Desarrollo Social más que duplicó los
programas, Trabajo los redujo a la mitad.
En 2008, el gasto que ejecutó Desarrollo
Social en Promoción y Asistencia fue de $ 3.804 millones, $ 4.565 millones en
pensiones no contributivas o asistenciales y $ 95 millones en Cultura y Educación. Y el
Ministerio de Trabajo otros $ 2.517 millones.
En 2007 9% de la infancia urbana
experimentó episodios de hambre (986.700 niños entre 0 y 17 años). Dicha propensión
al riesgo alimentario alcanzó al 8.4% de los niños en la primera infancia (0 a 5 años),
9,8% en la edad escolar (6 a 12 años) y al 7,5% en la adolescencia (13 a 17 años).
Asimismo, cabe señalar que dicho
fenómeno afectó al 20,8% de la niñez y adolescencia en el 10% de los hogares más
pobres. Más de 4 de cada 10 niños y adolescentes pertenecían a hogares con
dificultades para acceder a una adecuada alimentación
El 49,5% de los chicos en el estrato socio-
económico muy bajo (25% de los hogares más pobres), y el 60,9% en el bajo no
recibían ningún tipo de alimentación gratuita. En la primera infancia el 55,1% de los
niños en el estrato socio-económico muy bajo, y el 72,4% en el bajo, no recibían
asistencia alimentaría.
Esto implica que residían en hogares
vulnerables en términos del clima educativo y condiciones materiales del entorno de
vida más próximo. Las condiciones de vulnerabilidad del entorno de vida más próximo
de los niños y adolescentes también es analizado en las condiciones materiales del
hábitat
Se desconoce la cantidad de planes
otorgados a través de las distintas organizaciones sociales, tales como:
- el Movimiento Evita,
- el Frente Transversal y Popular,
- la Federación Tierra y Vivienda,
- Tupac Amaru
- Corriente Nacional del Sindicalismo
Peronista
- MPR Quebracho
- Libres del Sur
- Barrios de Pie
- otras
El monto transferido en los últimos seis
años por el Gobierno nacional al sector privado, ha sido de Ciento treinta mil millones
de pesos ($!30.000 millones). Obviamente, este es sólo un rubro del Presupuesto.
Esta cifra, no incluye los pagos de salarios, jubilaciones, obras públicas, salud, etc.
Tampoco incluye el gasto provincial y municipal. Es decir, no incluye lo que se
denomina "gasto público total", que está en niveles históricos récord,
aproximadamente un tercio del PBI argentino.
Los $ 130.000 millones acumulados en
estos años, fueron destinados exclusivamente como transferencias directas al sector
privado, en la forma de subsidios, planes de ayuda, rebajas en los precios de ciertos
bienes y servicios.
El crecimiento más explosivo de este rubro
estuvo ligado a la maraña de subsidios destinados a evitar aumentos en la electricidad
y gas residencial, en los combustibles Premium, que utilizan los autos particulares, los
peajes en las rutas y ciertos alimentos, sin discriminar entre pobres y ricos.
Por supuesto que los fondos necesarios
para cubrir estas transferencias surgieron de la recaudación de impuestos. El IVA, y la
inflación, que pagan relativamente más los pobres, y los impuestos a la exportación,
que pagan productores ricos y productores pobres.
Si logramos obtener las cifras estadísticas
que se solicitan en el presente proyecto, podríamos ver con claridad la vinculación
estrecha entre inflación, pobreza, indigencia, desempleo y poder apreciar así como se
ha distribuido la riqueza, cotejándola con los índices y parámetros de la producción, y
la economía real.
Solicitamos la aprobación del presente
proyecto para que el Congreso y la ciudadanía tenga información oficial de esta
temática nacional.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GALVALISI, LUIS ALBERTO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia) |