La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Ministerio de Educación de la Nación, que elabore un "Protocolo único de actuación" frente a fumigaciones agrícolas de campos linderos o cercanos a los establecimientos escolares de todo el país. Asimismo, promueva en el seno del Consejo Federal de Educación la implementación y difusión de dicha herramienta por parte de las Autoridades Educativas Provinciales.

Señor presidente:

Desde hace más de 10 años distintos grupos de vecinos vienen denunciando que el indiscriminado uso de agrotóxicos en sus territorios ocasiona enfermedades en sus familias, muchas de ellas muy graves. El modelo de producción agrícola empieza a ser cuestionado de manera profunda y fundada por la sociedad civil, principalmente por vecinos que habitan cerca de los predios rurales explotados con cultivos de soja, organizaciones ambientales, movimientos campesinos y pueblos originarios. Ellos advierten y denuncian en forma enfática la aparición de enfermedades entre pobladores rurales -como malformaciones, cánceres, leucemia, lupus, abortos espontáneos, fisura palatina, etcétera- asociadas con el uso creciente e intensivo de estos productos agrotóxicos.

El proceso de inserción de los agronegocios, de la revolución biotecnológica, tiene que ver con transformaciones que se dan en el agro, a partir de los años sesenta con la influencia de la Revolución Verde, con la inserción de la lógica industrial en el campo. Es el momento donde entraron las semillas híbridas, que necesitan de insumos externos para poder producir de la manera más rentable, entonces se empiezan a introducir los agroquímicos, los fertilizantes, cierta forma de producción asociada a la siembra directa.

En los noventa, se da la desregulación a nivel más general de la economía, y dentro de esta, la desregulación en el campo y se aprueba como experimentación la soja transgénica (la soja RR, resistente al Roundap que es la marca del glifosato) en 1996 se aprueba para comercialización, es el primer país en América Latina en aprobarlo, lo hace en el mismo año que los EEUU.

En un primer momento la soja entra a la zona núcleo, la zona pampeana, la más fértil de la Argentina, ahí lo que hace básicamente es desplazar. Hoy casi el 55% de la superficie producida en la Argentina está con soja transgénica, eso significa que la soja tuvo que avanzar sobre algo, sobre la ganadería y los cultivos tradicionales.

En un segundo momento posterior a la devaluación en el 2002, la soja empieza a avanzar sobre lo que se conoce como la zona extra pampeana, básicamente avanza sobre norte y noroeste que son: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, ahí la soja empieza a avanzar sobre otras producciones.

En éste modelo de producción agrícola, la pulverización de los cultivos de soja con pesticidas, herbicidas, acaricidas, fungicidas, -la fumigación-, implica así una serie de actos, sostenidos en el tiempo, no menos de tres por cosecha, realizados en contra de la voluntad de ciudadanos que viven cerca de los campos.

Pero éste no ha sido un proceso totalmente lineal, y han surgido algunas tensiones. Las escuelas linderas o cercanas a campos cultivados son fumigadas periódicamente en forma terrestre y aérea, sin mediar ninguna distancia mínima de protección. Mientras niños y docentes se encuentran en clases, estando los estudiantes y maestros en la institución; en ciertos casos, no se respetan las distancias mínimas, ni la prevención de dar aviso, ni la comunicación sobre productos y clase tóxica que se aplica.

Las instituciones del sistema educativo con su funcionamiento diario albergando niños y jóvenes, comenzaron a ser un espacio público por excelencia para la percepción de riesgos e impactos sanitarios externos al propio sistema, en el tiempo de permanencia dentro de la institución, y los docentes y directivos de ellas, necesitan una herramienta que les aporte formalmente un menú de acciones ante cualquier actor que contamine el ambiente y perjudique la salud de las personas/los estudiantes con fumigaciones y/o actividades ilegales. En tanto se resuelva y controle efectivamente la prohibición de fumigaciones en zonas de establecimientos educativos, los mismos han de contar con los mecanismos que establezcan en resguardo ambiental.

El problema no afecta a todos los establecimientos, pero sí a muchos de los ubicados en zonas de intensa actividad agrícola, con campos cultivados a metros de las aulas. Diversos gremios docentes, de las provincias agrícolas, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, afectadas por el uso de agroquímicos han advertido que los agrotóxicos afectaban el aprendizaje de los chicos, y que "además de eliminar algunas supuestas especies plagas, contaminar y simplificar la fauna edáfica, hacer perder calidad al agua subterránea, eliminan neuronas, generan problemas a nivel endócrino, potencian enfermedades respiratorias y disparan las estadísticas de abortos, malformaciones y cáncer". "El problema de la aplicación, almacenamiento y traslado de agroquímicos, afecta también a las escuelas urbanas de muchos pueblos

Son numerosas las instituciones académicas y profesionales del campo de la salud, que han iniciado investigaciones científicas y relevamientos de afectación en base a las denuncias vecinales arriba referidas.

Expertos internacionales, como el Dr. Andrés Carrasco, que vienen denunciando las temibles consecuencias que tienen para las personas y la vida en general las substancias empleadas, son consultados por el Parlamento Europeo para diseñar las normativas que bloquean en ese continente el uso de plaguicidas. Estos estudios fueron fundamentales en la promulgación de la Directiva 128/09 del Parlamento Europeo que establece en su Art. 9 que los Estados miembros garanticen la prohibición de las pulverizaciones aéreas con plaguicidas, estableciendo al año 2011 como fecha límite para adaptarse a la normativa.

Además, las semillas y la producción transgénicas tienen prohibiciones en Alemania, Austria, Hungría, Luxemburgo, Francia, Grecia, Italia, Bulgaria y Polonia. Hasta ahora se han identificado iniciativas de zonas libres de transgénicos en al menos 25 países europeos y son miles los municipios que se han declarado Libres de Transgénicos. Ecuador y Bolivia prohibieron en sus nuevas Constituciones el cultivo de semillas transgénicas. Mientras que en los Estados Unidos el 26 de marzo pasado entró en vigencia una cláusula legal que permite a Monsanto y las otras trasnacionales de transgénicos ignorar las órdenes judiciales de suspensión de siembra de cultivos transgénicos.

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Transgeni cos_un_debate_necesario_e_impostergable_en_el_Cono_Sur

El doctor Avila López, en el año 2008 como Subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba, se presentó ante la Justicia denunciando fumigación aérea en el Barrio Ituzaingó, un barrio caracterizado por una gran cantidad de casos de cáncer y otros problemas vinculados a temas ambientales. En el Barrio Ituzaingó Anexo, las llamadas Madres de Ituzaingó hicieron oír públicamente sus denuncias ya en 2002: más de 100 vecinos muertos por cáncer y el 80 por ciento de niños con agrotóxicos en la sangre.

El Dr. Medardo Ávila Vázquez, actualmente integrante de la red de Médicos de Pueblos Fumigados, refiere al relevamiento que los médicos realizaron en oficinas del Registro Civil de localidades afectadas por el uso indebido de agrotóxicos. De las estadísticas se desprende que el cáncer en estas localidades se impuso como la principal causa de muerte, desplazando a la que a nivel nacional representan las enfermedades caridovasculares, relacionadas al estilo de vida de los ciudadanos. La cifra varía según las localidades, pero en la mayoría promedia un 31 o 32 por ciento de muertes por cáncer. "Esto significa que del total de fallecimientos en cada localidad el 32% son por cáncer, cuando la media nacional es del 18%", explicó el especialista.

Actualmente ya son 13 las localidades que prohibieron las fumigaciones en Córdoba: San Francisco, Jesús María, Colonia Caroya, Oncativo, Ituzaingó Anexo en Córdoba Capital, Estación Juárez Celman, Anisacate, Villa General Belgrano, Parque Los Reartes, Las Calles, San Marcos Sierras, Huinca Renancó y Oliva.

La Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba, unificando dos causas: la que acusa a dos productores y un piloto fumigador, por las muertes y graves enfermedades denunciadas en 2002 por las madres de Barrio Ituzaingó Anexo; y otra que acusa a un productor y un aeroaplicador de pulverizar en zonas contiguas al pueblo de Villa María de Río Seco, dictó en agosto de 2012 sentencia condenatoria por "contaminación ambiental dolosa", de acuerdo al marco establecido por la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051, la cual prevé penas de 3 a 10 años de prisión. Penas que, si se demuestra la causalidad entre fumigaciones y casos fatales, la imputación de los acusados incluiría el agravante de las muertes. Ésta "causa madre" por fumigaciones en Córdoba, tiene ahora 9 imputados por otros hechos similares.

La Facultad de Ciencias de la UNR viene desarrollando una tarea de investigación-acción-participativa, con poblaciones de la región, a través de los Campamentos sanitarios de la Práctica Final, desde los cuales se ha logrado evidenciar las modificaciones de los perfiles de morbimortalidad de las comunidades expuestas a los modelos productivos extractivos como el de la agroindustria. En las zonas próximas a áreas fumigadas fue posible detectar un aumento de abortos, de malformaciones congénitas y de cánceres vinculados al sistema endócrino, y sobre todo una fuerte incidencia de hipotiroidismo. "Hoy el hipotiroidismo en nuestra región está siendo la segunda causa de dolencias crónicas, algo que no coincide con lo que ocurre a nivel nacional, donde la segunda causa es la diabetes" tanto que "es posible hablar de una epidemia", según el Dr. Damián Verzeñassi.

En febrero de 2012 El Consejo Directivo de la Facultad de Cs. Médicas de la UNR, aprobó por unanimidad pronunciarse en solidaridad con los pueblos en lucha por la defensa de la vida digna en un ambiente saludable, resolviendo Convocar a todos sus equipos docentes y de investigadores, a ponerse a disposición de las comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes, a los efectos de cumplir con la Visión y Misión de nuestra Casa.

En Mar del Plata, Prov. Buenos Aires, quedó en suspenso una ordenanza local, Ordenanza Municipal 18740/08, que establece una franja de mil metros sin aplicación de agrotóxicos en torno a zonas pobladas. Por presiones de sectores del agro, una resolución municipal de marzo de éste año, difirió su vigencia por 150 días, prometiendo generar un programa de reconversión agroecológica para esas tierras. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en su Ordenanza D01/11 consideró "necesaria la aplicación inmediata del marco normativo que establece la Ordenanza Municipal 18740/08". El Programa Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata sumó un extenso documento en el cual, "en consonancia con el principio de precaución recomienda instrumentar y aplicar la ordenanza 18.740 priorizando la salud pública."

Un estudio científico realizado durante un año en el Chaco por seis médicos, licenciados en enfermería y geógrafos y auspiciado por el Ministerio de Salud de la Nación, vincula la causa de las enfermedades con el modelo agropecuario. Los muy altos índices de cáncer, y también de discapacidad que se relevaron Avia Terai, una localidad de cinco mil habitantes en el centro geográfico de Chaco, se repitieron en otras tres ciudades cercadas por campos transgénicos: Campo Largo, Napenay y La Leonesa.

Para su reporte epidemiológico, la investigación tomó como fuentes de información estudios de Dirección de Estadística Sanitarias del Ministerio de Salud de Chaco, el Registro de Tumores de Chaco, del Servicio de Neonatología del Hospital Perrando y del Hospital 4 de Junio, y las encuestas propias en el territorio. Y explicaron que priorizaron los casos de tumores y las malformaciones congénitas porque "se asocian a la exposición con agroquímicos". "Relación entre el uso de agroquímicos y el estado sanitario", es el nombre de la investigación, que detalla bibliografía científica que advierte de malformaciones y cáncer en zonas con uso intensivo de agrotóxicos.

La norma nacional que categoriza los agroquímicos por su toxicidad no es una ley, es un manual anexo de la Resolución Nº 350/99 aprobada por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Se analiza los efectos de cada sustancia aisladamente, la clasificación tipifica solamente el producto principal. Pero no hay estudios que verifiquen la combinación de los pesticidas que se mezclan "en el bidón". Su metodología no considera la toxicidad subletal, la que causa otros daños o la toxicidad crónica, es decir, aquella que produce daños o muerte por exposición repetida.

La Defensoría del Pueblo de la Nación ha pedido formalmente revisar las normas de clasificación, en su Resolución 101/11, recomendando la prohibición inmediata del insecticida organoclorado Endosulfán.

La Auditoría General de la Nación confirmó lo que se denunciaba: las clasificaciones de los agrotóxicos están mal hechas y sub-evaluadas en su peligrosidad. La Auditoría solicita que se asuma el riesgo ante la cronicidad de las exposiciones a los venenos, permanentemente denunciada por los médicos rurales. Resolución 247, de fecha 3-12-12.

A través del Decreto 21 del año 2009 del Poder Ejecutivo Nacional se creó una Comisión Nacional de Investigación, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación con productos agroquímicos o que afecten, de algún modo, la salud de la población y el ambiente. La misma funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, es presidida por la titular de dicha Cartera y está integrada por representantes de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismos dependientes del Ministerio de Producción.

Los grandes medios de comunicación masivos mantienen silencio sobre los profundos debates abiertos sobre los productos fitosanitarios como sobre los organismos genéticamente modificados

La producción de alimentos, basada en el uso de agrotóxicos, no es más barata. Los costos sociales y ambientales son incalculables. Sólo en tratamientos de salud se estima que, por cada dólar gastado en la adquisición de pesticidas, se gasta 1.28 dólares en cuidados médicos necesarios. Cuenta que pagamos entre todos.

Por desgracia no hay término medio en este sector. No hay cómo incentivar el "uso correcto" de pesticidas. Lo urgente y razonable es poder establecer, en tanto se consoliden en todo el territorio nacional las medidas de prohibición y precaución, como mínimo una ZONA DE RESGUARDO AMBIENTAL para la fumigación terrestre en torno a los establecimientos educativos y la prohibición de la fumigación aérea, los que convocan a diario a los argentinos que hoy están creciendo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo esta iniciativa.