La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Expresar su más enérgico repudio y preocupación por los sistemáticos desalojos llevados a cabo contra diversas comunidades de pueblos originarios a lo largo de todo el territorio nacional. Desalojos que resultan en un abierto incumplimiento del Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, de los contenidos de la Ley Nº 26.160 -de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras-, y de otras leyes nacionales y provinciales, así como de diversos Pactos Internacionales con jerarquía constitucional.

2. Solicitar la urgente aplicación de los derechos y garantías que asisten a las comunidades originarias, con el objeto de frenar los desalojos de los territorios ocupados tradicionalmente por las mismas.

3. Exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para que resuelvan el desamparo en que han quedado los referidos pueblos originarios, desarrollando políticas de acceso a la tierra y los medios de producción para dichas comunidades, fortaleciendo la agricultura campesina y familiar y reconociendo a la misma como un actor fundamental en el desarrollo económico de nuestro país, contribuyendo de tal forma a resolver la cuestión de fondo que provocó la situación de extremo desamparo social a la que hacemos referencia.-

Señor presidente:

Frente a la sistemática violación de los derechos otorgados a los pueblos originarios, particularmente en lo que respecta al acceso a la tierra, el presente Proyecto tiene el objetivo de dejar constancia, difundir y repudiar la inaceptable situación que atraviesan las distintas comunidades originarias de nuestro país, así como de solicitar la urgente aplicación de los derechos y garantías que los asisten, otorgados por el Estado Nacional, sus provincias y los Pactos internacionales, para frenar los desalojos de los territorios ocupados tradicionalmente por estas comunidades.

El acceso a la tierra es el medio indispensable para garantizar el respeto por la existencia de las culturas tradicionales, y para lograr el desarrollo de sus organizaciones políticas, sociales y económicas encaminadas a obtener su soberanía alimentaria. Sin embargo, las garantías de cumplimiento de estos derechos son constantemente desatendidas por los sucesivos gobiernos, teniendo las comunidades originarias que recurrir incesantemente a aquellas acciones históricas de lucha y protesta que los llevaron a obtener su reconocimiento como parte constitutiva de la Nación.

Estos reclamos tomaron particular impulso a partir de la reforma constitucional de 1994, cuando el Estado argentino se proclamó jurídicamente como estado multicultural que debía reparar históricamente el daño causado a los pueblos originarios, e inscribió en la Constitución Nacional, en el inciso 17 del artículo 75, el reconocimiento a su preexistencia territorial, étnica y cultural. El Estado garantiza, entre otras cuestiones, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, asegurando, además, su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan.

Al mismo tiempo, dio jerarquía constitucional a once pactos internacionales de derechos humanos, entre ellos los Pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con su marco de exigibilidad ante los órganos regionales (Comisión y Corte IDH).

Además, los desalojos resultan violatorios de normas internacionales tales como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU y el Convenio 169 de la OIT, ratificado en el año 2000, cuya parte II reconoce específicamente el derecho de las comunidades originarias a sus territorios.

Por otra parte, la Ley N° 26.160, sancionada en 2006, y reglamentada mediante el Decreto Nacional 1.122/07, declara en su artículo 1º la "emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes por el término de 4 (CUATRO) años". Mediante el artículo 2º ordena suspender "la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el Art. 1º".

A pesar de ser reconocidos sus derechos en los marcos legales nacional e internacional, el constante avance de diferentes empresas y organizaciones sobre los territorios de estas comunidades se ha tornado una actividad de rutina. El desarrollo de la agroindustria ha traído aparejada no sólo la desarticulación de los sistemas productivos locales, la disminución en el uso de mano de obra y el consecuente éxodo del campo, sino también una ola de desalojos en numerosas provincias situadas en la llamada "nueva frontera agrícola" (las áreas marginales), como Santiago del Estero y Salta. El aumento de la rentabilidad en el cultivo de transgénicos parece ir de la mano del avance de la deforestación y la tendencia al monocultivo intensivo, con el consiguiente peligro en términos de degradación de la biodiversidad.

Por eso es imposible entender los desalojos sin la devastación de bosques nativos en el proceso de expansión de la frontera agrícola. En julio de este año siete organizaciones Wichís entregaron al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, mapas con la delimitación de las tierras que ocupan tradicionalmente, para que se incluya y se respete en el ordenamiento territorial que está llevando a cabo el gobierno de la provincia en el marco de la Ley Nacional Nº 26.331, de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos. Los mapas comprenden un territorio de casi 3 millones de hectáreas, el 70% en el departamento Rivadavia y el resto en San Martín, Anta y Orán. Unas 18 mil personas habitan en este territorio, en la zona del río Pilcomayo, el norte del Bermejo, el río Itiyuro y la ruta nacional 86, el Bajo Itiyuro, General Ballivián, Rivadavia Banda Sur y Banda Norte. En el acta, las organizaciones dejaron aclarado que "faltan algunas comunidades del departamento Anta y Metán".

Al acta y la cartografía se agregó un informe técnico elaborado por tres instituciones que acompañan a las comunidades: Tepeyac, Fundapaz y la Fundación ASOCIANA (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino). Allí se detalla la situación de cada una de las zonas relevadas. Las cinco comunidades de Ballivián, 146 familias, están llevando la peor parte: 153 mil hectáreas fueron taladas, el 47% del territorio indígena, de 324 mil hectáreas. La zona del Itiyuro y la ruta 86 le sigue en superficie desmontada: más de 53 mil hectáreas, el 29% del territorio, de 183 mil hectáreas. En el Bajo Itiyuro, en el límite entre los departamentos Rivadavia y San Martín, se deforestó el 21% del territorio de 118 mil hectáreas pero el 37% "está en peligro de perder su bosque nativo". En el Norte Bermejo se desmontaron 65 mil hectáreas, el 19% del total del territorio, de 339 mil hectáreas. El informe resalta que estos territorios están sujetos también a un proceso de "degradación ecológica" debido al libre pastoreo de ganado y a la tala indiscriminada de árboles.

A continuación se describen algunos de los numerosos casos denunciados en los últimos meses por organizaciones indígenas y por grupos de apoyo jurídico, los cuales dejan ver el constante avasallamiento de los derechos que asisten a los pueblos originarios, y que son sólo un porcentaje de la totalidad de hechos de violencia física, económica y cultural que sufren las comunidades originarias, perpetrados por las administraciones municipales y provinciales (en complicidad con las empresas agrícolas, mineras y terratenientes de las diversas regiones).

- En septiembre, el gobierno de Río Negro que encabeza Miguel Saiz pidió el desalojo judicial de la comunidad mapuche José Manuel Pichún en el paraje Cuesta del Ternero, a 15 kilómetros al noreste de El Bolsón. Ante la reafirmación del derecho del pueblo mapuche en ese espacio, la empresa de capitales mixtos Emforsa salió de las sombras asegurando que es propietaria del lugar que ocupó la familia Valle desde 1896, integrante de la comunidad Pichún. Ahora, el gobierno reclama el desalojo sosteniendo que esa fracción de 265 hectáreas del territorio ancestral -que Emforsa usurpó- es propiedad del Estado de Río Negro.

- En agosto, agentes armados de la Unidad Especial de la Policía de Neuquén (UESPO), cargaron sobre la comunidad Currumil en Aluminé, y a fuerzas de palos y balas de goma reprimieron y desalojaron a decenas de familias del campo ancestral de la comunidad, que habitaban tierras que habían sido cedidas al propietario privado Pedro Podestá. Cinco miembros de la comunidad fueron detenidos.

- En junio, las comunidades originarias del Pueblo Diaguita de Tafí del Valle, en Tucumán, junto a diversas ONG elevaron un petitorio al gobernador José Alperovich a través del cual reclamaron su intervención ante una serie de problemáticas que vienen padeciendo, algunas de ellas, desde hace bastante tiempo: usurpación de tierras por parte de terratenientes, cierre de caminos ancestrales, destrucción del medio ambiente por explotaciones mineras a cielo abierto, saqueo de recursos hídricos y de su patrimonio histórico forman parte de los padecimientos que sufren más de seis mil personas de esta comunidad diaguita.

- En los episodios ocurridos en mayo de este año en Formosa, descritos a continuación, se sucedieron la muerte de dos integrantes de la comunidad Wichí y los desalojos en la comunidad Toba. Ya en octubre del año pasado, el Juez de Instrucción y Correccional Dr. Pedro Gustavo Schaefer, había ordenado el desalojo de 50 familias Wichí y dictado el procesamiento de los imputados.

En esa oportunidad, María Cristina López y Mario Santiago fallecieron por problemas de salud en el marco del piquete que Interwichí (organización que nuclear a numerosas comunidades Wichí) realizaba en la ruta nacional 81 en reclamo de mejoras. Resuelto en la organización Interwichi, el 22 abril alrededor de 150 personas iniciaron un corte en tal ruta, a la altura de la localidad formoseña de Las Lomitas, como medida de acción de lucha reclamando urgente respuesta a un acceso igualitario a la atención de su salud, la provisión adecuada de los medicamentos requeridos (denuncian que, en algunas ocasiones, se los entregan vencidos), viviendas en cantidad y calidad, la designación de docentes bilingües y de agentes sanitarios Wichís, así como la creación de centros de salud y escuelas con la infraestructura adecuada.

Según denuncian los representantes de la Interwichí, los recursos enviados a la provincia por el gobierno nacional para viviendas de interés social, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, no son destinados a las comunidades, pues el control y la distribución de tales recursos quedan en manos de los punteros de turno. La puesta en marcha de estas obras habitacionales permitiría generar puestos de trabajo para los jóvenes desocupados en las localidades, en un territorio donde sólo en seis meses de 2008 se desmontaron más de 57 mil hectáreas de uso tradicional de las comunidades Wichí.

Ante los anuncios del gobierno de Formosa de ausencia de dengue en la provincia, los Wichís de estas comunidades expresan que la falta de viviendas genera situaciones en las que su pueblo sufre tanto el dengue como el Mal del Chagas, enfermedad endémica en la zona.

La situación alimentaria preocupa a los dirigentes de las comunidades, manifestando que el 30 por ciento de los chicos menores de seis años sufre desnutrición infantil. Tampoco llegan hasta las poblaciones Wichí los fondos para la instalación de escuelas rurales bilingües. Luego de dos años de reclamos, solo se cumplió con la instalación de una escuelita, pero la educación bilingüe sigue siendo una promesa en la provincia porque no hay maestros que hablen el idioma Wichí.

Como si esto no alcanzara, el Defensor del Pueblo interpretó sin fundamento alguno que los manifestantes que cortaron la ruta nacional 81 fueron obligados o persuadidos a concurrir al corte de ruta por los "autores materiales, ideológicos cómplices o instigadores" (es decir, quienes acompañan y asesoran a estas comunidades) y abandonados de la misma manera al levantarse el corte. Diversas organizaciones denunciaron esto como un atentado contra la dignidad de los mismos manifestantes y una criminalización gratuita no de la protesta, sino de quienes militan comprometidamente para recuperar la dignidad y los derechos de las comunidades originarias. En estas circunstancias fueron citados por la Justicia Penal de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, a partir de la orden emanada, para investigar su supuesta responsabilidad como autores de los delitos de asociación ilícita y homicidio culposo en el corte de la ruta nacional 81.

- Por otra parte, en la Colonia La Primavera, también en Formosa, nueve familias Toba fueron desalojadas por la Universidad Nacional de Formosa para construir el Instituto Universitario Agropecuario sobre 600 hectáreas de la comunidad. El dirigente Félix Díaz aseguró que el sistema político formoseño siempre sometió a las comunidades "a su capricho".

- El caso de las comunidades mapuches del centro de la provincia patagónica de Neuquén es ejemplar. Las comunidades reclaman el reconocimiento de su territorio contra los intereses de la petrolera Piedra del Águila. El Grupo de Apoyo Jurídico para el Acceso a la Tierra (GAJAT) recibe constantes denuncias de desalojos perpetrados por empresas petroleras, sojeras, mineras o forestales. En mayo se produjo el desalojo de las comunidades Puel y Maliqueo. Según los referentes de las comunidades "dilatar y golpear" es la estrategia del Estado provincial, que abre mesas de diálogo que nunca prosperan.

- En tanto en el noroeste del Chubut se organizan para frenar la voracidad inmobiliaria que no ahorra en intimidaciones. Mientras el Estado de derecho se pulveriza pisoteado por el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) en Corcovado, las comunidades dan batalla ante el Superior Tribunal de Justicia para que no quede impune el atropello policial sufrido por la familia Fermín de la comunidad Vuelta del Río.

Lo más difícil y paradójico de entender es que ni los gobernantes ni los jueces respetan los derechos establecidos en la Constitución. La Legislatura de la Provincia del Chubut aprobó recientemente un Proyecto de Ley que contempla la posibilidad de desalojar manu militari y sin juicio previo a aquellas personas que sean acusadas de presunta usurpación en los términos del art. 181 del Código Penal Argentino. Este infame Proyecto de Ley, además de violar el Derecho Humano de Acceso a la Tierra, pisotea asimismo derechos y garantías consagrados constitucionalmente por Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a Pueblos Originarios (los cuales gozan de jerarquía supralegal).

- En Santiago del Estero continúa el hostigamiento a comunidades indígenas del Pueblo Diaguita Cacano. Elizabeth Mireya Freidenberg y/o Ezequiel Sack -quienes, según expresan distintos movimientos campesinos y agencias de prensa independientes, serían testaferros de la empresa Genetica del Este S.A., vinculada a la firma Bustingorri Hnos.-, usurpadores del territorio de las comunidades Ayllu Codo y Ayllu Puncu Atun en la localidad de Toro Uman, aplican diversas modalidades de presión y persecución a las comunidades, ahora mediante el secuestro y desaparición de animales vacunos.

Con anterioridad a este hecho ocurrido en junio, el pasado 15 de mayo, en oportunidad en que funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se hallaban visitando la comunidad de Puncu Atun (Puerta Grande), el juez Tarchini -Juzgado del Crimen de 4° Nominación- ordenó a través de un oficio a la policía montada (D7) el secuestro de mas de 30 animales vacunos de las comunidades. Estos animales aún permanecen en poder del juzgado. Estos hechos demuestran un accionar sistemático (a los que se suman las anteriores detenciones violentas a cargo del GETOAR (Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo) de la policía de la provincia de Santiago del Estero, en conjunto con la Seccional 20 de policía de Villa Atamisqui, tendiente a debilitar la legitima defensa de las comunidades y violentar sus derechos mas esenciales.

- En Jujuy pueden rastrearse numerosos acontecimientos de este tipo. En un reciente comunicado dirigido al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, las comunidades originarias del departamento de Santa Catalina hicieron llegar su reclamo en torno a la explotación, cateo y pedimentos de emprendimientos mineros que el gobierno de la provincia concede a determinadas empresas en esta zona de la puna jujeña.

Asimismo, el 9 de mayo último la Dirección de Recursos Hidricos de Jujuy efectuó otro avance sobre el derecho de los pueblos originarios que habitan en el departamento de Tilcara. La comunidad aborigen El Chacal de Juella denunció que un grupo de personas ingresó en las tierras de su comunidad con una máquina perteneciente a la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia, arrancando postes, alambres, y matando toda la vegetación. Hoy esas personas permanecen dentro de la construcción del Centro Integral Comunitario (C.I.C.). Según denuncian los integrantes de la comunidad El Chacal de Juella, este grupo de personas ha ingresado impulsados por la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Tilcara, Sra. Norma Suárez, todo lo cual ha generado un enfrentamiento con el sólo objeto de expulsar de sus tierras a las comunidades originarias para posteriormente generar un asentamiento precario en el lugar.

- También en Misiones, más precisamente en el Municipio de Aristóbulo del Valle, los caciques de las comunidades Mbyá Guaraní del Valle de Kuña-Pirú reclaman la devolución del título de propiedad de las tierras que habitan alrededor de 600 familias, que la empresa propietaria -Celulosa Argentina S.A- donó a la Universidad Nacional de La Plata. Viajaron a la ciudad bonaerense para reunirse con las autoridades académicas, pero éstas hicieron oídos sordos al reclamo y los Mbyá volvieron a Misiones con las manos vacías.

El caso tomó visibilidad el último 27 de abril, en La Plata, cuando la UNLP hizo entrega del título de Doctor Honoris Causa al presidente de la República de Bolivia Evo Morales Ayma. Durante la ceremonia, mientras el rector Gustavo Aspiazu blandía el supuesto compromiso de la institución con las luchas latinoamericanas, lo interrumpió un grito desde el público: "¡Devolvé las tierras a los Mbyá Guaraní!".

Los Mbyá Guaraní solicitan la devolución de las más de 6.000 hectáreas de las que se apropió la Universidad, y el otorgamiento del título de propiedad exclusiva. Pero la UNLP tiene otros planes. Desde que en 1992, y a pesar de que eran tierras habitadas, la empresa papelera le donó esas tierras a cambio de la obtención de exenciones impositivas, la Universidad planificó la administración del predio como si los Mbyá Guaraní no estuvieran allí.

Hay una dosis notable de condescendencia en el discurso de las autoridades de la Universidad: se trataría de que la academia conserve el control de las tierras para poder enseñarle a sus habitantes originarios cómo administrarla mejor. Otro de los motivos para justificar el despojo de las tierras a sus dueños originarios está centrado en los proyectos de investigación que promueve la casa de estudios. Sin embargo, dentro de la misma Universidad se alzan numerosas voces de oposición a la postura oficial.

Como suele suceder, la elección de las palabras transparenta la cuestión de fondo: las autoridades de la Universidad hablan de ceder hectáreas a las comunidades. Los Mbyá Guaraní, en cambio, reclaman la devolución de las tierras que, tras cinco siglos de opresión, todavía tienen que seguir defendiendo.

- Los únicos reconocimientos que se han registrado en este sentido deben estar mediados siempre por instancias de lucha y organización por parte de las comunidades y demás grupos de apoyo. Tal es el caso de la comunidad charrúa de Entre Ríos, que con una medida cautelar, junto a la Fiscalía de Estado provincial y organismos nacionales, logró que se impida el remate de terrenos habitados por pueblos originarios en la ciudad de Maciá, a 180 kilómetros de Paraná. Gracias al trabajo conjunto con integrantes de la Fiscalía de Estado, con la cacique y la vocera de la comunidad, se logró la documentación necesaria para ingresar una medida cautelar en el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3 de Gualeguaychú. De este modo se evitó que se innove en la quiebra de Goldaracena Hermanos, grupo que llevaba al remate las tierras de la antigua comunidad Charrúa Gueguidaibera de Maciá. Esta es la primera vez que en la provincia se hizo valer la posibilidad de que una comunidad charrúa se presente pidiendo un amparo fundamentando en el derecho indígena.

Estas acciones abren las puertas para más humillaciones, más frustraciones y más postergaciones para con quienes se encuentran en situaciones irregulares a partir de la dilación y la omisión del propio Estado en cumplir con su función de viabilizar el Derecho de Acceso a la Tierra para todos los habitantes del país.

La situación de los Pueblos Originarios en todo el territorio nacional se torna cada vez más difícil y es de nuestro interés dar a conocer más en profundidad la situación a fin de que el Estado se solidarice con la lucha de las comunidades por alcanzar una vida digna, garantizando en consecuencia lo que legalmente les corresponde.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-