La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación ante la recurrente comisión del delito de abigeato del cual son víctimas productores rurales del departamento Constitución, provincia de Santa Fe y los riesgos que la faena clandestina de ganado trae aparejado para la seguridad alimentaria.

Instar al gobierno santafesino a extremar los recaudos en materia de protección ciudadana, disponer mayores recursos humanos y materiales a fin de combatir de manera eficiente el cuatrerismo, proteger la propiedad privada de los ganaderos y evitar el consumo de carne obtenida ilícitamente, dado el peligro que ello implica para la salud pública al no observarse las normas de control de calidad.

Señor presidente:

Un grupo importante de pequeños y medianos productores ganaderos del departamento Constitución encedieron una señal de alarma ante los permanentes casos de abigeato que, aseguran, no sólo los perjudica económicamente sino que implican un riesgo sanitario para la población. Sólo en la zona de Cañada Rica, Sargento Cabral, Cepeda, J. B. Molina, Godoy y Rueda, lleva contabilizada este año la sustracción de entre 230 animales, 120 de ellos a sólo siete productores del lugar. Las pérdidas contabilizadas alcanzan aproximadamente el millón de pesos. Pero la gota que rebasó el vaso fue lo ocurrido hace 18 días, cuando mataron y se llevaron de un establecimiento 18 terneritos de entre 45 días y 2 meses, una acción que hasta "rompe con el código del cuatrerismo", que históricamente robaba terneros para criarlos, y no matarlos en el lugar.

Los chacareros aseguran que el modus operandis de los delincuentes es más o menos el mismo: ingresan de noche, decapitan y evisceran a los bovinos adultos para llevarlos, mientras que a los terneros les cortan las cabezas y parte de las patas. "Esto último es nuevo, y parece ser que abastece por encargo al mercado del ternero a la parrilla", dicen, espantados por la modalidad y la impunidad con la que se mueven los cuatreros, y ante la incertidumbre sobre el destino de esa faena.

"Este desagradable evento por el que nos vemos afectados está desacomodando nuestra capacidad de prevención ante las contingencias lógicas de la actividad. Uno puede prevenir enfermedades, realizar estrategias ante sequías o inundaciones no tan graves, acomodar manejos ante buenos o malos precios y cierre o no de exportaciones, incluir en el costo de producción nuevas tasas o impuestos, pero no sabemos cómo actuar ante el contexto de encontrarse cualquier mañana con 10, 15 o 20 cabecitas de terneros tiradas en el campo y 10, 15 o 20 vacas desesperadas buscando sus crías", manifestó el veterinario Miguel Angel Cortasa, productor agropecuario y miembro del Comité Técnico de la Fundación Constitución de Sanidad Animal, quien lleva la voz cantante del grupo. "No estamos preparados para esto, ni desde una mirada económica ni humana. La impunidad y facilidad con que actúan estos grupos, creemos de cuatro o cinco personas, es alarmante y supera, con cada hecho, nuestra capacidad de asombro".

Los pequeños productores no encuentran solución, y aseguran que están "solos", porque las autoridades políticas, tanto locales como departamentales, "le escapan a la situación". Ellos afirman que por ahora no quieren acercarse a ninguna entidad gremial por el momento político en que se encuentran inmersas, ni buscan soluciones heroicas o violentas. Tampoco quieren dejar la actividad, "más aún hoy que la producción ganadera tiene márgenes superiores a la soja. Sólo buscamos una solución democrática en la que se vean comprometidas esas autoridades provinciales".

Estos acontecimientos marcan dos escenarios en el sector ganadero y ponen un alerta en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Porque mientras los productores deben cumplir con requisitos sanitarios, se encuentran con un mercado cada vez más creciente de comercialización informal.

Para que un productor pueda realizar movimientos de hacienda y emitir un documento de tránsito tiene la obligación de realizar saneamientos de fiebre aftosa, brucelosis, tuberculosis y carbunclo, más el registro de los medicamentos que utiliza. Para eso se creó en la provincia la figura del corresponsable sanitario en cada establecimiento, lo que garantiza el saneamiento y el control de estas enfermedades tanto para la salud humana y animal.

Frente a ese escenario surge la pregunta: "¿A dónde va la carne de los animales faenados clandestinamente? ¿Qué tratamiento tienen?". En palabras de Cortasa, "son muchos kilos que se están consumiendo, que no se sabe qué trato tienen hasta que llegan al consumidor. El perjuicio es económico, pero además es un gran problema sanitario. Creemos que todas estas toneladas no entran dentro del circuito formal, pero en algún lugar se distribuyen y se consumen".

Mientras tanto, los chacareros ven cómo desaparecen sus vacas sin que se atrape a los culpables. Entienden que "es difícil" sorprenderlos in fraganti teniendo en cuenta que cada distrito tiene entre 15 mil y 20 mil hectáreas para y la policía, "en muchos casos tiene un solo móvil y debe "cuidar gente del pueblo y no animales", tal cual dijo algún presidente comunal. Pero ¿qué seguridad alimentaria se les da a quienes consumieron los animales que nos robaron a los siete productores de una pequeña zona, a los que le llevaron 13 mil kilos de carne faenada?", se preguntó Cortasa.

En resumen, los productores aseguran que se sienten solos en esta contingencia, que deben responder a un montón de lógicos requisitos para garantizar carne de buena calidad y sin peligro para la salud humana, y que mientras tanto, un mercado que crece a la sombra de la impunidad genera cada vez más cuatrerismo, solamente en un tercio del departamento Constitución, donde, aseguran, no hay respuestas políticas (Fuente: diario La Capital).

Tal como se ha expresado en la parte resolutiva del presente proyecto, la lógica preocupación de esta H. Cámara radica en el hecho que el abigeato se ha convertido en moneda corriente en el departamento de Constitución, provincia de Santa Fe. Lógicamente nos motiva el desapoderamiento ilegítimo del que son víctimas los productores rurales, especialmente pequeños y más aún, los peligros para la salud pública que derivan del hecho de fomentarse un mercado negro de carnes, sin los debidos controles de calidad ni sanidad.

Urge hallar respuestas inmediatas. Es por ello que esta H. Cámara se dirige al gobierno santafesino para instarle que obre en consecuencia.

Pido el acompañamiento de mis pares, a fin de aprobar esta iniciativa.