La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por las estadísticas recibidas de la UCA acerca de que mientras que el 44% de los trabajadores logra un empleo con plenos derechos, el resto está afectado por la desocupación, la informalidad o el subempleo sin estabilidad.

Señor presidente:

Mientras que el 44% de los trabajadores logra un empleo con plenos derechos, el resto está afectado por la desocupación, la informalidad o el subempleo sin estabilidad, según datos de la UCA

Si se cuenta a los desocupados, a quienes tienen empleos precarios o informales y a los trabajadores con ocupaciones por pocas horas semanales, resulta que el 56% de las personas económicamente activas tienen problemas laborales. Es decir: sólo 44% tiene un empleo pleno y con acceso a los derechos de la seguridad social, como la obra social, la previsión para la jubilación y el seguro de riesgos de trabajo.

Los datos, que si se extrapolan al total de la población describen una realidad problemática para alrededor de 9,5 millones de habitantes de la Argentina, surgen de los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que fue presentado ayer por el economista Agustín Salvia, coordinador del trabajo de ese centro de estudios. El relevamiento fue realizado en los últimos meses de 2012 en 5712 hogares, en los que viven unas 19.000 personas.

Del total de personas que se definen como activas, el 35,3% tiene una ocupación precaria, lo que significa que hacen actividades con continuidad, pero sin participación en el sistema de la seguridad social. Otro 11,3% está subocupado de manera inestable, porque hace changas o tareas en forma temporaria, por lo general percibiendo bajos ingresos.

El índice, en este caso, aumentó en 2012 más de dos puntos en comparación con el 9% obtenido en el relevamiento de 2010. ¿Las causas? Un déficit en la creación de empleo formal en las empresas llevó a que un número de trabajadores se volcara a hacer actividades de subsistencia. Por otra parte, y tal como se había informado días atrás, para la UCA el desempleo resultó de 9,3% de los activos, una tasa más elevada que la informada por el Indec para el cuarto trimestre de 2012, de 6,9 por ciento.

Según destacó Salvia, los números muestran que las políticas de los últimos años no han sido estratégicas para lograr reducir en forma significativa la desigualdad social. De hecho, los déficits vinculados con las condiciones laborales, pero también con el acceso a los alimentos y con las condiciones de la vivienda y el hábitat, están concentrados en la población del estrato socioeconómico más bajo. Si se considera al 25% de los habitantes socialmente más vulnerables, resulta que sólo cuenta con pleno empleo el 12,4 por ciento. El índice trepa al 71,8% entre los trabajadores mejor ubicados en la pirámide social.

El empleo precario afecta al 40,7% entre quienes están en el estrato más bajo, contra una tasa del 23,8% en el sector mejor posicionado. El subempleo inestable no es relevante en la población de mayores ingresos, pero supera el 30% entre los más pobres.

El informe presentado ayer en la UCA también confirma que, según el relevamiento, la pobreza afecta al 26,9% de la población, en tanto que la indigencia marca la vida del 5,8% de las personas.

A esos resultados se llega comparando los ingresos declarados por los hogares con el valor de dos canastas de consumo. En el estudio de la UCA, el precio de esos productos se obtuvo a partir de datos elaborados por oficinas de estadísticas provinciales, centros de estudios y consultoras privadas. Así, para estimar la pobreza, se consideró que una familia tipo (matrimonio y dos niños) no debería ganar menos de entre $ 2905 y $ 3022 al mes. Para esquivar la indigencia (situación de carencia de ingresos suficientes sólo para procurarse la alimentación más básica), el ingreso requerido es de entre $ 1394 y $ 1449 (para llegar a los índices de pobreza e indigencia mencionados en el párrafo anterior se tomó el valor máximo en cada caso).

Las cifras distan mucho de las difundidas por el Indec, que al asignar a las canastas valores de $ 1588 y $ 714, respectivamente (siempre referidos a fines de 2012), difundió tasas de pobreza e indigencia de 5,4 y de 1,5% de la población del país.

Otro dato que es señal de precariedad e inestabilidad laboral es el llamado "índice de desempleo ampliado". Se trata del porcentaje de personas que estuvieron al menos una vez, durante el último año, sin ocupación. Esa tasa llegó al 24,1% de los trabajadores encuestados y trepó hasta el 37,7% entre el 25% más pobre.

El índice de trabajadores sin aportes a la seguridad social también muestra una gran disparidad. El problema afecta a una de cada cuatro personas en el sector social medio alto, y a más de ocho de cada diez en la parte baja de la pirámide.

La situación dispara su impacto en muchos aspectos que hacen a la calidad de vida. Sólo un ejemplo: más de la mitad de la población del estrato más bajo considera que sufre problemas de salud, en tanto que el índice es de 25,5% entre la población con mayor acceso a bienes y servicios.

Fuente: LA NACION 18/7/2013

Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar de mis pares la aprobación del presente proyecto.