La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar solidaridad con el dirigente político Néstor Pitrola , y los militantes María Teresa Rosario y Jorge Penayo ante el procesamiento y embargo que le dictaran por apoyar un legítimo reclamo de trabajadores; y repudiar la criminalización de la protesta social o todo acto que signifique su cercenamiento.

Señor presidente:

En 2009, la empresa de Kraft Food, ex Terrabusi, despidió 150 trabajadores. "El conflicto había comenzado a fines de junio cuando los trabajadores iniciaron una serie de asambleas por reclamos salariales y un mes después hicieron una manifestación frente al edificio administrativo de la empresa, para pedir medidas sanitarias frente a la epidemia de gripe A. La compañía denunció que durante la protesta el personal administrativo y jerárquico quedó encerrado contra su voluntad entre tres y cuatro horas, presentó documentación ante el Juzgado de Garantías 1 de San Isidro e inició una investigación interna. Un mes y medio después Kraft envió cerca de 155 telegramas de despido a los presuntos responsables de la protesta. A raíz de los despidos, los trabajadores paralizaron la fábrica y realizaron cortes en la autopista en reclamo de la reincorporación de los despedidos." (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-178973-20111015.html).-

La interrupción del tránsito que realizaron en la autopista Panamericana durante más de ocho horas a la altura de la localidad bonaerense de General Pacheco, recibió la solidaridad y el acompañamiento de varios dirigentes políticos del país, entre ellos, el diputado Solanas, la diputada Gil Lozano, la diputada provincial Liliana Piani , la dirigente Vilma Ripoll y el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola.

Por su defensa de los derechos de los trabajadores en dicha protesta, Néstor Pitrola así como los militantes María Teresa Rosario y Jorge Penayo , fueron procesados y embargados en sus bienes. El mencionado hecho, no puede dejar de ser observado en un contexto presidido por una clara escalada de persecución política para silenciar y acallar a sectores que reclaman derechos constitucionales en oposición a ciertas políticas empresariales que el gobierno protege.

En razón a lo expresado, solicito al resto de los legisladores acompañen el presente proyecto.