La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su repudio y malestar por la actuación del gobierno de los Estados Unidos en referencia a la no extradición del ciudadano Guido Alejandro Antonini Wilson, pese a los reiterados pedidos de extradición impulsados por la Justicia Argentina.

Señor presidente:

El 31 de agosto de 2007 se elevo al gobierno de los Estados Unidos el pedido de extradición del Sr. Guido Alejandro Antonini Wilson. Ante la falta de respuesta, el pedido fue reiterado el 28 de diciembre del mismo año.

Ha pasado más de un año y la solicitud de extradición no ha sido resuelta. La solicitud argentina se funda en el derecho internacional y en el Tratado de Extradición suscripto con los Estados Unidos el día 10 de junio de 1997, aprobado por la ley 25.126 de 1999.

Transcurrido más de trece meses, los Estados Unidos han violado las disposiciones del Tratado de Extradición en razón de su absoluta falta de respuesta. En efecto, el inciso 1 del artículo 12 de dicho Tratado dispone que "El Estado Requerido notificará de inmediato al Estado Requirente su decisión sobre la solicitud de extradición". El tiempo transcurrido ha sido más que razonable para arbitrar algún tipo de respuesta a la solicitud argentina. El estado nacional ha cumplido con todos los requisitos que marca el tratado vigente entre ambos países sobre el trámite de extradición y documentación requerida. Ahora es fundamental que se exprese y materialice la voluntad del estado norteamericano de hacer efectiva la extradición solicitada por la justicia argentina.

La solicitud de extradición se vincula con la comisión de un delito penal dentro del territorio argentino. El día seis de agosto de 2007 el Sr. Antonini Wilson intentó ingresar ilegalmente al país una valija con aproximadamente U$$ 800.000, pero el obrar de la policía aeronáutica argentina detectó la maniobra e impidió el ingreso de dicho dinero.

El delito en cuestión ha cobrado relevancia política e institucional a partir del desarrollo de hechos que son de público conocimiento. Es por ello que el silencio del gobierno estadounidense genera un agravio superlativo a los intereses nacionales. A ello debemos sumar las actuaciones judiciales iniciadas en los Estados Unidos y las grabaciones del empresario Antonini realizadas con la participación y soporte del FBI que involucran indebidamente a nuestro país en operaciones en las que ninguna participación ha tenido.

La repercusión pública de las grabaciones urdidas premeditadamente por el FBI y el delincuente cuya extradición ha requerido la Argentina tiene un fuerte impacto a nivel regional. Las grabaciones carecen de veracidad y se parecen en mucho a un guión de carácter político dirigido a esmerilar a los gobiernos populares de Venezuela y de Argentina.

El silencio del gobierno norteamericano respecto de la extradición solicitada por la Argentina adquiere una importancia y significación que no escapa a la comprensión de la diplomacia de ambos países. El silencio constituye una denegación tácita que vulnera el principio de reciprocidad que es la razón de ser de todo tratado bilateral de extradición. El silencio norteamericano dificulta la posibilidad de hacer justicia en el ámbito de los tribunales argentinos, toda vez que se obstruye la posibilidad de tomar declaración al Sr. Antonini Wilson. La falta de respuesta es claramente una medida dilatoria que afecta el desarrollo de los acontecimientos políticos en nuestro país y que genera una situación no querida que rápidamente podría solucionarse si no se brindara amparo y protección de facto a un verdadero delincuente.

El Sr. Antonini Wilson admitió en nuestro país la propiedad de la valija de dinero, mientras que ahora lo niega ante las autoridades estadounidenses con el claro propósito de quedar desvinculado de su propia responsabilidad y trasladar la misma al gobierno argentino.

Este maniobrar indebido por parte del gobierno de los Estados Unidos, consistente en un silencio obstinado y pertinaz respecto de la extradición requerida, amedrenta la soberanía Argentina toda vez que es la justicia de nuestro país quien tiene plena competencia para juzgar los delitos cometidos en el territorio.

El gobierno norteamericano está incurriendo en una clara violación del derecho internacional. Además del Tratado de Extradición con la Argentina está incumpliendo la convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en la que se dispone que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado de buena fe. Lo pactado obliga. Este es un viejo principio del derecho internacional que parece desconocer el gobierno de los Estados Unidos con su actuar omisivo e irresponsable.

Es fundamental para el normal desarrollo del estado de derecho el total esclarecimiento de los hechos ocurridos en agosto de 2007. Para ello es determinante que el estado norteamericano facilite la extradición solicitada por el estado argentino. Esto afianzará las relaciones bilaterales entre ambos países, despejando situaciones no queridas vinculadas con burdas operaciones de inteligencia de fines inconfesables.

Es por lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.