La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que resulte competente, informe y, en caso de corresponder, remita copia sobre los siguientes puntos:

1) Antecedentes técnicos de la Licitación Pública Nº 38/2011 llevada a cabo por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, cuya decisión fuera aprobada mediante Decisión administrativa 447/2012 de la Jefatura de Gabinete de Ministros con fecha 6 de julio de 2012, cuyo objeto es la contratación mensual del servicio de racionamiento de alimentos en cocido por un período de doce (12) meses con opción a prórroga por igual término o fracción menor, a favor de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA dependiente del Ministerio precitado, con destino a diversas Residencias para Adultos Mayores, que se encuentran bajo la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS PARA ADULTOS MAYORES, de la mencionada Secretaría Nacional.

2) Si se ha dado cumplimiento a la difusión exigida por el Decreto 1023/2001, Decreto 436/2000 y la Circular Nº 27 de la Oficina Nacional de Contrataciones, y en su caso indique los días en que ha sido publicada la convocatoria en el Boletín Oficial y en la página Web de la Oficina Nacional de Contrataciones.

3) Cantidad de pliegos adquiridos, datos de los adquirentes, ofertas presentadas en el llamado a licitación, con la correspondiente identificación de los oferentes, las cotizaciones efectuadas y las condiciones y precios de las ofertas de cada uno de ellos. Así, como cualquier otro dato que pueda ser de interés.

4) Los motivos por los cuales se omite informar y consignar en la presente Licitación el precio testigo informado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pese a surgir de los considerandos de la mencionada Decisión Administrativa que éste le fue solicitado a la SIGEN y que obra en las actuaciones correspondientes.

5) Acompañe copia fiel del Expediente por el cual tramitó la mencionada licitación.

Señor presidente:

Con fecha 16 de julio de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina, la Decisión Administrativa 447/2012 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la cual se aprobó la Licitación Pública Nº 38/2011, que tuvo por objeto la contratación mensual del servicio de racionamiento de alimentos en cocido por un período de doce (12) meses con opción a prórroga por igual término o fracción menor, a favor de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, con destino a diversas Residencias para Adultos Mayores, que se encuentran bajo la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS PARA ADULTOS MAYORES, de la mencionada Secretaría Nacional.

De los considerandos de la mencionada Decisión Administrativa surge que: "...fueron solicitados a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN) los precios testigo, los cuales obran agregados a las presentes actuaciones....".

No obstante, NO surge de los considerandos que los precios testigos informados por la SIGEN hayan servido para constatar la razonabilidad de los precios propuestos por las firmas oferentes.

Al respecto, cabe mencionar el rol que cumple el precio testigo formulado por la SIGEN en la gestión de compras y contrataciones estatales.

Del texto de la Resolución 122/2010 de la SIGEN, que regula el Régimen del Sistema de Precios Testigo, surge que esta consulta sirve como una herramienta de control en la etapa de evaluación de ofertas contribuyendo en la determinación de la razonabilidad de los precios ofrecidos. Este sistema resulta imprescindible para lograr una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión de compras y contrataciones estatales.

Por otro lado, es preciso mencionar que el artículo 1º del Decreto 1023/2001 indica que "el régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible...". A su vez, conforme surge de los Decretos 1023/2001 y 436/2000 son principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones: (a) razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado; (b) promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes; (c) transparencia en los procedimientos; (d) publicidad y difusión de las actuaciones; (e) responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones; (f) igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes.

Además, la contratación pública debe desarrollarse en todas sus etapas en un contexto de transparencia basado en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social sobre las contrataciones públicas.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los principios antes mencionados, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.