La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda a:

a) Otorgar licencia sin goce de sueldos a los Delegados Argentinos ante la C.A.R.U. (Comisión Administradora del Río Uruguay)

b) Que la misma sea determinada hasta el fallo que realice la Corte Internacional de La Haya en el litigio por la instalación de la empresa Botnia en la margen oriental del Río Uruguay.

c) Asimismo, mientras tanto, no sea afectado todo su personal administrativo y de servicios porque serán los encargados de las gestiones mínimas para mantener en adecuado estado a toda la infraestructura.

Señor presidente:

Días pasados, a raíz de una investigación periodística se dio a conocer, por indicación de la Presidenta electa de la Republica Argentina, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, cuáles son los costos en materia de honorarios pagados a los letrados patrocinantes que trae aparejado a nuestro país el litigio ante la Corte Internacional de La Haya, sobre la instalación de la empresa Botnia ubicada sobre la costa Uruguaya, en la margen oriental del Río Uruguay.

Y a partir de esa investigación y la publicación de las erogaciones, se torna importante hablar de costos por este conflicto, como consecuencia de la instalación de plantas contaminantes sobre el Río, que además es una de las frontera entre ambos países. Y no sólo nos referimos a los costos por el juicio en sí -que quizás es el menor de todos comparado con los costos socio-económicos por la contaminación que traerá aparejada la puesta en marcha de esta papelera-, sino también es importante referirnos a otro tipo de costos como es el que acarrean los organismos binacionales que se encuentran ociosos en este momento.

Uno de ellos es sin dudas el costo que trae aparejado este conflicto y que es la falta de acción natural que tienen las delegaciones de ambos países ante la C.A.R.U (Comisión Administradora del Río Uruguay) que se torna inexistente desde el momento que es de imposible cumplimiento su tarea, que es la de regular el funcionamiento de diversos aspectos referidos a diferencias que podrían suscitarse en torno a la alteración prevista en el artículo 7º del Estatuto del Río Uruguay.

Se dice, al menos en Entre Ríos, que el costo de cada Delegado es de varios miles de dólares al mes y si se multiplican por cuatro, que es la cantidad de representantes argentinos, estaríamos hablando de cifras enormes para lo que son los magros salarios argentinos, que no son uniformes en todo el país. A esto hay que agregarle lo inocuo en lo que se ha convertido este organismo ante este litigio sobre la utilización del cauce del río.

Desde nuestro modesto punto de vista, y no refutado por nadie hasta el momento, desde la CARU se convalidó el accionar de las inversiones extranjeras en el Uruguay, lo que hace que sea más discutido todavía su pobre funcionamiento.

No tiene sentido entonces que si las fronteras están cerradas, tanto en la práctica, como es el caso de Gualeguaychú- Fray Bentos, como por las derivaciones que está sufriendo el conflicto entre ambos países en otros pasos fronterizos, nos encontremos con presupuestos para remuneraciones fastuosas pagadas por ninguna tarea y que de esto nadie hable ni se pregunte absolutamente nada.

Quienes habitamos en Entre Ríos y vemos cómo se transforma cada vez más en vacía de contenidos la CARU, nos parece, que salvo su planta administrativa permanente, los funcionarios políticos deberían ser licenciados sin goce de sueldo, o en honor a la honestidad a que debemos apelar, ellos mismos deberían pedir ese tipo de licencia o renunciar.

En una carta dirigida al gobernador Busti, desde la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, fechada en esa ciudad el 30 de mayo de 2005, en el 4º punto expresan textualmente: "Solicitamos a Ud. gestione ante las autoridades nacionales que correspondan, impulsar el deseo unánime de esta asamblea de que sean reemplazados la totalidad de los funcionarios argentinos que nos representan en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), asimismo impulse a través de la Fiscalía Provincial la iniciación de acciones que correspondan a los citados funcionarios" por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Visto está cómo lo solicitan claramente los ambientalistas de Gualeguychú. Incluso hasta se podría poner ya un plazo a estas licencias, y sería el momento de la determinación de La Haya respecto del derecho o no de la instalación de la papelera sobre Fray Bentos, puesto que ambos países, y el pueblo de Gualuguaychu mismo, así lo han pedido.

Podríamos recitar el Estatuto del Río Uruguay de memoria, y se vería cuántos artículos han violado, podríamos transcribir el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, suscripto en Asunción, refrendado por nuestro país a través de la ley Nº 25.841 y descubrir cómo se violenta su sentido cuando se determina la instalación de Botnia, pero a la luz de los acontecimientos ya no tiene sentido, como no lo tiene la CARU. Es por eso señor presidente, que en virtud de la premisa constitucional de igual remuneración por igual trabajo, se proceda a la caducidad del pago de los honorarios de los delegados argentinos ante la Comisión Administradora de Río Uruguay. Estos son los fundamentos de nuestro proyecto, para el cual solicitamos su pronta aprobación.