El Senado y Cámara de Diputados...

Creación de delegaciones del INPI en el interior del país.

ARTÍCULO 1: Modifíquese el art. 10 de la Sección 2da - Formalidades y Trámites de registro- de la Ley de Marcas y Designaciones Ley Nº 22.362, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir.

En el ámbito de las provincias, la Autoridad de Aplicación de la presente Ley deberá dar creación a delegaciones regionales, conforme a las normas que lo reglamenten, a los efectos de llevar a cabo el trámite correspondiente a la registración de una marca".

ARTICULO 2 : De Forma.

Señor presidente:

La ley Nº 24.481 de patentes de invención y modelos de utilidad, en su artículo 93 creó al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, como organismo autárquico, con personería jurídica y patrimonio propio, funcionando como organismo descentralizado del Ministerio de Industria de la Nación. Dicho instituto es autoridad de aplicación de La ley Nº 22.362 y su decreto reglamentario 558/81 modificado éste último por el Decreto 1141/2003, el cual regula el trámite de registro de las marcas de productos y servicios y designaciones comerciales.

El presente proyecto de ley propende a la federalización del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual -INPI- en la actualidad, quien desea obtener el registro de una marca debe dirigirse hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, al no contar con delegaciones regionales ó provinciales aquellas personas que no se encuentran en la CABA, deben realizar un trámite engorroso, lento y burocrático, con gastos innecesarios.

La descentralización del INPI, no sólo logra mayor agilidad, economía, eficacia y eficiencia en el registro marcario, sino desarrollo regional y una mayor igualdad de trato entre los habitantes de la Nación, este último principio consagrado en nuestra Constitución Nacional. A su vez cabe destacar que la Constitución Nacional pone en cabeza del legislador, la obligación de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución (art 75, inc. 23).

A nivel regional la creación de dichas delegaciones no solo implica bienestar social sino que otorga mayor autonomía y competencia respondiendo eficazmente a las demandas de la comunidad sin importar cuán lejos estén los grandes centros urbanos.

En ese sentido, una persona tiene el derecho no sólo cuando aparece escrito en el papel, sino cuando tiene la forma para hacerlo concreto y, muchas veces, las dificultades de las vías administrativas generan que quienes tienen menos recursos de hecho no pueden efectivizar sus derechos (porque no pueden disponer de mucho tiempo, porque trabajan todo el día, porque no pueden pagar un gestor, porque no pueden consultar un abogado, porque no saben a donde tienen que ir o porque no pueden costear el pasaje o lo hacen con gran dificultad).

En ésta línea, la profundización del modelo económico, social y político iniciado en el año 2003, no sólo se relaciona con medidas económicas de carácter distributivo como la reestatización de los fondos de las AFJP, la Asignación Universal por Hijo, el presupuesto educativo de poco más del 6% del P.B.I, la reducción del desempleo, entre otras de impacto en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la Nación; sino también se vincula con la profundización del federalismo, garantizando el acceso e igualdad de oportunidades en aquellos lugares más recónditos de la argentina.

Regionalmente no solo resulta un mecanismo idóneo, transparente y para reducir los costos administrativos, técnicos y económicos en esta materia, sino que también implica una herramienta útil para el desarrollo de la región, ya que permitiría aumentar el nivel de competitividad, tracción económica, desarrollo de infraestructura y fundamentalmente generación de empleo y progreso.

Sr. Presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto de Ley.