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PROYECTO DE TP
Expediente 5255-D-2015
Sumario: EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ACUERDO ALCANZADO EN LA CIUDAD DE LA HABANA, REPUBLICA DE CUBA, ENTRE EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA ORGANIZACION TERRORISTA FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS - FARC - DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
Fecha: 24/09/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 129
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su beneplácito ante
el acuerdo alcanzado en la ciudad de La Habana (Cuba) entre el
presidente constitucional de la República de Colombia Dr. Juan Manuel
Santos y la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), quienes acordaron firmar la paz definitiva en seis
meses, previo otorgamiento de una amnistía lo "más amplia posible" para
delitos políticos, pero no para los crímenes de lesa humanidad y
estableciendo justicia transicional para poner fin al conflicto vigente
desde el año 1964.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc), Rodrigo Londoño Echeverri, alias
"Timochenko", anunciaron ayer un histórico acuerdo sobre justicia
transicional para intentar poner fin al conflicto de más de 50 años. Y
aseguraron que, a más tardar en seis meses, es decir en marzo de 2016,
deberá estar firmado el Acuerdo Final del Proceso de Paz.
Tras un día cargado de
expectativa y rumores, la cabeza del Ejecutivo de Colombia y el máximo
líder de la guerrilla se reunieron por primera vez en La Habana. Nunca se
habían visto anteriormente. Tras su encuentro privado, encabezaron un
acto en el que asistió también el presidente de Cuba, Raúl Castro, y
delegados de los países garantes y acompañantes del proceso de paz:
Noruega y Cuba, y Venezuela y Chile.
"Hoy es un día crucial y muy
positivo en el avance de nuestro país hacia la paz y hacia la terminación
del conflicto armado", dijo el mandatario en el mensaje que pronunció
luego de la lectura de la declaración conjunta que refleja el acuerdo entre
el gobierno y la organización guerrillera.
"Me reuní con el
comandante máximo de las Farc y acordamos una fecha límite para
firmar el acuerdo final" y "a más tardar ese día, en exactamente seis
meses, estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga
guerra de Colombia", señaló Santos.
El Jefe de Estado reiteró
algunos de los aspectos centrales del comunicado conjunto que acababa
de ser leído, a los que calificó como "anuncios trascendentales". "Hay
algo más, de la mayor importancia: hemos logrado un acuerdo sobre las
bases de un sistema de justicia; este tema es, tal vez, el más difícil y el
más complejo de definir, así ha sido en todos los procesos de paz del
mundo", remarcó Santos. Poco después, "Timochenko" afirmó que el
acuerdo "generará ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las
restantes temáticas de la agenda".
"Esta jurisdicción fue
diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no
combatientes, y no sólo para una de las partes", dijo el jefe guerrillero,
que exhortó a las partes a "multiplicar esfuerzos" destinados a "la
transformación de las Farc en un movimiento político legal".
De acuerdo con el anuncio,
se creará una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de
justicia y con un tribunal especial que estarán integrados especialmente
por magistrados colombianos y, en participación minoritaria, juristas
extranjeros.
La función de estos dos
mecanismos será "acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a
la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los
responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado,
particularmente los más graves y representativos, garantizando la no
repetición".
El acuerdo, leído por los
delegados garantes de Cuba, Rodolfo Benítez, y de Noruega, Dag
Nylander, expresa que a la terminación de las hostilidades, el Estado
otorgará "la amnistía más amplia posible por delitos políticos y
conexos".
En ese sentido, aclara que
"en todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas
tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa
humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes,
secuestro, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada,
ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual".
La jurisdicción especial para
la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la
guerrilla, sino a todos los agentes del Estado, por los delitos cometidos en
el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos: uno
para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no
lo hacen o lo hacen tardíamente, señala el texto.
Quienes reconozcan delitos
muy graves serán condenados a un mínimo de cinco años y a un máximo
de ocho años de restricción de la libertad en condiciones especiales.
Los que se nieguen a
reconocer delitos y luego resulten culpables podrán pasar hasta 20 años
de cárcel en condiciones ordinarias (Fuente: La Voz del Interior).
Recordemos que las FARC
fueron creadas en el año 1964 y desde entonces mantienen sus acciones
terroristas ininterrumpidamente. Esta organización afirma que su objetivo
es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas,la
intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia,
mediante el establecimiento de un anacrónico Estado marxista-leninista y
bolivariano. Además el grupo está involucrado en negocios considerados
ilegales como el robo, la extorsión, el secuestro y tráfico de armas y
drogas.
Sus operaciones,
intermitentes, abarcan parte del territorio Colombiano y se realizan de
acuerdo a necesidades operacionales y de movilización de este grupo. En
los últimos años ha centrado su accionar en las zonas de frontera. Las
FARC también tienen presencia urbana (frentes urbanos, conocidos como
milicias o células) en varias ciudades colombianas, donde realizan
acciones de encapuchados en universidades públicas y de terrorismo. A
su vez cuentan con presencia en zonas pobres o marginales urbanas
donde se disputan los territorios con los paramilitares, o donde han
construido barrios.
En varias operaciones han
utilizado medios y armas no convencionales que se encuentran prohibidas
por la Convención de Ginebra y las Naciones Unidas.
Los acuerdos alcanzados el
jueves 23 de septiembre en La Habana trás 41 rondas de negociaciones
entre delegados de ambas partes a lo largo de casi tres años atañen a las
siguientes cuestiones: desarrollo agrario, participación política, drogas
ilícitas y el punto de justicia transicional anunciado este miércoles, que
definirá las responsabilidades de los actores del conflicto y la manera
como se juzgarán los crímenes cometidos. Todos estos puntos se
implementarán una vez firmado un acuerdo final.
Desarrollo agrario: se creará
un fondo de tierras de distribución gratuita, además de un formalización
de la propiedad rural, se entregarán subsidios y se creará una jurisdicción
agraria, entre otros puntos. La cuestión agraria es clave,
ya que muchos especialistas
consideran las disputas por la tierra el elemento central en los orígenes
del conflicto.
Participación política: se
establecerán mecanismos para la creación de nuevos partidos políticos,
así como circunscripciones especiales en las zonas más afectadas por el
conflicto, donde se podrán elegir parlamentarios extra a los ya existentes;
todo en el marco de lo que las partes denominaron una "nueva apertura
democrática".
Además acordaron "asegurar
que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas". Para eso,
se comprometieron a que "todos quienes ejercen la política" tengan "la
seguridad que no serán víctimas de las armas".
Esto es clave para las FARC,
que no quieren convertirse en objetivos una vez dejadas las armas; y la
forma en que se dará esta garantía es parte de las negociaciones que se
espera sigan al anuncio de este miércoles.
Drogas ilícitas: respecto a la
solución al problema de las drogas, gobierno y FARC consensuaron que
se desarrolle la sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos; Colombia
es hoy el principal productor de coca del mundo. También acordaron
tratar como problema de salud pública el consumo de sustancias ilícitas e
intensificar la lucha contra el narcotráfico.
Justicia transicional: El
gobierno y las FARC acordaron la creación de una jurisdicción especial
para la paz, que será integrada por magistrados colombianos y de otros
países, quienes examinarán los delitos cometidos por los actores del
conflicto. El gobierno ofrecerá una amnistía para los delitos excepto las
violaciones graves a los derechos humanos.
La justicia transicional
establece que los combatientes que se desmovilicen dentro de los 60 días
siguientes a la firma de los tratados de paz y confiesen sus delitos,
podrían enfrentar penas de hasta ocho años, en condiciones especiales
de restricción a la libertad. En cambio, los que no confiesen sus delitos y
sean encontrados culpables pueden enfrentar penas de hasta 20
años.
Otros acuerdos: Como parte
del proyecto de sustitución de cultivos, en marzo de este año gobierno y
FARC anunciaron que trabajarían en forma conjunta en el desminado de
zonas rurales, proyecto que ya comenzó en un municipio y que prevé
extenderse a un segundo.
Es altamente halagüeño que
en breve se ponga fin al conflicto vigente más antiguo del continente
Americano, como en su momento se hizo en Colombia con los guerrilleros
del M-19. Es dable destacar el establecimiento de una justicia
transicional, amnistiando ampliamente todos los delitos denominados
"políticos", pero sin alcanzar a los considerado de lesa lumanidad.
Es por ello, que solicito el
acompañamiento de mis pares a fin de aprobar la presente
resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |