La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Resuelve declarar:

1. Su repudio a la sistemática campaña que convoca al odio y la confrontación así como a la ola de violencia y terrorismo desatados en la Prefectura de Santa Cruz, Pando y otras regiones de la República de Bolivia, por la Unión Juvenil Cruceñista y organizaciones políticas opositoras, contra los diferentes sectores de la población que se identifican con la gestión gubernamental del Presidente Evo Morales quien fuera elegido democráticamente por la mayoría de sus compatriotas.

2. Su rechazo al racismo, falta de solidaridad y actitudes antidemocráticas de los militantes de la autonomía departamental que continuaron su campaña confrontativa con la toma violenta de instituciones y organizaciones que les son totalmente ajenas.

3. Su inquietud por la toma de una planta -ubicada en Chuquisaca- de gas destinado a la República Argentina.

4. Su preocupación y dolor por el recrudecimiento de la violencia y de los actos de desacato a las Instituciones y al orden legal.

5. Su apoyo a la campaña pacificadora que lleva a cabo la Coordinadora Interinstitucional por los Derechos Humanos de Santa Cruz, la cual está integrada por diez organizaciones no gubernamentales.

6. Su solidaridad con el Gobierno Constitucional de Bolivia, el cual decidió no dictar el estado de sitio y respondió a la violencia con mensajes y propuestas tendientes a la resolución pacífica del conflicto, así como su esperanza de que cesen las acciones de los grupos que usan la violencia y la intimidación.

7. Su profundo deseo de que los sectores polìticos bolivianos respeten la institucionalidad democràtica y retomen los canales de diálogo y de concertación en la búsqueda de una solución negociada y duradera.

8. Su condena y sentido duelo por el asesinato de un número indeterminado de campesinos e indígenas que marchaban pacíficamente en el Departamento de Pando.

Señor presidente:

De acuerdo con lo publicado por diferentes medios gráficos, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el martes 9 de septiembre de 2008, militantes pertenecientes a la Unión Juvenil Cruceñista, organización caracterizada por el sistemático ejercicio de la violencia - particularmente contra la población indígena-, atacaron y saquearon mercados populares, desvastaron las oficinas de Impuestos Nacionales Grandes Contribuyentes, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la radio campesina "Patria Nueva", la estatal Televisión Boliviana y la sede de una organización que brinda asesoramiento jurídico a campesinos e indígenas -el Centro de Estudios Jurìdicos e Investigación Social-, entre otras Instituciones. Lo cual se agrava por la agresión individual a campesinos e indígenas absolutamente indefensos.

Los agresores sostienen que sus actos están motivados por la negativa del Gobierno Nacional a devolver a las prefecturas el 30 % del impuesto Directo a los Hidrocarburos, dinero con el cual el Gobierno financia una renta vitalicia a la vejez. Sin embargo, según fuentes oficiales, esta cifra sólo representa el 6 % de lo que reciben las prefecturas.

Fueran cuales fueren los argumentos esgrimidos por la Unión Juvenil Cruceñista, lo cierto es que no hay nada que justifique la violencia ejercida que, sólo el martes, terminó con más de 50 heridos, 13 de ellos policías. Para el jueves 11 de septiembre, los medios comentaban la existencia de no menos de diez muertos. Empero lo cual, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, justificó la violencia: "Lo sucedido es consecuencia del terrorismo de Estado del gobierno", dijo Costas.

No sólo el señor Costas defiende la violencia. El diputado de Poder Democrático Social, afirmó: "Somos lo suficientemente fuertes como para partir al país y si tengo que agarrar un palo, una honda, un arma, lo voy a hacer, pero voy a defender mi territorio y nadie va a pasar por encima".

Más allá de estas lamentables palabras, en los hechos, la violencia se reiteró en el Chaco Boliviano. Los llamados "cívicos" (opositores al Gobierno Nacional), durante la madrugada del miércoles 10 de septiembre, tomaron el campo Vuelta Grande, entre Santa Cruz y Chuquisaca, administrado por la empresa argentina Panamerican Energy y cerraron 26 pozos gasíferos. De allí proviene parte del fluido que abastece a nuestro país lo cual es un motivo más que válido para que nos preocupemos por la situación que pasa el país hermano.

Por su parte, en la ciudad de Tarija, "cívicos" y empleados de la Prefectura tomaron el aeropuerto local e intentaron hacer lo mismo con el Mercado Popular lo cual no lograron debido a la resistencia campesina, aunque en el intento dejaron no menos de ocho heridos. También cortaron la luz con el objeto de que no pudiera transmitir la Radio Patria Nueva que sostiene la defensa de los sectores campesinos.

Asimismo, en el Departamento de Pando fuerzas opositoras emboscaron una pacífica marcha de campesinos e indígenas y, mediante el uso de todo tipo de armas de fuego, provocaron más de setenta muertos, así como de un número indeterminado de heridos y desaparecidos.

No escapa a ningún analista, que esta sucesión y coincidencia de hechos de violencia dirigidos contra los sectores populares y el Gobierno Nacional, podría dar lugar a una decidida represión gubernamental. Sin embargo, en una actitud que lo dignifica, el Gobierno presidido por Evo Morales, decidió no dictar el estado de sitio en Santa Cruz. Al respecto, el Ministro de Defensa, Walker San Miguel, manifestó "que por un grupo de 500 o 1.000 malandrines no vamos a alterar la vida de un millón de cruceños". Todo un ejemplo de sensatez y civismo. Recién cuando se provocaron las muertes en Pando se dictó un estado de sitio localizado exclusivamente en tal Departamento y se instruyó a las Fuerzas Armadas para desbloquear las rutas, hecho que se produjo sin que existieran víctimas.

Cabe destacar que el Secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no se mantuvo ajeno a los hechos. De hecho, manifestó su repudio por los disturbios ocurridos en las últimas 48 horas en Bolivia y reiteró que "no es aceptable" el uso de la violencia por parte de la oposición "por mucho que se reclamen autonomías".

En razón de lo anteriormente expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares y la aprobación del presente Proyecto de Resolución.