La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar repudio y preocupación por la imputación criminal al dirigente sindical Humberto Torres y otros compañeros afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (S.O.E.A.), por haber participado en el conflicto de los trabajadores que luchaban por reivindicaciones laborales durante Abril de 2012 en el Ingenio La Esperanza, localizado en San Pedro, Provincia de Jujuy.

Señor presidente:

A través del presente proyecto queremos repudiar y manifestar la preocupación de esta Honorable Cámara de Diputados ante la resolución del Juez de Control Nº 5, Dr. Jorge Marcelo Ibañez, a pedido de la Fiscalía de investigación penal Nº 12, a cargo de la Dra. Silvia del Valle Farall, donde se imputa a Humberto Torres de DAÑO CALIFICADO, previsto en el art. 184 inc. 4º del Código Penal de la Nación.

El Ingenio La Esperanza S.A. fue declarado en quiebra, con continuidad, el 18 de Diciembre de 2000. Desde esta fecha hasta el 31 de Marzo de 2010 la Sindicatura colegiada no sólo ha administrado los bienes sino que también ha dirigido la empresa.

Tras algún intento fallido de venta durante 2008, a partir del 1ro de Abril del 2010, la Empresa fue arrendada al Grupo Roggio, a través de su vinculada Metronec S.A., cuyo objeto social es, según NOSIS, "la prestación de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados" y que en la Ciudad de Buenos Aires se encarga de la explotación en su totalidad de la publicidad y los espacios comerciales de los subterráneos porteños. Ante un pedido del apoderado de Metronec SA, el Juez de la quiebra dispuso -en feria judicial y cuando aun restaba un año para la finalización del contrato- la prórroga del mismo por un año más, pero reemplazando a Metronec por Benito Roggio AGroIndustrial S.A.(BRAI) , todo esto a espaldas de los trabajadores.

Ante los continuos incumplimientos a los acuerdos logrados por los trabajadores y a las presiones de todo tipo recibidas por sus representantes gremiales, los trabajadores en asamblea deciden iniciar un plan de lucha a partir del 9 de Abril de 2012 que consiste básicamente en un paro por tiempo indeterminado. Se detalla a continuación los puntos principales del petitorio de reivindicaciones solicitadas:

- Reincorporación del personal despedido sin justa causa (BRAI le pide a la quiebra, con quien tienen la relación laboral)

- Incorporación de los hijos de trabajadores fallecidos y jubilados (derechos adquiridos en el acuerdo socio-laboral que BRAI no quiere aceptar)

- Dar cumplimiento al acuerdo firmado en la Dir. Pcial. del Trabajo para el blanqueo de las "cuartas o ayudas"

- Respeto de los 10 meses de trabajo al personal tanto de campo como de fabrica según acta-acuerdo.

- Inmediato retiro de contratistas y terceros en todos los sectores.

- Mantener la modalidad de cosecha manual como se venia realizando hasta el 2010 (incorporan maquinas y contratistas). Mantener el cupo de cosecha mecanizada en 800 toneladas por día.

- Mantener la modalidad de trabajo desarrollada en anteriores zafras en la sección de transporte.

- El pago de días caídos mas el premio del art 49, correspondientes a los días de huelga durante los años 2011 y 2012 (total: 19 días)

- Levantamiento inmediato de las denuncias penales (ver a continuación).

- Otras reivindicaciones: cumplir con clausula 4ta del acuerdo socio-laboral, la remoción del médico laboralista y de los administradores de fabrica y campo por maltrato, persecución y discriminación.

El 24 de Abril de 2012, en la ubicación conocida como lote San Antonio, donde funcionan oficinas del sector campo (de BRAI), se produce un episodio a todas luces sospechoso. Aparentemente a primeras horas de la mañana, dichas oficinas fueron vandalizadas y se incendiaron un par de camionetas propiedad del arrendatario. Inmediatamente después, el administrador acusa a Torres de ser causante de los destrozos.

De las copias de la instrucción policial y declaraciones testimoniales surge que todas se referencias en un solo testigo, que dice haber podido individualizar a Torres entre una veintena de participantes del hecho que sostiene haber visto. Cabe agregar que Humberto Torres se presentó a declarar espontáneamente y el Juez Ibàñez ordenó que continúe en libertad por el momento.

Si bien este episodio tiene la gravedad suficiente para requerir la atención de los representantes del pueblo, se vuelve aún más relevante dado que no es el primero en donde la empresa incentiva la detención de dirigentes sindicales, en la búsqueda de amedrentar y condicionar el debate en paritarias. Se encuentran imputados en otras causas, pero siempre relacionadas con la situación del Ing. La Esperanza, todos los miembros de la Comisión Directiva del Sindicato, más los dirigentes Enrique Wandschneider, Jose Maria Castrillo y Rene Cuellar; y se encuentran detenidos Raul Maigua y Jorge Alvarez.

Es por lo manifestado anteriormente, y basado en las innumerables veces que este Honorable Càmara se ha manifestado en contra de toda forma de criminalización del derecho de los trabajadores a reclamar por su dignidad laboral, es que solicito un nuevo pronunciamiento solidario con los trabajadores afectados por medio de la aprobación de este proyecto.