La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por las muertes sucedidas como consecuencia del motín ocurrido el día 4 de noviembre del corriente año, en el penal de Varones de la provincia de Santiago del Estero, y la férrea voluntad de que la Justicia investigue lo ocurrido e identifique prontamente los responsables de la tragedia.

Señor presidente:

El día 4 de noviembre del corriente año, un motín sucedido en el penal de Varones de la provincia de Santiago del Estero derivó en un incendio que dejó como consecuencia al menos 34 muertes y 24 heridos.

Si bien las autoridades del penal informaron que un intento de fuga por parte de los presos fue el origen del motín, lo cierto es que un grupo de reclusos difundió una carta explicando que en realidad el mismo fue motivado por una represión ejercida por parte de los guardias del penal ante reclamos de los presos. Aún más, en la misiva los presos acusan directamente a un grupo de carceleros de haberlos baleado y de haber dejado morir a los reclusos durante el incendio de ayer. La situación de padecimiento de los reclusos en las cárceles argentinas no es novedosa. Esta crisis de grado emergencial se encuentra motivada, entre otros factores, por el crecimiento desmesurado de la población penal, la cantidad significativa de presos sin sentencia, la gran demora en la tramitación de las causas judiciales, la excesiva duración de las condenas, la falta o falla de infraestructura adecuada en los diversos establecimientos carcelarios, las deficientes condiciones en que se ejecutan las detenciones, las paupérrimas condiciones de salubridad, la falta de defensa legal en la etapa de ejecución de las penas, el difícil acceso a la justicia.

Con relación a los hechos ocurridos, el primer motín estalló ayer cerca de las 18.30 en un pabellón del Penal de Varones, el mayor de esa provincia, que aloja a 480 presos, la mayoría procesados sin condena. Asimismo, la carta suscrita por los presos señala que: "Todo empezó por el solo reclamo de maltrato de ellos y de la requisa a las visitas", comienza la carta. "Nos empezaron a reprimir a los tiros y a los que se asfixiaban y quemaban los dejaban que se mueran. Queremos la presencia del ministro de Seguridad, de abogados, de la prensa, que tengan acceso al penal, no queremos el regreso de la policía a los pabellones porque será para peor", continúa la misiva: "No hubo intento de fuga". Sus reclamos también incluyen la agilización de los procesos judiciales, la reducción de las condenas y mejoras en el régimen de visitas y de alimentación. Algunos familiares de los presos también se quejaron de la "inacción" de las autoridades ante el tráfico de drogas dentro de la cárcel. Según ha informado el diario Clarín en su edición del día 5 de noviembre, todas las víctimas murieron por asfixia o quemaduras graves. Muchos de los reclusos fueron hallados en el baño del pabellón con pañuelos o trapos improvisados como máscaras.

La gravedad de la situación, a nivel de violaciones constitucionales, es tal que muchos de los reclusos aún se encontraban amparados bajo la presunción de inocencia, al no contar con una sentencia condenatoria firme, e inclusive algunos de ellos se encontraban meramente sospechados de la comisión de un delito, sin que haya recaído en su contra una resolución que disponga su procesamiento.

Esta situación confronta el compromiso asumido por la Argentina no sólo desde la propia dogmática constitucional, al establecer en su artículo 18 que "(...)Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.", sino también con la suscripción de diversos Pactos y Tratados Internacionales, con raigambre constitucional, que imparten una serie de mandatos para la ejecución de la pena privativa de la libertad. Entre estos pueden mencionarse el respeto a la dignidad e inviolabilidad del interno y las condiciones de encierro adecuadas; la prohibición de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la readaptación social como objetivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad; la separación de los privados de libertad en categorías y el amplio acceso a la justicia y la tutela judicial suficiente.

Sin embargo, estos mandatos y exigencias son incumplidos sistemáticamente por el Estado argentino, configurando una significativa y notoria vulneración a los derechos de las personas privadas de la libertad al potenciar situaciones de violencia intramuros. Esto no sólo perjudica a los privados de libertad, sino también a los propios operadores penitenciarios.

En razón de que el fin de la prisión privativa de la libertad es la reintegración social del preso, es obligación del Estado reducir al mínimo las condiciones criminógenas de la prisión.

En definitiva, teniendo en cuenta que estamos ante una de las tragedias carcelarias más cruentas del país, no sólo por la forma violenta en que se fueron desarrollando los hechos sino por la cantidad de vidas que se han perdido durante los mismos, los abajo firmantes consideramos que es nuestro deber como legisladores nacionales expresar nuestro repudio y preocupación sobre los graves hechos ocurridos en Santiago del Estero y solicitar a los restantes poderes del Estado que arbitren todos los medios necesarios a los efectos de que se brinde una rápida respuesta a los pedidos de justicia de las víctimas y una pronta resolución judicial de las investigaciones en curso.