La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su profunda preocupación ante las restricciones a la publicidad de los juicios orales contra los responsables del terrorismo de Estado en Argentina, por delitos de lesa humanidad, impuestas por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital Federal.

Asimismo, vería con agrado que los Tribunales Federales establecieran los mecanismos necesarios para garantizar su difusión.

Señor presidente:

La presente Resolución esta basada en el proyecto de declaración presentado en la H. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, legislador Juan Cabandié.

La exigencia de la publicidad de los actos de gobierno emana de la forma republicana de gobierno (art. 1 Constitución Nacional). Sin duda, como principio general, queda comprendida dentro de esta exigencia la administración de justicia.

Publicidad y oralidad representan banderas que presiden la transformación del procedimiento inquisitivo, emanadas de la afirmación del respeto a la dignidad humana, conducen a la necesidad de un procedimiento penal acusatorio.

"Por lo demás, si no se quiere vaciar de contenido la afirmación republicana en el ámbito de la administración de justicia, habrá que coincidir en que ella exige, por una parte, la posibilidad de control popular sobre la tarea de los jueces, sobre los actos que van a fundar la decisión final y sobre las sentencia misma (publicidad del debate), y, por la otra, la participación de ciudadanos -jueces no profesionales- en los tribunales que administran justicia (juicio de o con jurados)". (1)

Aún reconociendo aristas complejas en los casos de televisación, entendemos que en el sistema argentino federal, en el que no se cuenta con la intervención de jurados, ciertas prevenciones que se reconocen en el derecho comparado para su protección no tienen la misma viabilidad. La garantía de los principios de juicio público en su verdadera dimensión no tiene por qué verse vulnerada por la difusión periodística, que está garantizada por la Constitución. Debe primar el acceso a la información, difusión y control de toda gestión gubernamental.

La oralidad y publicidad que debe regir la forma de proceder de la administración de justicia tiene un doble efecto: resguardo de la garantía del justiciable y procedimiento legítimo de los órganos públicos que aplican su poder de coacción en un Estado de Derecho, según mecanismos de control ciudadano.

En relación a la importancia de la libertad de prensa como instrumento adecuado de control de la actividad política la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado: "Que, de manera preliminar, cabe dejar claramente sentado que en esta causa no se encuentra en tela de juicio que la libertad de prensa, en su acepción constitucional, es condición necesaria para la existencia de un gobierno libre y el medio idóneo para orientar y aun formar una opinión pública vigorosa, atenta a la actividad de los poderes públicos. En tal carácter es un adecuado instrumento de ordenación política y moral en la Nación. Este pensamiento responde en última instancia al fundamento republicano de la libertad de imprenta, ya que no basta que un gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos; sólo por medio de la más amplia libertad de prensa puede conocerse la verdad e importancia de ellos y determinarse el mérito o responsabilidad de las autoridades intervinientes. Dentro de ese marco, las empresas periodísticas configuran el ejercicio privado de funciones de interés social, ya que su actividad está dirigida al bien de la sociedad y por tanto de todos y cada uno de sus miembros. En tal sentido, esta Corte ha dicho que "entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de la prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica" (Fallos 248:291). (2)

La formulación de la presente resolución se erige como medida adecuada y oportuna ante la ante la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 5 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, de no televisar los juicios orales que se llevan adelante por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país durante los años 1976-1983.

La mencionada resolución judicial que conduce a la falta de garantía y respeto de la publicidad debida en un juicio penal y, en consecuencia, a la lesión del derecho a la información que posee la sociedad.

El loable fin de protección de los testigos y del respeto al debido proceso y la defensa en juicio no debe excluir el legítimo derecho a la información que corresponde a la sociedad en su conjunto, como pilar de una sociedad democrática. La fundamental importancia de este derecho se vuelve innegable cuando nos detenemos en el fondo del asunto que se ventila, esto es, los aberrantes crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Luego de la declaración de inconstitucionalidad y la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, luego de 30 años de impunidad, de años luchando por justicia, aparece como irrisorio que la administración de justicia decida llevar un juicio de estas características puertas adentro, que elija el secreto para fundar la sentencia en lugar de la publicidad del juicio.

Claramente, en un Estado donde los derechos humanos se han convertido en una bandera de lucha, resoluciones como la que se analiza no hacen mas que retroceder en materia de reivindicaciones y conquistas.

La publicidad del procedimiento penal no puede interpretarse de manera tal que resulte cercenado el derecho a la información de la sociedad. La interpretación de los derechos en juego debe armonizarlos, teniendo en cuenta la jerarquía de ellos.

En este sentido, como sostienen reconocidos juristas (3) , los principios de interpretación del derecho conducen a que en los supuestos en que se produce un conflicto entre normas de idéntica jerarquía, se efectúe una interpretación armónica, de manera que ambas normas mantengan vigencia en el ordenamiento jurídico. Es decir, que la vigencia de un derecho no puede anular la vigencia de otro derecho de igual jerarquía, sino que frente una supuesta colisión de derechos, estos deben armonizarse procurando la aplicación de ambos.

Si bien el derecho a la libertad de expresión es reconocido por diversos instrumentos con jerarquía constitucional conforme el art. 75 inciso 22 de Nuestra Carta Magna, su contenido y las posibles restricciones han sido minuciosamente determinados por la Opinión Consultiva Nº 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al analizar el articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. La validez de la interpretación vertida en la misma ha sido resaltada por la jurisprudencia argentina.

En el caso "Giroldi" la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que "la ya recordada "jerarquía constitucional" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (consid. 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, "en las condiciones de su vigencia" (art. 75, inc. 22, párr. 2°, esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr. arts. 75, Constitución Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 2°, ley 23.054)."

"Que, en consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde -en la medida de su jurisdicción- aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los términos anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional. En tal sentido, la Corte Interamericana precisó el alcance del art. 1° de la Convención, en cuanto los Estados parte deben no solamente "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella", sino además "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción". Según dicha Corte, "garantizar" implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del art. 1.1 de la Convención (opinión consultiva N° 11/90 del 10 de agosto de 1990 - "Excepciones al agotamiento de los recursos internos" párr. 34-). Garantizar entraña, asimismo, "el deber de los estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos" (íd., parág. 23)." (4)

La Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC-5/85 (5) mencionada ut supra determinó en relación a las dos dimensiones de la libertad de expresión que "el artículo 13.1 señala que la libertad de pensamiento y expresión "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..." Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno."

"En su dimensión individual, la libertad de expresión comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. (...) la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. Las dos dimensiones mencionadas de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente."

Luego de examinar el contenido del derecho en cuestión, la Corte continuó con el análisis de las restricciones posibles, en los siguientes términos: "Por lo tanto, como la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, debe destacarse que las restricciones a los medios de difusión lo son también, a la libertad de expresión, de tal modo que, en cada caso, es preciso considerar si se han respetado o no los términos del artículo 13.2 para determinar su legitimidad y establecer, en consecuencia, si ha habido o no una violación de la Convención. La disposición citada señala dentro de qué condiciones son compatibles restricciones a la libertad de expresión con la Convención. Esas restricciones deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos de forma que atañen a los medios a través de los cuales se manifiestan y condiciones de fondo, representadas por la legitimidad de los fines que, con tales restricciones, pretenden alcanzarse."

"Esas disposiciones representan el contexto dentro del cual se deben interpretar las restricciones permitidas por el artículo 13.2. Se desprende de la reiterada mención a las "instituciones democráticas", "democracia representativa" y "sociedades democráticas" que el juicio sobre si una restricción a la libertad de expresión impuesta por un Estado es "necesaria para asegurar" uno de los objetivos mencionados en los literales a) o b) del mismo artículo, tiene que vincularse con las necesidades legítimas de las sociedades e instituciones democráticas. Las justas exigencias de la democracia deben, por consiguiente, orientar la interpretación de la Convención y, en particular, de aquellas disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y el funcionamiento de las instituciones democráticas."

Teniendo en cuenta que las restricciones posibles a la libertad de expresión deben ajustarse a "las justas exigencias de una sociedad democrática" la Corte Interamericana analiza en qué consisten esas exigencias. Parte para ello de la interpretación que hizo la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el artículo 10 de la Convención Europea. La Corte Europea concluyó que "necesarias", sin ser sinónimo de "indispensables", implica la "existencia de una" necesidad social imperiosa" y que para que una restricción sea "necesaria" no es suficiente demostrar que sea "útil", "razonable" u "oportuna". (Eur. Court H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, párr. no. 59, págs. 35-36)."

"Esta conclusión, que es igualmente aplicable a la Convención Americana, sugiere que la "necesidad " y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. (The Sunday Times case, supra, párr. no. 62, pág. 38; ver también Eur. Court H. R., Barthold judgment of 25 March 1985, Series A no. 90, párr. no. 59, pág. 26)."

"El artículo 13.2 tiene también que interpretarse de acuerdo con las disposiciones del artículo 13.3, que es el más explícito en prohibir las restricciones a la libertad de expresión mediante "vías o medios indirectos... encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". El artículo 13.3 debe leerse junto con el artículo 1.1 de la Convención, donde los Estados Partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos (en la Convención)... y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción...". La anterior conclusión se deduce claramente del artículo 29 de la Convención inc. b) que contiene las normas de interpretación. En consecuencia, si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana."

"Las infracciones al artículo 13 pueden presentarse bajo diferentes hipótesis, según conduzcan a la supresión de la libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más allá de lo legítimamente permitido. (...) es válido sostener, en general, que el ejercicio de los derechos garantizados por la Convención debe armonizarse con el bien común.

"A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el "orden público" o el "bien común" como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a) de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las "justas exigencias" de "una sociedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención."

"Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse."

"También interesa al orden público democrático, tal como está concebido por la Convención Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información."

"La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre."

"Las restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar" la obtención de ciertos fines legítimos, es decir que no basta que la restricción sea útil para la obtención de ese fin, ésto es, que se pueda alcanzar a través de ella, sino que debe ser necesaria, es decir que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por la Convención."

Con todo lo expuesto es indudable que toda restricción al derecho de información debe enmarcarse en las justas exigencias de una sociedad democrática, con lo cual el tribunal al hacer uso de sus facultades ordenatorias conforme a la ley de procedimiento penal, sin omitir resguardar a los testigos, debería televisar las demás etapas del debate , como imputación, alegatos, sentencia.

Que una sala de audiencias tenga escasos metros cuadrados no es óbice para la televisación de un juicio, sino que es -por el contrario- lo que la justifica. Si no queremos desvirtuar la publicidad, característica inseparable de la forma republicana de gobierno, la transmisión en vivo del debate en todos los tramos en que no se afecten derechos y garantías fundamentales es un medio adecuado a las exigencias de una sociedad democrática.

En cuanto al derecho de los imputados y los testigos, no se lucharon treinta años en busca de justicia para violar las normas del debido proceso. Dentro de las atribuciones ordenatorias del tribunal está la decisión de no televisar las testimoniales, lo cual frente al art. 384 del Código Procesal Penal de la Nación, y la necesaria espontaneidad que deben tener los testigos, es plenamente atendible. Sin embargo ello no debería obstar la televisación de la imputación, los alegatos y la sentencia, es decir tramos del debate y no todas las audiencias.

La difusión de las audiencias que se lleven a cabo en el marco de los procesos penales en los que se juzguen a personas vinculadas a violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a fin de poner en conocimiento de la sociedad los hechos ilícitos cometidos durante la vigencia del la ultima dictadura militar que se impuso en el gobierno desde el 24 de marzo de 1976 hasta 1983 debería hacerse a través del Sistema Nacional de Medios Públicos de la Nación que se erige como herramienta apropiada para mostrar este tramo de nuestra historia y generar conciencia en la ciudadanía.

La publicidad del proceso como condición de la legitimidad constitucional de la administración de justicia protege a las partes de una justicia sustraída al control del público, y, mantiene la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo base del debido proceso y pilar del Estado de Derecho.

Ahora bien, consideramos que la transmisión televisiva y radial es el único medio de hacer efectiva la publicidad de los juicios penales. Tal como lo hizo en los juicios anteriores, siendo el caso contra Héctor Febrés paradigmático por su desenlace nefasto, el TOF Nº 5 no permitió el ingreso de la prensa radial y televisiva.

La Constitución Nacional establece la publicidad de los actos de gobierno como mecanismo de control de los funcionarios actuantes y los jueces de la Nación no están excluidos. Teniendo en cuenta que en los crímenes que se juzgan estuvo implicada la responsabilidad del Estado, el control de la actividad público, en este caso a través de la prensa, se hace aún más necesario.

No es ocioso resaltar que los juicios a Etchecolatz, a Von Wenich y a Benjamín Menéndez tuvieron amplia difusión nacional e internacional- en vivo y en directo - sin que ello haya constituido una violación al debido proceso, ni se vieran afectadas las garantías de los imputados. En este orden de ideas, el principio de la publicidad de los juicios garantizado por la Constitución implica que éstos sean conocidos más allá del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo tener una proyección general en aras del derecho-deber de información constitucionalmente garantizado.

En cuanto a la prohibición a las Madres de Plaza de Mayo de ingresar a la sala de audiencias con sus pañuelos y a los integrantes de los demás organismos de Derechos Humanos con los prendedores que los identifican, sólo podemos decir -citando la O-C 5/85 nuevamente- que "en realidad como ha sido demostrado, el bien común reclama la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto." (6) Ello sin entrar a examinar la posible discriminación por razones ideológicas, cuyo examen debe hacerse en base a los criterios más restringidos.

Sin las barreras que imponían las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida, la restricción a la libertad de pensamiento y expresión como derecho que corresponde a todo ser humano; y, además, porque restringe también indebidamente el derecho de la colectividad en general de recibir sin trabas información de cualquier fuente no aparece como justificada por las justas exigencias de una sociedad democrática.

Por todos estos motivos, establecer la difusión de los juicios seguidos contra los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la ultima dictadura militar, implica un gesto político claro a favor de la democracia y sus instituciones, una profundización del propio sistema democrático y, finalmente, un significativo avance en pos de concientizar a todos los argentinos acerca de lo acontecido durante esa etapa funesta de nuestro país.

Por las razones expuestas precedentemente, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente Resolución.