La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

- Declarar su enérgico repudio ante la detención de campesinos de Agua Amarga, provincia de Santiago del Estero, por resistirse al desalojo ilegal de las tierras que habitan y laboran desde cuatro generaciones, constituyendo esa acción un acto inconfundible y grave caso de criminalización de la protesta social, que violenta derechos humanos.

- Expresar su preocupación por las reiteradas denuncias sobre la violación al derecho de propiedad y posesión de la tierra que sufren los campesinos de Agua Amarga.

- Solicitar al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Sr. Julián Domínguez, que interceda ante las autoridades provinciales de Santiago del Estero que corresponda, para que las mismas garanticen el cese de este tipo de episodios así como el respeto a los derechos de propiedad y posesión de la tierra de los campesinos de Agua Amarga.

Señor presidente:

Nuevamente, productores agropecuarios de la zona de Agua Amarga, provincia de Santiago del Estero, fueron víctimas de un violento intento de desalojo que pretendió despojar a más de 70 familias de sus tierras, hecho repudiable como consecuencia del que resultó un productor herido y dos detenidos. Según afirmó el director titular del Distrito 14 de Federación Agraria Argentina (FAA), Miguel Pérez, el motivo de estos hechos estriba en la simple decisión de "defender con justicia el lugar en el que habitan y trabajan ancestralmente, frente a individuos que se presentaron violentamente ante los productores con papeles de dudosa validez, argumentando ser los dueños de sus tierras. Pero en FAA sabemos que desde hace más de cuatro generaciones, este grupo de productores realiza sus actividades en esos campos, y sus familias viven de lo que producen allí. La FAA va a acompañar a estos productores hasta las últimas consecuencias y exigimos su urgente liberación y el fin de las persecuciones a los genuinos campesinos"

El Dr. Pablo Muratore, abogado defensor de los productores, explicó que "no es la primera vez que la gente de Agua Amarga debe recurrir a la autodefensa para defender sus tierras y particularmente es la segunda vez que el grupo de 'matones' comandados por esta persona de apellido Verón que es parte de una organización compuesta por abogados, escribanos, punteros políticos, funcionarios públicos que han hecho un oficio de la usurpación de tierras".

El lunes 19 se sucedió la detención del productor de Federación Agraria Raúl Miranda y de su hermano que permanecieron presos hasta el viernes 23, a lo que se suma la orden de detención y allanamiento del presidente de la filial FAA de Agua Amarga, María Raymundo Luna que no se hizo efectiva por encontrarse en ese momento participando de una actividad del Movimiento Campesino en la ciudad de Santiago del Estero.

El abogado Muratore presentó un recurso de Hábeas Corpus que prevé la protección ambulatoria del dirigente federado María Raymundo Luna. Además, la conducción nacional de la FAA se puso en contacto con el Ministro de Agricultura, el Sr. Julián Domínguez, para que interceda ante el gobierno provincial de Santiago del Estero y se libere de forma urgente a los productores agropecuarios.

Los conflictos por disputas de tierras marginales habitadas desde hace décadas se repiten en diferentes ámbitos del territorio argentino sin que se dan brinden soluciones. Empresas privadas se apropian de las tierras, avasallando los derechos de propiedad y posesión expresadas en desalojos a campesinos, despojos a nuestros pueblos originarios, expulsión de pequeños arrendatarios y otras formas de saqueo y dominio. La inacción del Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y locales configura una velada acción que legitima indebidamente y de manera cómplice, estos procesos aberrantes.

Al no contar los campesinos con medios para hacer frente a las contiendas judiciales, quedan desamparados, no sólo de sus tierras, sino de sus derechos como ciudadanos argentinos. Los campesinos, pequeños productores y comunidades en general, reclaman el reconocimiento y aplicación del derecho de posesión veinteñal de la tierra, consagrado entre otros, en el artículo 4.015 del Código Civil, el cual versa: "Prescríbese también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor, salvo lo dispuesto respecto a las servidumbres para cuya prescripción se necesita título".

La comunidad de Agua Amarga, al norte de la Provincia, está en conflicto con grandes empresarios por uso y tenencia de las tierras. Las personas afectadas son intimadas por un grupo de personas cuya carta de presentación es "Somos amigos personales del Gobernador"; según denunciaron los lugareños. Son setenta las familias de pequeños productores que viven, en forma comunitaria desde sus antepasados, en 8.000 has. y que actualmente están resistiendo ante el avance de los matones y las topadoras. La Federación Agraria Argentina, sede del NOA, ha denunciado que se han levantado precarios alambrados para impedir que las familias accedan a sus propiedades, donde tienen sembradas sus pequeñas parcelas de maíz y sus animales. Los actos de violencia se reiteran sin soluciones, al punto de que por ejemplo la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió en 2006 la Resolución 45/06, de la Actuación 345/06 sobre denuncias en Santiago del Estero, de las que resultan un "sinfín de atropellos, vejaciones y violaciones a los derechos humanos" a una parte de la comunidad campesina del norte de la Provincia. Allí denuncia, ante el Procurador General de la Nación, las conductas desplegadas contra los ciudadanos afectados en cuyo informe sobre la situación del campesinado en Santiago del Estero expresa que "existe un conjunto de problemas que son comunes a los habitantes rurales de la Provincia" y además que "el sistema judicial de la Provincia actuaría sistemáticamente en favor de los empresarios. A ello se le agrega la gran dificultad de los campesinos para acceder a la justicia. Sea por propia ignorancia, sea porque es muy difícil conseguir abogados que los defiendan o sea por carecer de dinero para el pagos de las tramitaciones judiciales".

Es necesario que sin más demoras los poderes del Estado, a nivel local, provincial y nacional, se involucren en la búsqueda de soluciones a estos conflictos, asumiendo la responsabilidad de un ordenamiento sustentable de la propiedad y uso de los recursos naturales, reconociendo los derechos de todos los argentinos al acceso equitativo de la tierra, el agua, la energía, y, en definitiva, la garantía de poder desarrollarse en el territorio nacional. Para ello, resulta prioritario que el primer paso sea el respeto del derecho de posesión como instancia preliminar y primordial en los conflictos donde se tramiten instancias jurídicas.

En virtud de las argumentaciones esgrimidas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.