La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la detención de dos productores agropecuarios de la zona de Agua Amarga, provincia de Santiago del Estero, que se resistieron a un desalojo.

Señor presidente:

El pasado 21 de julio, en Agua Amarga, provincia de Santiago del Estero, dos productores agropecuarios fueron víctimas de un violento intento de desalojo. En consecuencia, un productor fue hospitalizado por traumatismo de cráneo y dos fueron detenidos.

Los poseedores ancestrales de Agua Amarga y comunidades vecinas del Departamento Pellegrini están siendo amenazados por una banda armada que pretende despojarlos de sus tierras, argumentando ser los dueños. En esta oportunidad, se presentaron violentamente con papeles de dudosa procedencia y se enfrentaron con los pobladores. Luego de este hecho hubo denuncias cruzadas de ambas partes, y el líder de la banda, de apellido Verón, fue encarcelado y liberado rápidamente, mientras que el productor Raúl Miranda y su hermano aún permanecen presos. Además, se ordenó la detención y allanamiento del presidente de la filial de Federación Agraria Argentina de Agua Amarga, María Raymundo Luna que no se hizo efectiva por encontrarse en ese momento participando en una actividad del movimiento campesino en la ciudad de Santiago del Estero. Los hermanos Miranda continúan presos a pesar de haberse cumplido el plazo legal para su excarcelación y la presentación de un recurso de hábeas corpus que prevé la protección ambulatoria del dirigente María Raymundo Luna.

En 8.000 hectáreas de la localidad de Agua Amarga, viven más de setenta familias de pequeños productores, desde sus antepasados. Los productores ejercían el derecho a la autodefensa de sus territorios, que por derecho ancestral les pertenecen, ya que hace más de cuatro generaciones este grupo realiza sus actividades en estos campos y sus familias viven de lo allí producido.

En artículo 4.015 del Código Civil prescribe también "la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor, salvo lo dispuesto respecto a las servidumbres para cuya prescripción se necesita título". Sin embargo, es evidente que los pobladores no están protegidos en la práctica y se violan los derechos a la propiedad y posesión de la tierra, teniendo que defenderse de la ocupación ilegal.

Lamentablemente, éste no es un caso aislado, situaciones similares se viven en distintas provincias del país, como Chaco, Formosa y Salta, entre otras, comprometiendo la paz social. Por esta razón, es fundamental regularizar la situación dominial de los campesinos y las comunidades afectadas.

Por todo lo anteriormente enunciado, solicito a los demás diputados el tratamiento favorable y la aprobación del presente proyecto de resolución.