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PROYECTO DE TP
Expediente 5366-D-2009
Sumario: EXPRESAR REPUDIO POR LOS SISTEMATICOS DESALOJOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
Fecha: 03/11/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 151
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
1. Expresar su más enérgico repudio y
preocupación por los sistemáticos desalojos llevados a cabo contra diversas
comunidades de pueblos originarios a lo largo de todo el territorio nacional.
Desalojos que resultan en un abierto incumplimiento del Art. 75 inc. 17 de la
Constitución Nacional, de los contenidos de la Ley Nº 26.160 -de Emergencia en
materia de posesión y propiedad de las tierras-, y de otras leyes nacionales y
provinciales, así como de diversos Pactos Internacionales con jerarquía
constitucional.
2. Solicitar la urgente aplicación de
los derechos y garantías que asisten a las comunidades originarias, con el objeto
de frenar los desalojos de los territorios ocupados tradicionalmente por las
mismas.
3. Exhortar a las autoridades
nacionales, provinciales y municipales para que resuelvan el desamparo en que
han quedado los referidos pueblos originarios, desarrollando políticas de acceso a
la tierra y los medios de producción para dichas comunidades, fortaleciendo la
agricultura campesina y familiar y reconociendo a la misma como un actor
fundamental en el desarrollo económico de nuestro país, contribuyendo de tal
forma a resolver la cuestión de fondo que provocó la situación de extremo
desamparo social a la que hacemos referencia.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente a la sistemática violación de
los derechos otorgados a los pueblos originarios, particularmente en lo que
respecta al acceso a la tierra, el presente Proyecto tiene el objetivo de dejar
constancia, difundir y repudiar la inaceptable situación que atraviesan las distintas
comunidades originarias de nuestro país, así como de solicitar la urgente aplicación
de los derechos y garantías que los asisten, otorgados por el Estado Nacional, sus
provincias y los Pactos internacionales, para frenar los desalojos de los territorios
ocupados tradicionalmente por estas comunidades.
El acceso a la tierra es el medio
indispensable para garantizar el respeto por la existencia de las culturas
tradicionales, y para lograr el desarrollo de sus organizaciones políticas, sociales y
económicas encaminadas a obtener su soberanía alimentaria. Sin embargo, las
garantías de cumplimiento de estos derechos son constantemente desatendidas
por los sucesivos gobiernos, teniendo las comunidades originarias que recurrir
incesantemente a aquellas acciones históricas de lucha y protesta que los llevaron
a obtener su reconocimiento como parte constitutiva de la Nación.
Estos reclamos tomaron particular
impulso a partir de la reforma constitucional de 1994, cuando el Estado argentino
se proclamó jurídicamente como estado multicultural que debía reparar
históricamente el daño causado a los pueblos originarios, e inscribió en la
Constitución Nacional, en el inciso 17 del artículo 75, el reconocimiento a su
preexistencia territorial, étnica y cultural. El Estado garantiza, entre otras
cuestiones, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, asegurando, además, su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afectan.
Al mismo tiempo, dio jerarquía
constitucional a once pactos internacionales de derechos humanos, entre ellos los
Pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos,
sociales y culturales, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
con su marco de exigibilidad ante los órganos regionales (Comisión y Corte IDH).
Además, los desalojos resultan
violatorios de normas internacionales tales como la Convención Internacional sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU y el Convenio
169 de la OIT, ratificado en el año 2000, cuya parte II reconoce específicamente el
derecho de las comunidades originarias a sus territorios.
Por otra parte, la Ley N° 26.160,
sancionada en 2006, y reglamentada mediante el Decreto Nacional 1.122/07,
declara en su artículo 1º la "emergencia en materia de posesión y propiedad de las
tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería
jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u
organismo provincial competente o aquellas preexistentes por el término de 4
(CUATRO) años". Mediante el artículo 2º ordena suspender "la ejecución de
sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o
desocupación de las tierras contempladas en el Art. 1º".
A pesar de ser reconocidos sus
derechos en los marcos legales nacional e internacional, el constante avance de
diferentes empresas y organizaciones sobre los territorios de estas comunidades se
ha tornado una actividad de rutina. El desarrollo de la agroindustria ha traído
aparejada no sólo la desarticulación de los sistemas productivos locales, la
disminución en el uso de mano de obra y el consecuente éxodo del campo, sino
también una ola de desalojos en numerosas provincias situadas en la llamada
"nueva frontera agrícola" (las áreas marginales), como Santiago del Estero y Salta.
El aumento de la rentabilidad en el cultivo de transgénicos parece ir de la mano del
avance de la deforestación y la tendencia al monocultivo intensivo, con el
consiguiente peligro en términos de degradación de la biodiversidad.
Por eso es imposible entender los
desalojos sin la devastación de bosques nativos en el proceso de expansión de la
frontera agrícola. En julio de este año siete organizaciones Wichís entregaron al
ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, mapas con la
delimitación de las tierras que ocupan tradicionalmente, para que se incluya y se
respete en el ordenamiento territorial que está llevando a cabo el gobierno de la
provincia en el marco de la Ley Nacional Nº 26.331, de presupuestos mínimos de
protección de los bosques nativos. Los mapas comprenden un territorio de casi 3
millones de hectáreas, el 70% en el departamento Rivadavia y el resto en San
Martín, Anta y Orán. Unas 18 mil personas habitan en este territorio, en la zona del
río Pilcomayo, el norte del Bermejo, el río Itiyuro y la ruta nacional 86, el Bajo
Itiyuro, General Ballivián, Rivadavia Banda Sur y Banda Norte. En el acta, las
organizaciones dejaron aclarado que "faltan algunas comunidades del
departamento Anta y Metán".
Al acta y la cartografía se agregó un
informe técnico elaborado por tres instituciones que acompañan a las
comunidades: Tepeyac, Fundapaz y la Fundación ASOCIANA (Acompañamiento
Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino). Allí se detalla la situación de
cada una de las zonas relevadas. Las cinco comunidades de Ballivián, 146 familias,
están llevando la peor parte: 153 mil hectáreas fueron taladas, el 47% del
territorio indígena, de 324 mil hectáreas. La zona del Itiyuro y la ruta 86 le sigue
en superficie desmontada: más de 53 mil hectáreas, el 29% del territorio, de 183
mil hectáreas. En el Bajo Itiyuro, en el límite entre los departamentos Rivadavia y
San Martín, se deforestó el 21% del territorio de 118 mil hectáreas pero el 37%
"está en peligro de perder su bosque nativo". En el Norte Bermejo se desmontaron
65 mil hectáreas, el 19% del total del territorio, de 339 mil hectáreas. El informe
resalta que estos territorios están sujetos también a un proceso de "degradación
ecológica" debido al libre pastoreo de ganado y a la tala indiscriminada de
árboles.
A continuación se describen algunos
de los numerosos casos denunciados en los últimos meses por organizaciones
indígenas y por grupos de apoyo jurídico, los cuales dejan ver el constante
avasallamiento de los derechos que asisten a los pueblos originarios, y que son
sólo un porcentaje de la totalidad de hechos de violencia física, económica y
cultural que sufren las comunidades originarias, perpetrados por las
administraciones municipales y provinciales (en complicidad con las empresas
agrícolas, mineras y terratenientes de las diversas regiones).
- En septiembre, el gobierno de Río
Negro que encabeza Miguel Saiz pidió el desalojo judicial de la comunidad
mapuche José Manuel Pichún en el paraje Cuesta del Ternero, a 15 kilómetros al
noreste de El Bolsón. Ante la reafirmación del derecho del pueblo mapuche en ese
espacio, la empresa de capitales mixtos Emforsa salió de las sombras asegurando
que es propietaria del lugar que ocupó la familia Valle desde 1896, integrante de la
comunidad Pichún. Ahora, el gobierno reclama el desalojo sosteniendo que esa
fracción de 265 hectáreas del territorio ancestral -que Emforsa usurpó- es
propiedad del Estado de Río Negro.
- En agosto, agentes armados de la
Unidad Especial de la Policía de Neuquén (UESPO), cargaron sobre la comunidad
Currumil en Aluminé, y a fuerzas de palos y balas de goma reprimieron y
desalojaron a decenas de familias del campo ancestral de la comunidad, que
habitaban tierras que habían sido cedidas al propietario privado Pedro Podestá.
Cinco miembros de la comunidad fueron detenidos.
- En junio, las comunidades
originarias del Pueblo Diaguita de Tafí del Valle, en Tucumán, junto a diversas
ONG elevaron un petitorio al gobernador José Alperovich a través del cual
reclamaron su intervención ante una serie de problemáticas que vienen
padeciendo, algunas de ellas, desde hace bastante tiempo: usurpación de tierras
por parte de terratenientes, cierre de caminos ancestrales, destrucción del medio
ambiente por explotaciones mineras a cielo abierto, saqueo de recursos hídricos y
de su patrimonio histórico forman parte de los padecimientos que sufren más de
seis mil personas de esta comunidad diaguita.
- En los episodios ocurridos en mayo
de este año en Formosa, descritos a continuación, se sucedieron la muerte de dos
integrantes de la comunidad Wichí y los desalojos en la comunidad Toba. Ya en
octubre del año pasado, el Juez de Instrucción y Correccional Dr. Pedro Gustavo
Schaefer, había ordenado el desalojo de 50 familias Wichí y dictado el
procesamiento de los imputados.
En esa oportunidad, María Cristina
López y Mario Santiago fallecieron por problemas de salud en el marco del piquete
que Interwichí (organización que nuclear a numerosas comunidades Wichí)
realizaba en la ruta nacional 81 en reclamo de mejoras. Resuelto en la
organización Interwichi, el 22 abril alrededor de 150 personas iniciaron un corte en
tal ruta, a la altura de la localidad formoseña de Las Lomitas, como medida de
acción de lucha reclamando urgente respuesta a un acceso igualitario a la atención
de su salud, la provisión adecuada de los medicamentos requeridos (denuncian
que, en algunas ocasiones, se los entregan vencidos), viviendas en cantidad y
calidad, la designación de docentes bilingües y de agentes sanitarios Wichís, así
como la creación de centros de salud y escuelas con la infraestructura
adecuada.
Según denuncian los representantes
de la Interwichí, los recursos enviados a la provincia por el gobierno nacional para
viviendas de interés social, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, no son
destinados a las comunidades, pues el control y la distribución de tales recursos
quedan en manos de los punteros de turno. La puesta en marcha de estas obras
habitacionales permitiría generar puestos de trabajo para los jóvenes desocupados
en las localidades, en un territorio donde sólo en seis meses de 2008 se
desmontaron más de 57 mil hectáreas de uso tradicional de las comunidades
Wichí.
Ante los anuncios del gobierno de
Formosa de ausencia de dengue en la provincia, los Wichís de estas comunidades
expresan que la falta de viviendas genera situaciones en las que su pueblo sufre
tanto el dengue como el Mal del Chagas, enfermedad endémica en la zona.
La situación alimentaria preocupa a
los dirigentes de las comunidades, manifestando que el 30 por ciento de los chicos
menores de seis años sufre desnutrición infantil. Tampoco llegan hasta las
poblaciones Wichí los fondos para la instalación de escuelas rurales bilingües.
Luego de dos años de reclamos, solo se cumplió con la instalación de una
escuelita, pero la educación bilingüe sigue siendo una promesa en la provincia
porque no hay maestros que hablen el idioma Wichí.
Como si esto no alcanzara, el
Defensor del Pueblo interpretó sin fundamento alguno que los manifestantes que
cortaron la ruta nacional 81 fueron obligados o persuadidos a concurrir al corte de
ruta por los "autores materiales, ideológicos cómplices o instigadores" (es decir,
quienes acompañan y asesoran a estas comunidades) y abandonados de la misma
manera al levantarse el corte. Diversas organizaciones denunciaron esto como un
atentado contra la dignidad de los mismos manifestantes y una criminalización
gratuita no de la protesta, sino de quienes militan comprometidamente para
recuperar la dignidad y los derechos de las comunidades originarias. En estas
circunstancias fueron citados por la Justicia Penal de la Tercera Circunscripción
Judicial de la Provincia, a partir de la orden emanada, para investigar su supuesta
responsabilidad como autores de los delitos de asociación ilícita y homicidio
culposo en el corte de la ruta nacional 81.
- Por otra parte, en la Colonia La
Primavera, también en Formosa, nueve familias Toba fueron desalojadas por la
Universidad Nacional de Formosa para construir el Instituto Universitario
Agropecuario sobre 600 hectáreas de la comunidad. El dirigente Félix Díaz aseguró
que el sistema político formoseño siempre sometió a las comunidades "a su
capricho".
- El caso de las comunidades
mapuches del centro de la provincia patagónica de Neuquén es ejemplar. Las
comunidades reclaman el reconocimiento de su territorio contra los intereses de la
petrolera Piedra del Águila. El Grupo de Apoyo Jurídico para el Acceso a la Tierra
(GAJAT) recibe constantes denuncias de desalojos perpetrados por empresas
petroleras, sojeras, mineras o forestales. En mayo se produjo el desalojo de las
comunidades Puel y Maliqueo. Según los referentes de las comunidades "dilatar y
golpear" es la estrategia del Estado provincial, que abre mesas de diálogo que
nunca prosperan.
- En tanto en el noroeste del Chubut
se organizan para frenar la voracidad inmobiliaria que no ahorra en intimidaciones.
Mientras el Estado de derecho se pulveriza pisoteado por el Grupo Especial de
Operaciones Penitenciarias (GEOP) en Corcovado, las comunidades dan batalla
ante el Superior Tribunal de Justicia para que no quede impune el atropello policial
sufrido por la familia Fermín de la comunidad Vuelta del Río.
Lo más difícil y
paradójico de entender es que ni los gobernantes ni los jueces respetan los
derechos establecidos en la Constitución. La Legislatura de la Provincia del Chubut
aprobó recientemente un Proyecto de Ley que contempla la posibilidad de
desalojar manu militari y sin juicio previo a aquellas personas que sean acusadas
de presunta usurpación en los términos del art. 181 del Código Penal Argentino.
Este infame Proyecto de Ley, además de violar el Derecho Humano de Acceso a la
Tierra, pisotea asimismo derechos y garantías consagrados constitucionalmente
por Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, relativo a Pueblos Originarios (los cuales gozan de jerarquía
supralegal).
- En Santiago del Estero continúa el
hostigamiento a comunidades indígenas del Pueblo Diaguita Cacano. Elizabeth
Mireya Freidenberg y/o Ezequiel Sack -quienes, según expresan distintos
movimientos campesinos y agencias de prensa independientes, serían testaferros
de la empresa Genetica del Este S.A., vinculada a la firma Bustingorri Hnos.-,
usurpadores del territorio de las comunidades Ayllu Codo y Ayllu Puncu Atun en la
localidad de Toro Uman, aplican diversas modalidades de presión y persecución a
las comunidades, ahora mediante el secuestro y desaparición de animales
vacunos.
Con anterioridad a este hecho
ocurrido en junio, el pasado 15 de mayo, en oportunidad en que funcionarios del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se hallaban visitando la comunidad
de Puncu Atun (Puerta Grande), el juez Tarchini -Juzgado del Crimen de 4°
Nominación- ordenó a través de un oficio a la policía montada (D7) el secuestro de
mas de 30 animales vacunos de las comunidades. Estos animales aún permanecen
en poder del juzgado. Estos hechos demuestran un accionar sistemático (a los que
se suman las anteriores detenciones violentas a cargo del GETOAR (Grupo Especial
Táctico para Operaciones de Alto Riesgo) de la policía de la provincia de Santiago
del Estero, en conjunto con la Seccional 20 de policía de Villa Atamisqui, tendiente
a debilitar la legitima defensa de las comunidades y violentar sus derechos mas
esenciales.
- En Jujuy pueden rastrearse
numerosos acontecimientos de este tipo. En un reciente comunicado dirigido al
Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, las comunidades originarias del
departamento de Santa Catalina hicieron llegar su reclamo en torno a la
explotación, cateo y pedimentos de emprendimientos mineros que el gobierno de
la provincia concede a determinadas empresas en esta zona de la puna
jujeña.
Asimismo, el 9 de mayo último la
Dirección de Recursos Hidricos de Jujuy efectuó otro avance sobre el derecho de
los pueblos originarios que habitan en el departamento de Tilcara. La comunidad
aborigen El Chacal de Juella denunció que un grupo de personas ingresó en las
tierras de su comunidad con una máquina perteneciente a la Dirección de Recursos
Hídricos de la provincia, arrancando postes, alambres, y matando toda la
vegetación. Hoy esas personas permanecen dentro de la construcción del Centro
Integral Comunitario (C.I.C.). Según denuncian los integrantes de la comunidad El
Chacal de Juella, este grupo de personas ha ingresado impulsados por la
Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Tilcara, Sra. Norma Suárez, todo lo
cual ha generado un enfrentamiento con el sólo objeto de expulsar de sus tierras a
las comunidades originarias para posteriormente generar un asentamiento precario
en el lugar.
- También en Misiones, más
precisamente en el Municipio de Aristóbulo del Valle, los caciques de las
comunidades Mbyá Guaraní del Valle de Kuña-Pirú reclaman la devolución del título
de propiedad de las tierras que habitan alrededor de 600 familias, que la empresa
propietaria -Celulosa Argentina S.A- donó a la Universidad Nacional de La Plata.
Viajaron a la ciudad bonaerense para reunirse con las autoridades académicas,
pero éstas hicieron oídos sordos al reclamo y los Mbyá volvieron a Misiones con las
manos vacías.
El caso tomó visibilidad el último 27
de abril, en La Plata, cuando la UNLP hizo entrega del título de Doctor Honoris
Causa al presidente de la República de Bolivia Evo Morales Ayma. Durante la
ceremonia, mientras el rector Gustavo Aspiazu blandía el supuesto compromiso de
la institución con las luchas latinoamericanas, lo interrumpió un grito desde el
público: "¡Devolvé las tierras a los Mbyá Guaraní!".
Los Mbyá Guaraní solicitan la
devolución de las más de 6.000 hectáreas de las que se apropió la Universidad, y
el otorgamiento del título de propiedad exclusiva. Pero la UNLP tiene otros planes.
Desde que en 1992, y a pesar de que eran tierras habitadas, la empresa papelera
le donó esas tierras a cambio de la obtención de exenciones impositivas, la
Universidad planificó la administración del predio como si los Mbyá Guaraní no
estuvieran allí.
Hay una dosis notable de
condescendencia en el discurso de las autoridades de la Universidad: se trataría de
que la academia conserve el control de las tierras para poder enseñarle a sus
habitantes originarios cómo administrarla mejor. Otro de los motivos para justificar
el despojo de las tierras a sus dueños originarios está centrado en los proyectos de
investigación que promueve la casa de estudios. Sin embargo, dentro de la misma
Universidad se alzan numerosas voces de oposición a la postura oficial.
Como suele
suceder, la elección de las palabras transparenta la cuestión de fondo: las
autoridades de la Universidad hablan de ceder hectáreas a las comunidades. Los
Mbyá Guaraní, en cambio, reclaman la devolución de las tierras que, tras cinco
siglos de opresión, todavía tienen que seguir defendiendo.
- Los únicos reconocimientos que se
han registrado en este sentido deben estar mediados siempre por instancias de
lucha y organización por parte de las comunidades y demás grupos de apoyo. Tal
es el caso de la comunidad charrúa de Entre Ríos, que con una medida cautelar,
junto a la Fiscalía de Estado provincial y organismos nacionales, logró que se
impida el remate de terrenos habitados por pueblos originarios en la ciudad de
Maciá, a 180 kilómetros de Paraná. Gracias al trabajo conjunto con integrantes de
la Fiscalía de Estado, con la cacique y la vocera de la comunidad, se logró la
documentación necesaria para ingresar una medida cautelar en el juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3 de Gualeguaychú. De este modo se
evitó que se innove en la quiebra de Goldaracena Hermanos, grupo que llevaba al
remate las tierras de la antigua comunidad Charrúa Gueguidaibera de Maciá. Esta
es la primera vez que en la provincia se hizo valer la posibilidad de que una
comunidad charrúa se presente pidiendo un amparo fundamentando en el derecho
indígena.
Estas acciones abren las puertas
para más humillaciones, más frustraciones y más postergaciones para con quienes
se encuentran en situaciones irregulares a partir de la dilación y la omisión del
propio Estado en cumplir con su función de viabilizar el Derecho de Acceso a la
Tierra para todos los habitantes del país.
La situación de los Pueblos
Originarios en todo el territorio nacional se torna cada vez más difícil y es de
nuestro interés dar a conocer más en profundidad la situación a fin de que el
Estado se solidarice con la lucha de las comunidades por alcanzar una vida digna,
garantizando en consecuencia lo que legalmente les corresponde.
Por todo lo expuesto anteriormente,
es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen en la sanción
del presente Proyecto de Resolución.-
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
LINARES, MARIA VIRGINIA | BUENOS AIRES | COALICION CIVICA - ARI - GEN - UPT |
QUIROZ, ELSA SIRIA | BUENOS AIRES | COALICION CIVICA - ARI - GEN - UPT |
MERCHAN, PAULA CECILIA | CORDOBA | ENCUENTRO POPULAR Y SOCIAL |
ALCUAZ, HORACIO ALBERTO | BUENOS AIRES | COALICION CIVICA - ARI - GEN - UPT |
PERALTA, FABIAN FRANCISCO | SANTA FE | COALICION CIVICA - ARI - GEN - UPT |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO (Primera Competencia) |