La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, instrumente los medios necesarios para incluir en la normativa reglamentaria de la ley 26.093 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, una disposición que estipule que la adjudicación de los cupos generados a partir de la obligatoriedad del corte del 5% de las naftas con bioetanol y del gas oil o diesel con biodiesel para el año 2010, definido por dicha ley, sea realizada por medio de licitación publica.

Señor presidente:

La Ley 26.093 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, promulgada el 12 de mayo de 2006, fue reglamentada casi un año después de su promulgación (febrero de 2006) a través del Decreto 109/07.

Queda pendiente sin embargo, la elaboración de la normativa complementaria quedando pendiente por medio de dicha normativa, la definición de tópicos críticos referentes a la ley en cuestión.

Uno de esos tópicos críticos es la definición de la metodología elegida para llevar a cabo la presentación de los proyectos presentados para su aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación y el mecanismo de adjudicacion del cupo definido por el corte obligatorio, además de la fijación del precio que regirá para las operaciones de venta de biocombustibles a las empresas petroleras, con el fin de poder cubrir la demanda que se generará a partir de la implementación del corte obligatorio definido por la ley.

La ley de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, contempla un corte del 5% de las naftas con bioetanol y del gas oil o diesel con biodiesel para el año 2010, lo que equivale a un volumen de millones de litros anuales.

Para eso volumen, la ley otorga beneficios, como exensiones impositivas, devolución anticipada de IVA y amortización anticipada de bienes de capital.

Al fijar un corte obligatorio, la ley crea una suerte de "mercado cautivo". Al aprobar un proyecto, la autoridad de aplicación está dando un cupo de mercado que las empresas petroleras deben comprar, y el estado fija el precio, de manera que el sistema se asemeja al de un servicio público, motivo por el cual se hace imprescindible la designación de un mecanismo transparente de adjudicación de dichos cupos como lo sería una licitación pública.

El mencionado vacío legal, se torna especialmente importante, dado los mencionados volúmenes comprometidos y las millonarias sumas en juego, que de no mediar la existencia de la normativa adecuada, podrían ser dispuestas de manera aleatoria, produciéndose un mal empleo de fondos públicos y constituyéndose en un desaliento de los potenciales inversores no tenidos en cuenta en decisiones discrecionales.