El Senado y Cámara de Diputados...

DECLARAR DE ZONA DE DESASTRE Y EN CARÁCTER DE EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL A LOS DEPARTAMENTOS MARCOS JUÁREZ Y UNIÓN JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA POR EL TERMINO DE CIENTO OCHENTA DÍAS.

ARTÍCULO 1: Declárase por el término de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables a instancia del Poder Ejecutivo Nacional por igual período, a los Departamentos Marcos Juárez y Unión jurisdicción de la Provincia de Córdoba, zona de desastre natural y en carácter de emergencia económica y social por sequía e incendios.

ARTÍCULO 2:. El Poder Ejecutivo Nacional afectará en carácter extraordinario una partida presupuestaria que no podrá ser inferior a la suma de Pesos Quince Millones ($ 15.000.000) con objeto en la instrumentación de acciones y programas que propendan a morigerar y atenuar los impactos relevados tanto en la infraestructura como en la actividad económica - productiva de las zonas abarcadas.

ARTÍCULO 3º: El Jefe de Gabinete de Ministros en ejercicio de las facultades regladas en la Ley 26.124, procederá a efectuar las adecuaciones y/o reasignaciones de partidas presupuestarias con la finalidad de establecer en carácter de excepción programas que preserven la relaciones laborales y las prestaciones sociales emergentes de las personas físicas afectadas por el término de duración de la emergencia declarada.

ARTÍCULO 4º: Complementariamente a las acciones enunciadas en los artículos anteriores, el Poder Ejecutivo Nacional delineará conjuntamente con el Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos el establecimiento, por una parte de líneas de créditos para los actores productivos con sustento en la recuperación de su actividad económica afectada y la instrumentación de cronogramas de financiación y diferimiento de las obligaciones impositivas que al momento se encuentren en mora, fundadas en los hechos devinientes del desastre natural generado.

ARTÍCULO 5º.: Comuníquese al Poder Ejecutivo

Señor presidente:

La presente iniciativa es fruto de la imperiosa necesidad que manifiestan las zonas afectadas al esperar una pronta respuesta por parte de los poderes públicos de la nación. La grave situación por la que atraviesan los Departamentos Marcos Juárez y Unión los cuales están sufriendo una gravísima sequía que lleva mas de 140 días, como hacía mas de 60 años que no ocurría en ésta zona de nuestra denominada pampa gringa, ha impedido entre otras graves sucesos, por falta de humedad en la tierra que se efectúe la siembra de trigo, cuya área de sembradío se ha visto disminuida marcadamente en su extensión, y por este mismos motivo, en los rindes, que sin duda alguna van a ser verdaderamente exiguos, agravada ésta situación por la demora en la siembra de maíz, debido a éste mismo hecho, dado que ha disminuido notablemente el tenor de humedad del suelo.

Pero no solo se trata de la sequía el problema evidenciado, sino que además a esta coyuntura climática debemos agregar la proliferación en diversas zonas, de numerosos focos de incendios que se han acentuado aún mas por la presencia de fuertes vientos que empeoraron ésta situación, agravándola. A modo de ejemplo debemos destacar que solo en el Departamento Marcos Juárez, la zona geográfica afectada por estos incendios ascienden a la impactante cantidad de 20.000 Hectáreas, conforme el propio informe relevado por los diferentes destacamentos de bomberos y la defensa civil de esta provincia mediterránea. En el mismo sentido y quizás con un zona en tamaño menos afectada se encuentra el departamento Unión en donde los focos de incendio consumieron aproximadamente 2.000 hectáreas.

Es evidente resaltar que los serios trastornos generados, si bien por ahora no significaron en la pérdida de vida humanas, es notoria la afectación de la infraestructura de la región, en lo atinente básicamente a los rudimentarios caminos rurales que atraviesan las zonas en cuestión, las alambradas que delimitan las diversas parcelas, muchas de las cuales se han visto seriamente afectadas, sino que además las implicancias devenidas de la sequía y los incendios agravantes sin duda alguna tienen en el futuro cercano una consiguiente profundización en el deterioro del suelo y la pérdida de la capa de detritus que permite la siembra directa, la que no se recuperará por un término de aproximadamente 3 años, con merma en la producción de esos lotes, que sin duda afectarán no solo a las unidades productivas sino que elementalmente tendrá su impacto en forma insoslayable en toda la actividad económica de las poblaciones afectadas, lo que repercutirá en la tasa de empleo, de actividad y por consiguiente en la propia situación económico- social de las comunidades de esa región.

En virtud de la descripción realizada, nos encontramos ante la obligación ineludible de actuar con la premura y la urgencia debida, ya que de no hacerlo las consecuencias directas serán fácilmente ponderadas en el corto plazo, bajo este concepto es que el accionar de las autoridades debe estar enmarcado en aplicar los institutos que la Ley promueve para remediar los daños y orientar las políticas públicas necesarias para salvaguardar los propios intereses que no son solo de las comunidades afectadas sino que son de toda la Nación.

En ese orden se concibe el establecimiento de una partida especial para mitigar los daños ocasionados a la infraestructura, como a su vez la interrelación con sustento en la emergencia declarada de los diversos organismos del estado que por un lado establezcan líneas de crédito con criterios accesibles a los sujetos productivos afectados cuyo destino entiendo debe ser aplicado a la recuperación de las inversiones y el patrimonio dañado sin lugar a la intermediación financiera, como complementariamente se permita no eximir de obligaciones sino permitir su diferimiento o atenuación hasta tanto la actividad vuelva a normalizase.

Por lo expuesto entendiendo la necesidad acuciante de lograr los consensos que nos eviten reiterar los errores que nos aparejo el conflicto que padeció el país en los últimos meses, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.