La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe a esta Honorable Cámara con carácter de urgente, por medio de los funcionarios nacionales responsables, la actual situación respecto del malogrado proceso de dragado del canal Martín García toda vez que la solicitud que oportunamente redacté por este mismo tema en el mes de mayo de 2012 nunca me fe contestada.

Señor presidente:

El 22 de mayo del corriente, por Expediente 3250-D-2012 del Trámite Parlamentario número 53 solicité por medio de Resolución al Poder Ejecutivo Nacional informar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación los motivos en los que se basó el grupo argentino de la Comisión binacional Administradora del Río de la Plata (CARP) para aceptar el aumento del canon de la empresa Riovía S.A. en un 40% en lugar de contratar a la empresa Van Oord oferente de idéntico servicio a un costo de 6 millones de dólares menos, con el objeto, entre otros temas, de descartar las sospechas de irregularidades en la citada prórroga, denunciadas por medios uruguayos.

Pasados mas de dos meses de la mencionada presentación aún sigo esperando la respuesta, no obstante lo mas preocupante del caso no es la ausencia de la misma sino la significativa relevancia que tomó el tema durante la úlima semana del mes de julio de 2012 alimentada eminentemente por las sospechas de corrupción informadas por una auditoría oficial realizada por el gobierno uruguayo.

Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior cumplo en recordar lo expresado en mi Resolución del 22 de mayo donde expresé, "Asimismo pedimos se nos provea el informe de la auditoría conjunta efectuada por la CARP, oportunamente solicitada por el Canciller argentino Héctor Timerman, a su par uruguayo Luís Almagro con el objeto de establecer si Riovía S.A. ha incurrido en acto de corrupción alguno, antes de otorgarle la aprobación de sus futuros trabajos de dragado".

Hoy nos enteramos por los medios de prensa que la Cancillería argentina resolvió suspender nuevas actuaciones relativas al Canal Martín García hasta tanto el Gobierno uruguayo se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas "sobre la regularidad de los precedimientos" expresadas por el Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay.

Es para destacar que lo que desde el ministerio dirigido por del Sr. Timerman se menciona como dudas de regularidad es otra cosa que sospechas de corrupción planteadas por las autoridades uruguayas.

Mi pregunta no apunta a si la prórroga del concesionario ahorró o no presupuesto a la CARP, ni tampoco si lo que expresan los diarios argentinos es correcto o incorrecto. Lo que motiva la redacción del presente es poder llevar adelante una interpelación parlamentaria al canciller Timerman toda vez que de la auditoría efectuada por el Tribunal de Cuentas del Uruguay (TCU) surge una denuncia por demás alarmante y de carácter internacional tal como lo expresado por el ministro uruguayo itinerante Julio Baraibar quien mencionó un intento de soborno en Argentina en el 2010 al delegado uruguayo en la CARP, (en esa época embajador en Buenos Aires) para que favoreciera la continuidad de la empresa Riovía.

Si bien ante esta denuncia la cancillería argentina señaló que "es importante permitir que el Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del Gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría", no se trata en este caso de otorgar plazos, generar reuniones, ni tampoco de afirmar o contradecir dichos. Es en casos como estos donde se torna imperativo que el Poder Ejecutivo Nacional en pos de mostrar la transparencia que todo gobierno democrático debe poseer, informe publicamente a propios y extraños su verdad ante los lamentables acontecimientos aquí referenciados.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.