La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por la gravedad institucional que existe en Tucumán por los delitos cometidos por funcionarios del Poder Ejecutivo a cargo del gobernador José Alperovich, del Poder Legislativo y del Poder Judicial de la provincia, en el marco de la investigación del homicidio impune de Paulina Alejandra Lebbos, ocurrido el 26 de Febrero de 2006 que se tramita en la Fiscalía de Instrucción Penal de la IVª Nominación de los Tribunales de Tucumán - Expte. Nº 6075/06.

Formar una Comisión Bicameral de observación de los derechos humanos en Tucumán que se encargue de hacer el seguimiento de la causa judicial por el crimen de Paulina Lebbos y, a su vez, receptar todas las denuncias referidas a la violación de los derechos humanos en el conjunto del territorio provincial.

Solicitar al Ministerio de Justicia y de derechos humanos de la Nación, o través de las autoridades competentes de la Provincia de Tucumán, se informe sobre la situación de impunidad en los casos reunidos por la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad que funciona en Tucumán.

Señor presidente:

El 26 de febrero del 2006 se produce la desaparición de Paulina Lebbos. El 11 de marzo aparece su cuerpo sin vida en la zona de Raco, localidad ubicada en las afueras de San Miguel de Tucumán. El hecho provoca una gran conmoción popular.

Desde ese momento, los familiares de Paulina, encabezado por su padre Alberto Lebbos, se ponen en la tarea de procurar el esclarecimiento del crimen. Desde ese momento, también, se produce una reacción popular, a través de marchas que se han sostenido a lo largo del tiempo, en la que han confluido numerosos familiares de víctimas de crímenes y delitos impunes y que ha dado lugar a la formación de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad.

El caso Paulina ha sido un caso emblemático del régimen político de impunidad y de características mafioso porque a lo largo del tiempo y como resultado de las denuncias y la lucha popular se ha puesto de manifiesto un accionar impulsado desde lo más alto del poder político para encubrir el crimen, de la que han sido parte las distintas instituciones y aparatos del estado provincial.

Las evidencias sobran. El primer fiscal que tuvo la causa, Alejandro Noguera, a los tres meses tuvo que ser apartado cuando un fotógrafo de la Gaceta lo fotografió saliendo de la casa del gobernador Alperovich. Esto ocurrió cuando circulaba la versión de que los autores del crimen habrían sido los llamados "hijos del poder".

La causa pasó entonces a manos del Fiscal Albaca, que la tuvo a lo largo de 7 años. Durante este tiempo, el fiscal Albaca mantuvo paralizada la causa, impidiendo que el propio Alberto Lebbos en su calidad de querellante pudiera ver el expediente. Las denuncias y las grandes movilizaciones populares, especialmente las que se produjeron en diciembre de 2012 cuando se conoció el fallo absolutorio a todos los imputados en el caso Marita Verón, terminaron llamando la atención del Ministerio de Justicia de la Nación y el año pasado ordenó que un funcionario, el abogado Lobo Bugeau, tuviera acceso al expediente y emitiera un informe. El informe del letrado fue lapidario en relación al accionar del fiscal Albaca, resultado de lo cual, decidió apartarse del caso.

El tercer, y actual fiscal del caso, es Diego López Ávila, quien, a pesar del tiempo ha hecho avanzar la investigación, especialmente en relación a todo el entramado armado para encubrir el crimen.

En relación a ello, ya se encuentran imputados el Subjefe de la policía de Tucumán de aquella época, Barrera y el jefe de la Brigada Norte, Rubén Brito que tenía la responsabilidad operacional en la zona donde se encontró el cuerpo de Paulina. También hay otras dos personas detenidas por haberse comprobado que usaron el teléfono celular de Paulina.

En el mes de diciembre pasado, fueron llevados a juicio oral tres altos oficiales de la policía quienes estaban a cargo de la Comisaría de Raco y fueron condenados por encubrimiento agravado. En el curso del juicio, ex oficiales de la policía y ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de aquella época fueron convocados como testigos, entraron en gravísimas contradicciones y varios de ellos quedaron imputados en la causa, entre ellos quien era el Jefe de la policía, Hugo Sánchez, y el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella.

Se debe hacer notar que en todos estos casos, los funcionarios policiales y políticos imputados, y en otros que son aún materia de investigación, el poder político provincial los ha premiado con ascenso en los cargos que ocupaban, o los cobijó en cargos con altos sueldos en el gabinete provincial cuando por diversas razones tuvieron que dejar su cargo.

Con los funcionarios judiciales también ha funcionado un sistema de protección. Es el caso del Fiscal Noguera, no fue sancionado a pesar de su inconducta jurídica. En el caso del Fiscal Albaca, hubo un pedido de juicio político en 2013 que fue archivado en la Legislatura ante la presentación por parte de Albaca de su renuncia para acogerse a la jubilación. Este pedido fue aceptado por medio de un decreto emitido en forma rápida por el gobernador, a pesar que, posteriormente, la Anses informó que el fiscal no reunía los años de aportes para acogerse al beneficio jubilatorio. A pesar de ello y del tiempo transcurrido, el gobernador mantuvo en pie su decreto de aceptación del pedido de renuncia de Albaca lo que le ha permitido a éste esquivar el juicio político y a la vez seguir durante este tiempo en su fiscalía.

Posteriormente, en un sumario administrativo realizado en el ámbito de la propia Justicia provincial queda nuevamente destacada la acción negligente del fiscal para impedir que efectivamente pueda haber justicia en el caso Paulina. A partir de ello, la Corte Suprema de la provincia decide remitir el caso Albaca al fuero penal para que se inicie una investigación que determine si efectivamente hubo una acción condenable del fiscal en el caso Paulina. El caso pasó a manos del Juzgado a cargo del juez Pisa quien pidió que un fiscal haga el pedido de investigación penal de Albaca, pero todos los fiscales se excusaron, de la misma manera el fiscal correccional, lo que obligó a la intervención del fiscal de Cámara, Carlos Sale, quien procedió a realizar el pedido de investigación, pero el juez Pisa lo ha rechazado en un claro acto de obstrucción judicial.

A su vez, la Corte remitió el sumario administrativo a la comisión de Enjuiciamiento de la Legislatura provincial y el informe que daba cuenta que Albaca no reunía las condiciones de jubilarse, lo que determinó, por primera vez que la Comisión de Enjuiciamiento se reúna dando inicio al procedimiento de juicio político.

Es indudable que el accionar de Albaca ha sido una pieza clave en el entramado del encubrimiento del crimen. Albaca ha actuado y también ha sido denunciado por razones similares al caso Paulina en otros casos donde altos funcionarios vinculados al poder han estado involucrados.

Que Albaca haya podido actuar de esta manera durante tanto tiempo es porque contó con la complicidad del jefe de fiscales, Luis De Mitri, quien ocupa ese cargo desde hace 13 años. En todo este tiempo, faltando a sus deberes, De Mitri alegó que no había objeción contra el accionar de la fiscalía a cargo de Albaca. Un año después, cuando la situación de Albaca se tornó insostenible, De Mitri realizó fuertes acusaciones sobre el accionar negligente de Albaca. Ahora, frente a las evidencias que han surgido, es el propio De Mitri el que ha presentado su renuncia para jubilarse, pedido aceptado nuevamente en forma rápida por el gobernador. Es necesario hacer notar que un pedido de juicio político contra De Mitri, hace un año atrás, fue rechazado por la Legislatura que actúa como caja registradora de las órdenes que emite el gobierno, con el argumento de que era un pedido exagerado.

Queremos hacer notar que, en el transcurso de este tiempo, pero agudizado en el último año y medio, se han producido una serie de graves hechos de intimidación que se mantienen completamente impunes. En el caso del Dr. Lobo Bugeau, un grupo de civil se apersonó a su domicilio en dos oportunidades efectuando amenazas de muerte contra su persona y su familia intimándolo a que se apartara del caso Lebbos. En el caso de Alberto Lebbos, recibió amenazas telefónicas reiteradas, y en una oportunidad fue amenazado por un grupo de sicarios en la propia Legislatura. Cabe hacer notar, en este caso, que los sicarios fueron fotografiados, se les conoce el domicilio y el accionar delictivo como grupo de choque de funcionarios del oficialismo. También fueron amenazados la fiscal Giannoni y el fiscal Diego López Ávila, sin que hasta ahora se haya descubierto a los responsables de estas graves acciones delictivas.

Queremos destacar que el caso Paulina no es una excepción, sino uno de los centenares de casos impunes cuyas denuncias ha recogido la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. Casos de Gatillo fácil, de violaciones, de crímenes donde los posibles autores señalados son personas vinculadas al poder político.

Ahora, la opinión pública esta nuevamente conmocionada por el caso Pamela Laime, que fue señalado en los medios como el primer caso Marita, haciendo alusión a la desaparición de esta señorita de 17 años, hace 14 años atrás. En aquella oportunidad, la denuncia de la desaparición de Pamela fue resistida en las comisarías y rápidamente abandonada, hasta el punto que el expediente se perdió. Después de 14 años, un ex jefe de la Brigada Norte de la policía provincial reconoció en una foto de Pamela, publicada el domingo 18 en la Gaceta, al cuerpo sin vida de una jovencita asesinada en la zona del Cadillal. Esta denuncia provocó que la fiscal Giannoni se abocara a investigar si el cuerpo encontrado hace 14 años era el de Pamela, cuestión que se comprobó y a partir de ahí se determinó que su cuerpo había sido enterrado como NN pero hasta el momento su cuerpo no ha podido ser encontrado en el cementerio.

El caso Paulina, el caso Pamela, y los centenares de casos demuestran un estado de indefensión ciudadana. La droga, las redes de trata, y otros grandes delitos han florecido, porque las instituciones que tienen que proteger a la ciudadanía, están asociados o amparan esos negocios.

La provincia de Tucumán asistió a unos de los hechos que han marcado a fondo esto que decimos cuando en oportunidad de una revuelta policial en diciembre de 2013, la policía, para acentuar la presión de sus reclamos, liberó la provincia, en especial la capital y el gran San Miguel, para que bandas organizadas, y en muchos casos dirigidas por la propia policía, se lanzaran al saqueo de comercios y vivienda particulares. Estos hechos obligaron a que el pueblo durante 48 horas se tuviera que autodefender con barricadas y el 12 de diciembre masivamente se volcara a la Plaza Independencia a manifestar el repudio a la policía y simultáneamente al gobierno que usó a esa misma policía para reprimir a la ciudadanía.

Queremos destacar que el gobierno mantiene vigente la ley de Contravenciones sancionada en 1980, o sea bajo la dictadura, que es un instrumento de represión y negocios policiales, a pesar que la Corte Nacional y la Corte provincial la han declarado inconstitucional.

Queremos destacar, además, de manera especial la escalada represiva que se vive en la provincia y que tiene por blanco a los sectores disidentes y las organizaciones que impulsan la movilización popular.En julio del año pasado el gobierno provincial organizó un operativo completamente ilegal, dirigido a impedir que Alberto Lebbos pudiera transitar en el microcentro de la capital, con el propósito de impedir la entrega de un petitorio a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se hacía presente para presidir los actos organizados por el gobierno provincial. En esa oportunidad, Lebbos y otros ciudadanos que lo respaldaban, fueron reprimidos violentamente e incluso otro familiar de víctima de la impunidad que intentó hacerse cargo de la entrega del petitorio a la Presidenta fue detenido por un grupo de civil, trasladado en un vehículo sin chapa y amenazado antes de ser liberado. Recientemente la represión se descargó sobre los trabajadores bancarios despedidos de la Caja Popular con un saldo de decenas de trabajadores heridos sin que ninguna autoridad se haga responsable de ese hecho. Queremos hacer notar que los trabajadores reclamaban su reincorporación a la Caja y el cumplimiento de dos resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación que intima a las autoridades a reincorporar a los despedidos.

Como conclusión, no existe bajo el actual régimen ninguna garantía para que los casos impunes sean efectivamente investigados y sus culpables reciban la condena que se merecen, tampoco a que no se sigan produciendo caso similares a los denunciados dado el acentuado grado de descomposición política y del régimen de impunidad imperante. Es lo que nos motiva a pedir un informe al Ministerio de Justicia y de derechos humanos de la Nación y resolver una acción que brinde confianza para que los numerosos crímenes y violaciones a los derechos democráticos que son perpetuados por quienes deberían protegerlo, puedan ser denunciados.