La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar al señor Secretario de Políticas Universitarias de la Nación a concurrir a la Comisión de Educación de la Hono- rable Cámara de Diputados de la Nación, con el fin de:

1. Brindar las explicaciones nece- sarias acerca de las informaciones que afirman que:

- En ciertas Universidades Nacionales figuran entre sus autoridades personas que, a pesar de ocupar los cargos más importantes de las mismas -no cuentan- con los antecedentes aca- démicos mínimos que permitan asegurar los niveles de calidad que exige la legislación para este nivel de la enseñanza y la consideración ética hacia los derechos y necesidades de los alumnos.

- Existen por lo menos tres miembros de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria (CONEAU) que a la vez se desempeñan en Universidades Nacionales a las cuales se supone, deben evaluar de manera objetiva.

- En algunas Universidades Nacionales se desarrollarían actividades partidarias auspiciadas por ellas mismas y financiadas con fondos públicos.

2. Exponer los fundamentos acerca de los criterios de calidad y justicia educativa que el Ministerio de Educación de la Nación considera que son relevantes para que las Universidades Nacionales cumplan con su obligación de ser herramientas de desarrollo humano y social de sus estudiantes, en especial para aquellos en situación de alta o mediana vulnerabilidad social.

3. Exponer su criterio respecto a los hechos que son objeto de la presente citación, en especial aclarar si son parte de una política aceptada o promovida por el Ministerio de Educación de la Nación, o se trata de episodios aislados que no cuentan con su conformidad y son encuadrados en el derecho constitucional de la autonomía universita- ria.

Señor presidente:

En los últimos días han circulado informaciones periodísticas, muchas de las cuáles han sido corroboradas por los sitios WEB de algunas Universidades Nacionales, que dan cuenta de hechos que -de ser ciertos tal y como se expresan en las informaciones perio- dísticas- constituyen no solo una grave agresión a las funciones de las Univer- sidades públicas, sino también a los derechos básicos de los estudiantes que a ellas concurren.

En efecto, las informaciones asegu- ran que:

- Funcionarios de alto nivel en puestos críticos -como Rector, Vicerrector y Secretario académico- carecen de antecedentes académicos y han logrado tales cargos exclusivamente por razo- nes políticas.

- Miembros de la Comisión Nacio- nal de Evaluación y Acreditación Universitaria formarían parte de los equipos directivos de tales Universidades, cuando su función debería desarrollarse con absoluta independencia de criterio.

- En algunas Universidades se desarrollan actividades de neto corte partidario financiados con fondos públi- cos.

No estamos discutiendo, señor Pre- sidente, solo una cuestión formal acerca del cumplimiento de las normas de la Ley de Educación Superior y de la Ley de Educación Nacional. Estamos en- trando en un campo de profundas connotaciones éticas, en tanto una Universi- dad al servicio del pueblo debe estar a cargo de personas con una trayectoria académica sólida; las Universidades que la información periodística coloca bajo sospecha, forman parte de una estrategia de acercamiento de este nivel educa- tivo con amplios sectores de la sociedad, que por razones socioeconómicas y culturales tienen menos probabilidades de acceder. Estos jóvenes logran in- gresar a la educación universitaria con gran esfuerzo personal y de sus fami- lias. El Estado debe garantizar procesos de normalización transparentes y, para ello debe colocar al frente de éstos procesos a los académicos más des- tacados de que pueda disponer garantizando, además, que los estatutos que se dan en estas nuevas instituciones constituyan un ejemplo de ampliación de la vida democrática.

Señor Presidente, por todas estas razones es importantísimo que el Congreso pueda escuchar a las autoridades nacionales y opinar con fundamento y respeto; que su voz sea escuchada, no por razones políticas, sino por la obligación que tenemos de resguardar el de- recho a la integración social de nuestros jóvenes, a veces vulnerados por epi- sodios presuntos como los que se señalan en este proyecto de resolución.