Señor presidente:

La enfermedad del Chagas es la principal endemia de la Argentina y tiene un vínculo directo con las graves condiciones de pobreza en las que vive un gran número de la población, siendo las zonas más afectadas el Norte, Oeste y Centro, que comprende 13 de las 19 provincias endémicas del país (Informe del Programa Nacional de Chagas para el Cono Sur - Año 2008).

El número de infectados en el país se estima entre 1.600.000 y 2.000.000, y alrededor de 7.000.000 de habitantes se encuentran en situación de riesgo.

Atento a ello, en el año 2007 fue sancionada la Ley 26.281 que declaró de interés nacional y asignó carácter prioritario, dentro de la política nacional de salud del Ministerio de Salud, a la prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional.

La ley puso en cabeza del Poder Ejecutivo la realización de una serie de actividades en miras a la prevención y tratamiento de índole ambiental, laboral, sanitaria, educativa y de vivienda y hábitat saludable. Además estableció la obligatoriedad de efectuar y notificar pruebas diagnósticas a determinados grupos de personas, tales como mujeres embarazadas, recién nacidos hijos de madres infectadas, etc.

Asimismo, resolvió que los gastos del programa deben ser atendidos con los recursos que se destine para la Jurisdicción 80 - Ministerio de Salud - Programa 20 - Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos.

Finalmente, el artículo 16 otorgó un plazo de 90 días al Poder Ejecutivo para proceder a la reglamentación de la ley.

Si bien en Argentina se llevaron a cabo acciones y políticas tendientes a controlar y erradicar la enfermedad, estas resultaron insuficientes. En efecto, el informe de la Auditoría General de la Nación aprobado mediante Resolución Nº 20/2012 sobre el estudio de gestión ambiental realizado en el Ministerio de Salud, Programa Nacional de Chagas, advierte la existencia de importantes deficiencias en el programa que impiden el control eficaz de la endemia.

En primer lugar, la gran deuda que tiene el Poder Ejecutivo al respecto es la reglamentación de la Ley 26.281. Habiendo transcurrido casi 5 años de su sanción, la misma no ha sido reglamentada a pesar de haberle otorgado este Congreso un plazo de 90 días para hacerlo.

Por otro lado, la AGN advirtió que en la práctica el Programa Nacional de Chagas no cuenta con la jerarquía que le otorga la ley y que presenta un funcionamiento deficiente, debido, mayormente, a que su estructuración en tres áreas sin una unidad centralizadora específica del tema debilita los controles de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas, así como las posibilidades de un abordaje integral de la enfermedad en sus diversas dimensiones.

Además, entre todas las observaciones realizadas en el informe de la AGN, destacamos que no se ha dado efectivo cumplimiento a todos los controles de Chagas según lo establecido por la Ley 26.281. En efecto, como bien dice la AGN, "la estimación más elevada de controles de embarazadas en el sector público (200.000) representa aproximadamente la mitad, 47,9% de los nacidos vivos en este sector que en 2009 alcanza a 417.140 -y el 26,8% del total de los nacidos vivos en el año, 745.336- (MSN, Estadísticas Vitales 2009)". Tampoco se cumplió con el mínimo de estudios de recién nacidos de madres chagásicas, ni con el número de controles serológicos y de tratamiento en la población infantil de 0- 14 años.

Teniendo en cuenta estas y las otras observaciones que realiza la AGN en su informe de auditoría, y que dicho organismo de control concluye su informe indicando que "para alcanzar la erradicación definitiva de la enfermedad se requiere una unidad centralizada específica a nivel nacional que se articule eficazmente con los sistemas de salud de las provincias y sus programas; asegurar las áreas nacionales y provinciales los recursos necesarios a ese fin; coordinar acciones entre los tres subsistemas de salud; optimizar el funcionamiento del sistema de información; acordar actividades con otras áreas gubernamentales -y entidades no gubernamentales involucradas en el tema- a fin de mejorar las condiciones habitacionales, concientizar a la población, promover la educación sobre el Chagas en el marco de la enseñanza tanto formal como no formal y atender de manera integral las distintas dimensiones relacionadas con la enfermedad", resulta imprescindible contar de manera urgente con la reglamentación de la Ley 26.281 y con un política eficaz que tienda a erradicar la enfermedad del Chagas de nuestro país.

Por los motivos enunciados, les solicito a mis colegas que me acompañen con su firma.