La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos Dr. Julio César Alak y del Presidente de la Unidad de Información Financiera Lic. José Sbatella, para que brinden informes verbales y las explicaciones pertinentes respecto a la directiva que se habría comunicado a las entidades financieras para que no envíen reportes de operaciones sospechosas en el marco de la nueva ley de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera ley 26.860.

Señor presidente:

Al momento de ser sancionada la ley 26.860 se insistió especialmente desde la oposición en la posibilidad de que la nueva ley diera lugar a la repatriación de activos provenientes de actividades ilícitas y no únicamente de la evasión impositiva, como se sostenía desde el oficialismo. Sin embargo, se insistió reiteradamente en que esto no iba a suceder y se estableció incluso una vaga cláusula en la ley que no terminaba ser del todo eficiente a fin de asegurar que no ocurriera aquello que en definitiva ocurrirá de todos modos. De acuerdo a las buenas prácticas recomendadas por el GAFI nunca una ley de repatriación de activos puede dar lugar al ingreso a la economía formal de bienes provenientes del narcotráfico o del terrorismo. A pesar de que permitir esta situación es contrario a los principios anti lavado y a las buenas prácticas de repatriación, la máxima autoridad de la UIF, el Lic. José Sbatella, le habría sugerido a diferentes entidades financieras que no elaboren reportes de operaciones sospechosas, la herramienta por excelencia para determinar cuándo una transacción implica dinero proveniente de actividades ilícitas, justamente lo tantas veces advertido durante el debate parlamentario. No es suficiente con que, en general, los reportes de operaciones sospechosas no concluyan en ninguna investigación seria y mucho menos en una condena, sino que eliminar directamente los ROS da rienda suelta a la impunidad y favorece el lavado de dinero.

La desesperación de este gobierno por fondos para resistir las próximas elecciones no puede atentar contra los pocos logros que alcanzamos en materia de transparencia.

Por los motivos expuestos, les solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.