La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que corresponda, informe a esta Cámara sobre los siguientes puntos, relativos a la fumigación con agroquímicos de campos cultivados cercanos a establecimientos educativos.

1. Si se ha recibido información acerca de escuelas que hayan sido objeto de fumigaciones terrestres o aéreas en horario de clases. En caso afirmativo, aporte dichos datos.

2. Si existe un registro que indique cuántas escuelas rurales se encuentran linderas a campos cultivados en los que se apliquen agroquímicos y cuántos niños concurren a las mismas. En caso afirmativo brinde todos los datos y estadísticas discriminados por provincia.

3. Que acciones o gestiones se han llevado a cabo desde el Ministerio de Educación de la Nación ante o con las Autoridades Educativas locales para la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar los graves daños a la salud de los niños y personal docente que provocaría la contaminación con agroquímicos.

4. Si existe algún espacio institucional dentro del Consejo Federal de Educación en el que se esté instrumentando algún plan de trabajo que involucre a las jurisdicciones que padecen esta situación.

Señor presidente:

Con la explosión del agronegocio y la extensión de la frontera agrícola las escuelas linderas o cercanas a campos cultivados son fumigadas periódicamente en forma terrestre y aérea mientras niños y docentes se encuentran en clases. Esto sucede en casi todas las provincias con fuerte actividad agrícola.

Desde hace casi 20 años distintos grupos de vecinos vienen denunciando que el indiscriminado uso de agrotóxicos en sus territorios ocasiona enfermedades en sus familias, muchas de ellas muy graves. El modelo de producción agrícola empieza a ser cuestionado de manera profunda y fundada por la sociedad civil, principalmente por vecinos que habitan cerca de los predios rurales explotados con cultivos de soja, organizaciones ambientales, movimientos campesinos y pueblos originarios. Ellos advierten y denuncian la aparición de enfermedades entre pobladores rurales -como malformaciones, cánceres, leucemia, lupus, abortos espontáneos, fisura palatina, etcétera- asociadas con el uso creciente e intensivo de estos productos agrotóxicos.

Según datos estimados, construidos a través de diversas campañas efectuadas por organizaciones sociales y sindicales, alrededor de 700 mil niños del país se encontrarían expuestos a la aplicación de agroquímicos que se realiza en los alrededores de los establecimientos educativos rurales y periurbanos. Así lo advierten las organizaciones de vecinos, docentes y profesionales de la salud que impulsan las Campañas "Escuelas Fumigadas ¡Nunca más!", "Paren de fumigar las escuelas" y otras.

Médicos y maestros alertan sobre la gravedad de la situación.

Un reciente informe de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) informo la evolución de su mercado: el consumo de pesticidas aumentó 858% en los ultimos 22 años, la superficie cultivada lo hizo en un 50% y el rendimiento de los cultivos solo aumentó un 30%.

Durante la última campaña (2012- 2013) las ventas de agrotóxicos aumentaron un 16% en dólares. Como todos los años Argentina incrementó sus gastos en este rubro y alcanzó una facturación de 2.381 millones de u$s en el último período. 317 millones de kg/litros de pesticidas fue la cantidad aplicada a los campos del país.

Lamentablemente, el crecimiento económico que beneficia a los que dicha Cámara nuclea, implica la fumigación con sustancias tóxicas, altamente peligrosas de áreas donde viven más de 12 millones de personas. Estos ciudadanos padecen el aumento del uso de agroquímicos, que se acumulan en los ecosistemas, en el agua, en sus cuerpos. Y en esta realidad se encuentran comprendidas las escuelas rurales, los niños que asisten a clases y los docentes que trabajan en ellas.

Son los propios docentes los que salen de la escuela para evitar que se fumiguen los campos linderos mientras los niños están en clases o en el recreo. A veces son los niños los que alertan al percibir los olores de los productos o ven al llegar los "mosquitos".

En febrero de 2012, Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de su área de derechos sociales, presentó el 'Informe Especial sobre Agroquímicos y discapacidad', que estudiaba la relación entre la exposición de los insecticidas y herbicidas utilizados en la Argentina y sus consecuencias en la salud.

En el texto se subrayó que ''resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales, la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos''.

Aunque focalizado exclusivamente a la problemática de la discapacidad, en el informe se hicieron recomendaciones relacionadas a la regulación de uso de químicos agrícolas a varias entidades gubernamentales.

Debido a la falta de medidas que permitan avanzar en el tratamiento de los agroquímicos y sus efectos en la salud humana, especialmente en los menores de edad, es que desde la Defensoría han instando a la aplicación inmediata del Principio Precautorio, dado que los daños y la discapacidad sobreviniente, como resultado de la ausencia de medidas para subsanar cualquier daño que se pudiera ocasionar.

La educación en nuestro país es obligatoria, así lo define la Ley 26.206 (Nacional de Educación) en su artículo 16. Los padres tienen el deber de hacer cumplir a sus hijos/as con esa obligación.

El estado tiene la obligación, en el ámbito educativo de garantizar el respeto de los derechos de los niños/as y adolescentes (art. 11). Por otro lado, esa misma norma establece que los niños tienen derecho a "desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo" (art. 126, inc. J).

La escuela siempre fue y sigue siendo, sin dudas, el espacio por excelencia en donde los niños se desarrollan, construyen lazos, aprenden. Sin embargo en muchas de ellas es el lugar donde corren serios riesgos de enfermarse, de contaminarse. Es imprescindible evitar que se fumiguen las escuelas, brindar herramientas al personal docente para que puedan actuar en tiempo y forma apoyándose en un protocolo de actuación. Contar con información suficiente y tomar medidas inmediatas.

Existen estudios científicos, existe normativa que avala la toma de medidas precautorias y preventivas (Constitución Nacional, Ley 25675, etc), no hay razones para seguir desconociendo una problemática cada vez más evidente.

Nos urge como nación defender la vida y la salud de los niños, que las escuelas sean un lugar seguro, que los organismos que tienen a su cargo la educación, ya sea nacional o provinciales se involucren con la realidad de la comunidad educativa y garanticen la seguridad ambiental en las escuelas.