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PROYECTO DE TP
Expediente 5260-D-2010
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION Y REPUDIO POR EL INCREMENTO DEL ACOSO POLICIAL EN LA REPUBLICA DE SUDAFRICA CONTRA VENDEDORES AMBULANTES, PERSONAS SIN TECHO Y PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES.
Fecha: 16/07/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 98
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su honda preocupación y
repudio por el incremento del acoso policial en la República de Sudáfrica contra
vendedores ambulantes, personas sin techo y personas refugiadas y migrantes,
bajo el pretexto de estar cumpliendo con las normativas de la FIFA para la Copa
Mundial Sudáfrica 2010.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay duda alguna. Desde el 11
de junio los argentinos hemos estado siguiendo, paso a paso, los vaivenes de
los equipos disputándose la Copa Mundial Sudáfrica 2010.
Todos los días, no tenemos más
que encender nuestros televisores para visualizar transmisiones en vivo y en
directo de partidos, entrevistas a jugadores y conferencias de prensa con las
últimas novedades de la competición.
Es más, se ha elaborado material
didáctico para que nuestros jóvenes en edad escolar puedan disfrutar de los
partidos que juega la Selección Nacional, y aprender al mismo tiempo.
Sin embargo, hay una cara oculta.
Una realidad que no se ve. Y es algo de lo que los argentinos no nos podemos
hacer los distraídos. Porque en 1978 jugamos un Mundial en nuestro suelo con
secuestrados, torturados y desaparecidos.
Por eso nos preocupan las
denuncias de Amnistía Internacional, que pasamos a describir.
¿Cuáles son los motivos de
preocupación de Amnistía Internacional respecto a Sudáfrica?
¿Qué denuncia Amnistía
Internacional en su Informe 2010? (1)
En abril surgió de las elecciones un
nuevo gobierno encabezado por el presidente Jacob Zuma, del Congreso
Nacional Africano (African Nacional Congress, ANC). El ANC consiguió el 65,9
por ciento de los votos y el control sobre ocho de las nueve provincias. Un
miembro de la Comisión Electoral Independiente en la provincia de KwaZulu-
Natal fue procesado por falsificación y violación del Código de Conducta
Electoral, el primero de tales casos desde 1994.
El nuevo gobierno se enfrentaba a
desafíos tan importantes como la pobreza persistente, el aumento de los índices
de desempleo y delincuencia violenta y la crisis del sector de la salud. Surgieron
tensiones políticas en el seno de la alianza entre el ANC, el Congreso de
Sindicatos de Sudáfrica y el Partido Comunista en relación con la política
económica, y hubo frecuentes huelgas organizadas por los sindicatos. La
corrupción y el nepotismo impedían que ciertas comunidades tuvieran acceso a
servicios y vivienda, y dieron lugar a la paralización de algunos gobiernos
municipales y a protestas generalizadas entre las comunidades afectadas. La
inestabilidad de la situación contribuyó al aumento del número de casos de
violencia contra ciudadanos extranjeros, de quienes se pensaba que estaban
compitiendo por unos recursos económicos que escaseaban.
Los cambios políticos continuaron
afectando a la independencia y la integridad de la administración de justicia. El
director nacional en funciones de la Fiscalía, Mokotedi Mpshe, retiró los cargos
por corrupción contra Jacob Zuma en abril, aduciendo intromisión indebida en
la causa.
En agosto, sin una vista formal
previa, la Comisión de Servicios Judiciales resolvió que el juez presidente del
Tribunal Superior de El Cabo Occidental, John Hlophe, no era culpable de
conducta indebida grave tras un presunto intento de influir en dos jueces que
preparaban una sentencia que afectaba a la causa contra Jacob Zuma. Una
minoría de los miembros de la Comisión expresaron su desacuerdo con la
resolución.
En noviembre, el presidente Zuma
nombró director nacional de la Fiscalía a Menzi Simelane, quien había sido
objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Comisión del Servicio
Público a raíz de las conclusiones de la comisión de investigación de Ginwala,
según las cuales su testimonio había sido falso y sin fundamento jurídico. Al
final del año no se habían dado a conocer las conclusiones de la Comisión del
Servicio Público.
Tortura y otros malos tratos
Se recibieron informes sobre casos
de tortura y otros malos tratos a manos de la policía contra personas detenidas
como sospechosas de delitos. En algunos de los casos confirmados se utilizaron
la asfixia y las descargas eléctricas para torturar. Aumentó el número de casos
de tortura según la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía,
órgano de vigilancia de la institución policial que, entre abril de 2008 y marzo
de 2009, investigó 828 casos de agresión dirigida a causar lesiones graves,
algunas de las cuales constituían tortura. En varios casos se interrogó y agredió
a los sospechosos cuando estaban bajo custodia sin que existiera registro
alguno de su detención. A pesar de los continuos esfuerzos de la Comisión de
Derechos Humanos de Sudáfrica y las organizaciones de la sociedad civil,
Sudáfrica no ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra
la Tortura.
El Servicio de Inspección Judicial
de Prisiones recibió más de 2.000 denuncias de agresiones a internos por parte
de guardias penitenciarios entre abril de 2008 y marzo de 2009. En octubre
entró en vigor una disposición de la nueva Ley de Enmienda de la Normativa
sobre Servicios Penitenciarios que obligaba a los funcionarios de prisiones a
informar de inmediato al juez inspector sobre cualquier incidente con uso de la
fuerza. El hacinamiento seguía siendo un grave problema; habían 19 cárceles
en situación de "hacinamiento crítico".
Sidwel Mkwambi murió en febrero
bajo la custodia de la Unidad de Lucha contra la Delincuencia Organizada de
Bellville Sur. La policía aseguró que había saltado de un vehículo policial en
marcha, pero sus lesiones no eran compatibles con esta versión. En mayo, el
ministro provincial de Policía ordenó a la policía que cooperase en la
investigación dirigida por la Dirección Independiente de Denuncias contra la
Policía, que remitió el caso a las autoridades fiscales para que adoptaran una
decisión en relación con la formulación de cargos contra 14 miembros de la
Unidad de Lucha contra la Delincuencia Organizada.
Ejecuciones extrajudiciales
En septiembre, el ministro nacional
de Policía y el director nacional de la Policía anunciaron medidas legislativas y
de otra índole para responder con la máxima contundencia a la delincuencia
armada y los ataques contra agentes de policía.
En junio, la Dirección
Independiente de Denuncias contra la Policía informó de un incremento del 15
por ciento en el número de muertes bajo custodia y muertes "resultantes de la
acción policial" durante los dos últimos años documentados. La provincia de
KwaZulu-Natal presentaba el mayor incremento, del 47 por ciento, de 175 a
258 muertes.
Bongani Mkhize, presidente de la
Asociación del Taxi de Maphumulo, murió por disparos de miembros de la
Fuerza Nacional de Intervención el 3 de febrero, cuando, según los agentes,
empezó a disparar contra ellos. Este homicidio, aparentemente relacionado con
la investigación del asesinato de un director de policía, tuvo lugar a pesar de
que tres meses antes el Tribunal Superior de Durban había dictado una
resolución por la que se prohibía a la policía el "homicidio ilegítimo" de Bongani
Mkhize. El Tribunal escuchó testimonios según los cuales el nombre de la
víctima estaba en una lista de sospechosos, todos los cuales habían muerto por
disparos antes de octubre de ese año, varios de ellos después de ser detenidos
e interrogados por la policía.
Un hombre sin identificar murió
por disparos el 29 de octubre en Durban cuando, al parecer, huía de la policía
tras el presunto robo de un vehículo. Testigos presenciales oyeron disparos y
vieron el cuerpo del hombre suspendido de una valla de seguridad cerca de un
edificio de apartamentos. La policía tratóde engañar a investigadores
independientes y contó a los medios de comunicación que se había
electrocutado él mismo en contacto con la valla. Sin embargo, pruebas médicas
demostraban que había muerto debido a una lesión en la espina dorsal causada
por un disparo. No habían indicios de lesión causada por descarga
eléctrica.
Derecho a una vivienda adecuada:
desalojos forzosos
En septiembre, dirigentes y
simpatizantes de Abahlali baseMjondolo, movimiento de base comunitaria para
la defensa de los derechos económicos y sociales, huyeron de sus hogares en el
asentamiento informal de Kennedy Road, cerca de Durban, tras un ataque de
hombres armados. Sus viviendas fueron destruidas y los amenazaron con sufrir
más violencia.
Los agresores identificaron a sus
víctimas por su nombre y con calificativos étnicos, como amaMpondo
(hablantes de la lengua xhosa). Posteriormente, 13 simpatizantes de Abahlali,
todos ellos hablantes de xhosa, fueron detenidos y acusados en relación con la
muerte de dos hombres el 27 de septiembre, la noche del atentado. En cambio,
nadie fue acusado de los ataques contra simpatizantes de Abahlali. Al final del
año se habían retirado los cargos contra uno de los 13 simpatizantes de
Abahlali detenidos mientras que 12 continuaban acusados, de los cuales 7
habían quedado en libertad bajo fianza.
En octubre, el Tribunal
Constitucional resolvió que el artículo 16 de la Ley 6/2007 de Eliminación y
Prevención del Resurgimiento de Barrios Marginales de KwaZulu-Natal no se
ajustaba a la Constitución y lo dejó sin efecto. Abahlali había iniciado la causa
ante los tribunales contra dicha disposición legal en 2008. La resolución de
octubre afectó a miles de personas que vivían en alojamientos informales y sin
seguridad de tenencia sobre la tierra.
A pesar del impacto que tuvo el
satisfactorio resultado de su litigio, la labor comunitaria de Abahlali continuó
sufriendo graves interrupciones debido a los violentos acontecimientos de
septiembre.
Personas refugiadas y
migrantes
A lo largo del año se cometieron
violaciones del derecho a la vida y a la integridad física de refugiados y
migrantes, así como ataques contra sus propiedades. Los episodios de violencia
dieron lugar a desplazamientos en gran escala de comunidades no nacionales
en De Doorns, Siyathemba/Balfour y Polokwane, además de otros episodios
graves en otros lugares. Los ataques iban dirigidos particularmente contra
nacionales somalíes y zimbabuenses. La respuesta de la policía a los incidentes
varió desde la complicidad o el abandono hasta un esfuerzo ostensible por
impedir la escalada de la violencia en algunos casos. Hacia el final del año, el
trabajo de las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil había
empezado a dar resultados en forma de mejoras en la respuesta policial a
situaciones de emergencia.
El presidente Zuma condenó
públicamente la xenofobia y la destrucción de propiedades de ciudadanos
extranjeros. Hubo avances en la redacción de un Plan Nacional de Acción contra
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia. Seguía siendo difícil encontrar soluciones duraderas para algunos
refugiados que habían quedado desplazados internamente, en especial los
provenientes de países en conflicto. Continuaron los episodios de
devolución.
La crisis política y económica de
Zimbabue hizo que aumentara la afluencia de migrantes y solicitantes de asilo a
Sudáfrica. En abril, el gobierno aprobó la entrada sin visado por un periodo de
90 días para los zimbabuenses y anunció un plan para facilitar permisos de
inmigración a los zimbabuenses que ya estaban en el país. Al final del año no se
habían expedido tales permisos. En marzo se cerró repentinamente un albergue
informal para zimbabuenses en la localidad fronteriza de Musina; muchos de
sus ocupantes buscaron refugio en Johannesburgo, especialmente en la Misión
Metodista Central. Al término de 2009, varios miles de zimbabuenses
continuaban refugiados en la Misión sin que las autoridades atendieran sus
necesidades humanitarias.
La policía detuvo en julio a cientos
de personas, la mayoría nacionales de Zimbabue, por "merodear" en las
inmediaciones del centro. Pruebas médicas presentadas constataban que en
algunos casos los detenidos, hombres y mujeres, habían recibido golpes y
patadas, pulverizaciones con aerosol de pimienta y descargas eléctricas con
pistolas paralizantes. La policía insultó a algunos de ellos llamándolos
makwerekwere (forasteros). Tres días después, los 350 detenidos quedaron en
libertad sin cargos. En octubre, la Iglesia Metodista Central y Lawyers for
Human Rights solicitaron que el Tribunal Superior declarara ilegítimas las
detenciones y prohibiera la utilización de la ordenanza municipal contra
merodeadores. La causa seguía abierta al finalizar el año.
Violencia contra mujeres y
niñas
Se anunció la creación de un
Ministerio de Mujeres, Jóvenes, Infancia y Personas con Discapacidad.
Continuaron los informes que
indicaban altos índices de violencia contra mujeres y niñss, si bien fue difícil
comparar datos con años anteriores debido a que había cambiado el marco
jurídico para documentar tales delitos. Según datos policiales sobre el año hasta
marzo de 2009, los delitos sexuales habían aumentado el 10,1 por ciento e
incluían violaciones, tanto de personas adultas como de niños y niñas; más de
30.000 delitos se habían cometido contra mujeres de 18 años o más.
En junio, el Consejo Sudafricano
de Investigación Médica publicó los resultados de un estudio que demostraba
que más de dos quintas partes de los hombres entrevistados habían tenido
comportamientos violentos con su pareja.
La Dirección Independiente de
Denuncias contra la Policía informó al Parlamento en febrero de que su
inspección de 430 comisarías de policía demostraba que muchas distaban de
cumplir sus obligaciones en virtud de la Ley sobre Violencia contra las Mujeres
en el ámbito Familiar. Hubo asimismo varias denuncias corroboradas contra la
policía, entre otras cosas por no detener a hombres ante su incumplimiento de
una orden de alejamiento, por no asesorar a las denunciantes sobre sus
opciones con arreglo a la citada ley y por "ahuyentar" a las denunciantes.
Organizaciones no
gubernamentales y de apoyo informaron de que la policía no había recibido
formación adecuada -y en algunos casos ni siquiera formación básica sobre las
obligaciones que
tenían en virtud de la legislación
sobre delitos sexuales y violencia en el ámbito familiar. Al terminar el año, las
autoridades habían establecido 17 de los 50 centros integrales previstos para
brindar tratamiento, apoyo y acceso a la justicia a las sobrevivientes de
violencia de género. En julio, el ministro de Policía anunció que revisaría la
decisión de cerrar las unidades especializadas de violencia familiar y delitos
sexuales. El trabajo de investigación realizado confirmó que la decisión de
cerrar tales unidades en 2006 había dado lugar al deterioro de los servicios y a
un descenso del número de detenciones y condenas.
En noviembre, el Tribunal para la
Igualdad se reservó la opinión en relación con una denuncia por apología del
odio presentada por la ONG Sonke Gender Justice contra el presidente de la
Liga Juvenil del ANC, basada en unos comentarios públicos que aparentemente
denigraban a las mujeres que denunciaban haber sido violadas.
Derecho a la salud: personas con
VIH y sida
ONUSIDA calculaba que unos 5,7
millones de personas vivían con el VIH. En julio, el número de pacientes de sida
que estaban recibiendo tratamiento antirretroviral se había elevado, según
cálculos, a unos 870.000, casi la mitad de las personas que lo necesitaban. La
mala planificación gubernamental y la falta de personal hicieron que algunos
hospitales sufrieran escasez de medicamentos antirretrovirales y no pudieran
empezar a aplicar el tratamiento a nuevos pacientes. En octubre se aumentó la
asignación presupuestaria para medicamentos contra el VIH.
El VIH y el sida seguían infectando
y afectando de manera desproporcionada a las mujeres. En junio, el estudio
sobre la prevalencia del VIH en el territorio nacional publicado por el Consejo
de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica demostró que las mujeres
de entre 15 y 19 años presentaban una prevalencia del 6 por ciento, más del
doble de la prevalencia en los varones del mismo grupo de edad, y se elevaba a
más del 32 por ciento en las mujeres de entre 25 y 29 años. Las mujeres
africanas de entre 20 y 34 años fueron identificadas como el grupo de
población en mayor situación de riesgo de todo el país.
El 1 de diciembre, Día Mundial de
la Lucha contra el SIDA, el gobierno anunció una nueva campaña para
promover el sometimiento voluntario a la prueba del VIH entre otras medidas
para combatir la epidemia.
Justicia internacional
Tras las protestas de la sociedad
civil, el gobierno confirmó en agosto que tomaría medidas en relación con la
orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional contra el presidente
de Sudán si éste viajaba a Sudáfrica, a pesar de la postura adoptada en la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana celebrada en
Sirte (Libia) en julio.
En diciembre, organizaciones de
derechos humanos solicitaron al Tribunal Superior de Pretoria
que dictara una orden para
declarar ilegal la decisión de las autoridades sudafricanas de no abrir una
investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en
Zimbabue por personas de las que se sabía que habían viajado a Sudáfrica.
Informes y visitas de Amnistía
Internacional
Delegaciones de Amnistía
Internacional visitaron Sudáfrica en marzo, en julio y agosto, y en
noviembre.
Human rights concerns in South
Africa: Memorandum sent to the South African government - August 2009 (AFR
53/008/2009)
South Africa: Failure to conduct
impartial investigation into Kennedy Road violence is leading to further human
rights abuses (AFR 53/011/2009)
¿Cuál es la preocupación de
Amnistía Internacional durante la Copa Mundial Sudáfrica 2010? (2)
Se ha incrementado el acoso
policial a los vendedores ambulantes, personas sin techo sudafricanas y
personas refugiadas y migrantes que viven en albergues u otro tipo de
alojamiento en áreas urbanas de alta densidad.
Este acoso ha consistido, entre otras cosas, en registros policiales, detenciones
arbitrarias, malos tratos y extorsión, así como destrucción de viviendas
informales.
La destrucción de viviendas informales se ha llevado a cabo sin previo aviso, sin
que se haya ofrecido alojamiento alternativo adecuado ni indemnización y
contraviniendo la legislación nacional que prohíbe los desalojos forzosos.
La normativa creada para cumplir los requisitos fijados por la Copa Mundial de
la FIFA en las ciudades anfitrionas está siendo utilizada por la policía para
expulsar a personas sin hogar y vendedores ambulantes de los "lugares de
acceso controlado" y otras zonas de exclusión alrededor de los lugares donde
se celebrará la Copa Mundial. El incumplimiento de esta normativa se castiga
con multas de hasta 10.000 rands (1.300 dólares estadounidenses) o penas de
hasta seis meses de cárcel.
En mayo de 2010 los vendedores ambulantes protestaron frente al centro de
operaciones local de la FIFA en Soweto pidiendo el fin de los desalojos y de la
destrucción de sus medios de subsistencia cerca de los estadios de fútbol. En
otros lugares se han producido enfrentamientos tensos entre la policía y los
vendedores ambulantes, motivados por la incautación de productos de los
vendedores, bajo el pretexto de limpiar las calles para la Copa Mundial.
Violencia xenófoba
En los cinco primeros meses de 2010 se registraron al menos 11 incidentes en
cinco provincias que incluyeron ataques violentos y saqueo de comercios,
especialmente de ciudadanos somalíes y etíopes.
Esta violencia a menudo ha ido asociada a las protestas públicas por la
corrupción y porque el gobierno local no garantiza los servicios básicos en los
vecindarios más pobres.
Hay quien considera a las personas refugiadas y migrantes competidores en el
acceso al mercado laboral, la vivienda y las oportunidades económicas, lo que
las ha convertido en blanco de la violencia durante las protestas. Sin embargo,
las actitudes xenófobas también alientan la violencia y parecen estar detrás del
hecho de que la policía no haya respondido con prontitud o, en algunos casos,
que haya actuado en connivencia con los autores de la violencia. También ha
resultado muy difícil para las víctimas acceder a la justicia y obtener
indemnización.
A principios de junio el gobierno respondió a los llamamientos de la sociedad
civil sudafricana, Amnistía Internacional y otras instancias en los que se
solicitaba que prestase atención urgente a las señales de una posible violencia
xenófoba a gran escala, incluidas las amenazas proferidas contra personas
refugiadas y migrantes de que "después del Mundial" volverán a ser expulsadas
de sus barrios o del país.
Después de la reunión del consejo de ministros celebrada el 2 de junio, el
gobierno anunció la creación de un comité interministerial que se centrará en
los incidentes y amenazas de ataques contra ciudadanos extranjeros y prometió
que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley actuarán con rapidez
contra cualquier persona que incite o participe en actos de violencia contra
ciudadanos extranjeros. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta
medida.
Delitos violentos y actuación policial
Las fuerzas de seguridad han elaborado planes para garantizar la protección de
los estadios de fútbol y otras áreas donde se espera que se congreguen los
aficionados y visitantes.
Amnistía Internacional tiene algunos motivos de preocupación en relación con
estos planes. En primer lugar, que los enormes recursos que han tenido que
desplegarse para la Copa Mundial, en su mayoría como parte de los requisitos
fijados por la FIFA, tendrán consecuencias para la seguridad de los
sudafricanos, especialmente para los que viven en los barrios más pobres
donde la actuación policial efectiva y la prevención del delito ya constituyen
retos importantes.
Las personas refugiadas y migrantes, que en la actualidad no disfrutan de una
protección policial adecuada contra los ataques xenófobos, pueden ser todavía
más vulnerables.
En segundo lugar, la prioridad otorgada a la protección de los visitantes puede
llevar a la policía a hacer un uso indebido de fuerza letal contra presuntos
delincuentes de una forma contraria a las normas internacionales de derechos
humanos. Los planes de emergencia de la policía en relación con el
"extremismo nacional" y las "protestas" no deberían resultar en el uso de fuerza
excesiva o en la violación del derecho de los manifestantes a reunirse
pacíficamente.
Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado un incremento
en los casos de tortura de sospechosos en investigaciones criminales, uso
excesivo de la fuerza contra manifestantes y muertes a consecuencia de uso
indebido de fuerza letal en 2009. A lo largo de los dos últimos años, en la
provincia de KwaZulu-Natal las muertes por disparos de la policía se
incrementaron en un 47 por ciento.
Gastos derivados de la Copa Mundial
Sudáfrica se enfrenta a problemas socioeconómicos graves y el gobierno está
intentando abordar eficazmente las elevadas y persistentes tasas de
desempleo, la grave desigualdad y las carencias en la provisión de servicios
básicos a las comunidades rurales y urbanas más desfavorecidas.
Amnistía Internacional no tiene una opinión sobre el gasto de los gobiernos en
relación con la organización de eventos deportivos a gran escala. Durante la
preparación de la Copa Mundial parece que se han creado oportunidades de
empleo temporal y también puede derivarse un beneficio a más largo plazo del
desarrollo de una infraestructura mejorada de transporte público urbano.
Sin embargo, los miembros de las comunidades pobres han seguido
protestando y expresando su preocupación por que la mayoría de los
sudafricanos sigan excluidos de los beneficios de albergar la Copa Mundial.
Los requisitos impuestos por las "leyes de la FIFA" según los cuales deben
crearse amplias zonas de exclusión para la actividad económica informal se
consideran especialmente perjudiciales en el contexto de un país donde un gran
número de sudafricanos dependen totalmente de la economía del sector
informal para subsistir.
Una de los principales centros de interés de la campaña de Amnistía
Internacional en Sudáfrica es promover un acceso mayor y no discriminatorio a
los servicios de salud relacionados con el VIH en materia de prevención,
tratamiento y cuidados, especialmente para las mujeres que viven en áreas
rurales remotas.
Aunque el gobierno lanzó recientemente una nueva iniciativa para combatir la
epidemia provocada por el VIH, tendrá que exhibir la misma determinación que
ha mostrado al preparar la Copa Mundial para superar los obstáculos
relacionados con el transporte y de otro tipo con el fin de garantizar el derecho
a la salud de las mujeres que viven en áreas remotas y a quienes afecta
desproporcionadamente la epidemia.
Amnistía Internacional insta al gobierno sudafricano a:
• poner fin a las detenciones arbitrarias y otros abusos contra la población
sudafricana pobre, incluidos vendedores ambulantes, y personas migrantes,
derivados del uso indebido de ordenanzas locales y normas relacionadas con la
Copa Mundial;
• llevar a cabo una investigación independiente y completa sobre los presuntos
abusos cometidos por la policía y las autoridades gubernamentales locales y
garantizar el acceso a la justicia e indemnización a las personas afectadas;
• garantizar que cualquier uso de
la fuerza por parte de la policía para mantener el orden público es
proporcionado y acorde con las normas internacionales de derechos
humanos;
• garantizar la puesta en práctica
sin demora de mecanismos eficaces de prevención y respuesta en caso de
emergencia, así como medidas para combatir la impunidad por delitos contra
personas refugiadas y otras personas necesitadas de protección internacional.
• incrementar los esfuerzos para
abordar los abusos persistentes contra los derechos de las mujeres a la
dignidad y la igualdad, como elementos clave de los programas de prevención y
tratamiento de la infección por VIH.
Consideraciones finales
No dejemos que las vuvuzelas y
los gritos de goles opaquen nuestra mirada a una realidad preocupante. Por eso
solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MORANTE, ANTONIO ARNALDO MARIA | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |