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PROYECTO DE TP
Expediente 5215-D-2007
Sumario: INTERPELACION AL MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION MIGUEL PEIRANO, PARA QUE INFORME SOBRE EL INCREMENTO A LOS DERECHOS DE EXPORTACION PARA DETERMINADOS GRANOS, OLEAGINOSAS Y SUBPRODUCTOS.
Fecha: 14/11/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 151
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder
Ejecutivo para solicitar, en forma urgente, la presencia en esta
Honorable Cámara del Ministro de Economía y Producción, Lic. Miguel
Peirano, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin
de dar explicaciones respecto de la decisión adoptada de incrementar los
derechos de exportación para determinados granos, oleaginosas y
subproductos, instrumentada por las Resoluciones Nº 368 y 369 de fecha
7 de noviembre de 2007.
Asimismo, el Ministro de
Economía deberá brindar todas las explicaciones que le sean requeridas
con relación al cierre del registro de exportadores implementada por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en virtud de que
este organismo se encuentra bajo su dependencia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto
tiene por objeto llevar adelante la interpelación, en el seno de esta Honorable
Cámara, del Señor Ministro de Economía y Producción, Lic. Miguel Peirano, de
conformidad con la facultad que le otorga el artículo 71 de la Constitución
Nacional que así lo dispone: "Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su
sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes
que estime convenientes."
Con fecha 9 del corriente se
publicaron, en el Boletín Oficial, las Resoluciones del Ministerio de Economía Nº
368 y 369 por medio de las cuales se aplicaron nuevas alícuotas de los derechos
de exportación para los granos y subproductos.
Para el complejo sojero, la alícuota
del poroto pasó del 27,5% al 35%, mientras que el aceite de soja ascendió del
24% al 32%. En el caso del girasol, pasó del 23,5% al 32% y su aceite al 30%.
Para el trigo y el maíz, el derecho de exportación subió a 28% y 25%
respectivamente.
De acuerdo a los valores de
exportación previstos para estos productos, dan cuenta que el incremento en
retenciones posibilitará que el Gobierno Nacional cuente con una masa adicional
de recursos que, según diversas estimaciones, podrían alcanzar alrededor de los
1.500 millones de dólares anuales.
Una de las primeras cuestiones que
corresponde considerar está relacionada con el propósito que se pretende
perseguir con este incremento, ya que, aunque desde la posición oficial se
sostiene que el objetivo es lograr alcanzar la estabilidad de precios en el mercado
interno y por consiguiente disminuir los impactos en la plaza local del aumento
internacional de los precios de los productos agrícolas, no puede dejar de
considerarse que en el actual contexto las necesidades de mayores recursos por
parte del Gobierno Nacional resultan ser una de las razones de peso en la
aplicación de medidas de este tenor.
Así se puede constatar que, con un
volumen de gastos que alcanzó cerca de los 88 mil millones de pesos en los
primeros meses del año, el gasto primario de la Administración Nacional aumentó
un 54% con relación al mismo período del 2006 en un contexto de menor
crecimiento en los ingresos, lo que originó un importante deterioro en las cuentas
públicas, aún cuando se incorporaron ingresos extraordinarios provenientes del
traspaso de fondos de la AFJP al ANSES. Por lo tanto el requerimiento de fondos
adicionales adquiere una especial relevancia para poder llegar a alcanzar la meta
presupuestaria de superávit primario cercano al 3,5%.
Por otra parte, la experiencia
registrada en los últimos años muestra que la argumentación de la estabilidad de
precios tiene dudosa credibilidad atento a los magros resultados alcanzados en la
política antiinflacionaria implementada en los últimos años, y en especial en el
presente, en donde el aumento de la tasa de inflación interna alcanzó guarismos
significativos, aún cuando ya se está aplicando un esquema de retenciones para
el sector.
Estas medidas están demostrando,
una vez más, que el Gobierno carece de un plan integral de desarrollo para el
sector agropecuario que permita el eslabonamiento de la cadena agro-industrial,
que incentive la reinversión del producido de las cosechas y genere fuentes de
trabajo genuino.
Con estas medidas, el Gobierno
Nacional demuestra que pretende continuar con las líneas de acción iniciadas que
implican la apropiación de parte del sector agropecuario de una parte importante
de recursos (sin considerar el aumento de las alícuotas el proyecto de
presupuesto del 2008 prevé una recaudación de alrededor de 24 mil millones de
pesos), lo que implica tener una mirada cortoplacista que, muy lejos de toda
concertación social, posee como único sustento engrosar la "caja de
domesticación política" con una porción importante del intercambio de
commodities.
Los datos muestran que la
recaudación por retenciones a las exportaciones, además de ser muy
significativas, no son coparticipables y, por lo tanto, son recursos que no vuelven a
las provincias de manera automática sino que terminan siendo utilizadas, de
manera discrecional, por el Gobierno Nacional para destinarlas a financiar, entre
otros, por ejemplo proyectos de inversión de obras públicas que se traduce, en la
práctica, en una clara forma de coptación de voluntades y termina operando como
un factor que profundiza las brechas regionales.
No se puede dejar de reconocer que
las retenciones a las exportaciones constituyen un fuerte desaliento a la
producción agropecuaria. Al distorsionar las señales de precios, generar
incertidumbre, representa un sistema regresivo e injusto ya que aplica las mismas
alícuotas a los pequeños y medianos productores que a los grandes pooles de
siembra, concentrando lo recaudado en el Estado Nacional para distribuirlo de
manera discrecional.
En lugar de continuar con esta
política de sangría al sector agropecuario, debería avanzarse en una baja gradual
y diferenciada de las retenciones a la exportación de granos, acompañada de una
reforma tributaria integral, de modo que tributen más los que más tienen y se
coparticipen los recursos con las provincias.
Antes de abordar la cuestión
inherente a la instrumentación de la medida, se considera importante resaltar que
en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2008 no está contemplado el
aumento de la recaudación que se registrará como consecuencia del incremento
de las alícuotas de las retenciones. Por lo tanto, en la medida que no se
incorporen tales ingresos y se defina su respectiva asignación presupuestaria,
estaremos convalidando desde el Congreso al Ejecutivo a la utilización del mismo.
Cabría tener presente que sólo en este año el Ejecutivo realizó gastos sin la
intervención del Congreso por más de 14 mil millones de pesos.
En lo que concierne a la aplicación
de la medida que puso en vigencia el aumento de las retenciones y que se
instrumentó por las Resoluciones firmadas por el Ministro de Economía 368 y 369
de fecha 7 de noviembre, existieron una serie de irregularidades relacionadas con
el registro de exportadores.
Según surge de la Resolución de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesa y Alimentos Nº 333, de fecha 6 de
noviembre, se procedió al cierre del registro de exportadores. En el caso del
registro de exportaciones de soja estaban declaradas, a esa fecha, 18,8 millones
de toneladas, de las cuales sólo 4,5 millones tenían precio fijado, mientras para
las otros 14 no están definidas, lo que implica que para las mismas se aplicará la
alícuota anterior al aumento.
Dada la cercanía en el dictado de
una y otra resolución (Secretaría de Agricultura y Ministerio de Economía) no
hacen más que agregar cierta suspicacia respecto al momento y la forma de
implementación de esta medida, atento a que ello posibilita que el sector
exportador, principalmente conformado por las empresas multinacionales, se vea
beneficiado al no tener que afrontar el aumento de las retenciones.
Este beneficio impositivo, que
alcanza alrededor de los 375 millones de dólares -lo que representa cerca de los
1.200 millones de pesos-, será absorbido exclusivamente por el exportador y, por
lo tanto, no será trasladado al sector productivo que es el que en última instancia
termina siendo el mayor perjudicado por el aumento de las retenciones, en
especial aquellos productores pequeños y medianos.
En este contexto no se entiende
cómo se adoptó la medida de incrementar las retenciones sin haber considerado
la situación del registro de exportadores, más aún cuando la Secretaría de
Agricultura depende funcionalmente del Ministerio de Economía, cuyo titular fue el
encargado de instrumentarla.
Para evitar tales "beneficios" y el
desvío de los mayores fondos que originará el aumento de las alícuotas de las
retenciones, se debería haber procedido a cerrar el registro con una mayor
antelación, más aún cuando en diversos medios periodísticos, con anterioridad a
los comicios, se daba por descontado que el Gobierno preveía incrementar las
retenciones con posterioridad a las elecciones para poder afrontar el mayor
aumento del gasto que operó en el transcurso del año.
De tal manera, el Sr. Ministro deberá
responder, no sólo sobre las razones que llevaron al aumento de las retenciones,
sino también cómo se realizará su inclusión en el presupuesto del año próximo y
sobre la forma en que se realizó la instrumentación de tales medidas,
básicamente en lo que se refiere al momento que se definió el cierre del registro
de exportadores y las derivaciones que se originó a partir del mismo.
Las respuestas, debidamente
fundadas que brinde el Sr. Ministro de Economía y Producción, nos permitirán
evaluar la calidad de su desempeño en el cargo.
Por todo lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GARCIA, SUSANA ROSA | SANTA FE | ARI |
| RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA | BUENOS AIRES | ARI |
| QUIROZ, ELSA SIRIA | BUENOS AIRES | ARI |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| AGRICULTURA Y GANADERIA (Primera Competencia) |
| ASUNTOS CONSTITUCIONALES |