La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitarle que a través de su Ministerio de Economía y Producción informe sobre el siguiente punto:

Nómina de los bienes inmuebles perteneciente a los entes residuales de las empresas públicas privatizadas que dependen de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, indicando en cada caso las características de los mismos y su ubicación.

Señor presidente:

El proyecto de Ley de Presupuesto para la Administración Pública Nacional correspondiente al año 2008 dispone a través de su artículo 62 la prorroga de "todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de todo Ente, Organismo, Instituto, Sociedad o Empresa del Estado que se encuentre en proceso de liquidación de acuerdo con los Decretos Nº 2.148 de fecha 19 de octubre de 1993 y N° 1.836 del 14 de octubre de 1994".

Algunos medios periodísticos se refirieron a esta prórroga. Uno de ellos fue el matutino Clarín que en su edición del 23 de octubre pasado y bajo el titulo "Cosas de la burocracia: la larga vida de ENTel, Gas del Estado y varios más", entre otras consideraciones, aseguró: "Por esas cosas del desorden en el Estado, muchos de aquellos ´organismos residuales´ cuentan con una innumerable cantidad de inmuebles". Y a continuación precisa: "Innumerable, porque nadie sabe, exactamente, cuantos son. Si hasta en algunos se carece de certezas sobre donde están los títulos de propiedad".

Lo sostenido por Clarín no se condice con la información producida por la Actuación 738/04 de la Auditoría General de la Nación, que tuvo por objeto efectuar un relevamiento de los Entes Residuales vigentes al 31 de diciembre de 2003. Según ese trabajo, emitido el 19 de abril de 205, el número de bienes inmuebles pertenecientes a dichos entes era mucho más acotado que lo insinuado en la crónica periodística.

Si la información oportunamente brindada por la AGN resultara correcta, llama la atención que lo aseverado en el diario no haya merecido una rectificación pública por parte de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial -dependencia de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Producción- que tiene bajo su órbita a los organismos residuales de las ex empresas públicas privatizadas o disueltas.

Si, en caso contrario, lo correcto fuere que los "organismos residuales cuentan con una innumerable cantidad de inmuebles", tal como sostiene el medio de prensa, se generarían dudas acerca de la información a la que accedió la AGN al efectuar su relevamiento de estos entes.

Creemos oportuno recordar que los procesos privatizadores efectuados durante los ´90 en el marco de la llamada Reforma del Estado estuvieron plagados de irregularidades que derivaron en diversas causas judiciales, algunas resueltas y otras en marcha. Todo ello, quedó marcado a fuego en la memoria colectiva como símbolo de corrupción y ha sido factor del extendido descreimiento social en las instituciones.

Sin duda, una de las misiones no escritas de las autoridades nacionales es revertir ese descreimiento y el estado de sospecha permanente que reina en la sociedad. En ese sentido, la difusión de información certera, clara y transparente es una herramienta que debe utilizarse.

A ello apunta este proyecto de Resolución, cuya aprobación solicitamos.