El Senado y Cámara de Diputados...

MODIFICACIÓN LEY N° 24321 - DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

ARTICULO 1°: Modifícase el artículo 1° de la Ley 24321, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°: Podrá declararse la ausencia por desaparición forzada, de toda persona que hubiera desaparecido involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su paradero."

ARTICULO 2°: Modifícase el artículo 2° de la Ley 24321, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 2: A los efectos de la presente ley se entiende por desaparición forzada de personas, toda privación de la libertad cometida por un agente del Estado o por persona o grupo de personas que hayan actuado con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la falta de información sobre el paradero de la persona desaparecida.

La situación referida en el párrafo precedente podrá acreditarse mediante cualquier medio de prueba. Sin perjuicio de ello, los casos previos al 10 de Diciembre de 1983 se acreditarán mediante su denuncia ante la ex Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas (Dec. 158/83), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación o cualquier otro medio de prueba."

ARTICULO 3°: Modifícase el artículo 5° de la Ley 24321, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 5°: La ausencia por desaparición forzada podrá solicitarse una vez transcurrido un año desde el día en que el hecho ocurrió, si nunca se tuvo noticia del ausente, o desde la fecha de la última noticia que se tuvo de él.

Recibida la solicitud de declaración de ausencia por desaparición forzada o involuntaria, el juez requerirá al organismo oficial ante el cual se formuló la denuncia de la desaparición, o en su defecto, el juez donde se presentó el hábeas corpus, información sobre la veracidad formal del acto y ordenará la publicación de edictos por tres días sucesivos en un periódico de la localidad respectiva o en el Boletín Oficial citando al desaparecido. En caso de urgencia, el juez podrá designar un administrador provisorio o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen. La publicación en el Boletín Oficial será gratuita."

ARTICULO 4º : De forma.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como objetivo la reforma de la ley 24.321 de "Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas", como consecuencia del tratamiento integral que en las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos se ha hecho de este tema.

En ese marco, y luego de concluir una serie de reuniones con los organismos de derechos humanos en el marco del proyecto de ley 5960-D-06 de mi autoría (que propone la incorporación de la figura de la desaparición forzada de personas como un nuevo delito en nuestro Código Penal), ha surgido la necesidad de realizar ciertos cambios a la ley 24321, atendiendo a modo en que dicha norma ha desarrollado sus efectos desde su entrada en vigencia, teniendo en cuenta también el proyecto 6463-D-2006, de autoría de la Diputada Diana Conti.

Así las cosas, y en primer lugar, resulta necesario ampliar el ámbito de aplicación personal de la ley bajo análisis, permitiendo que la declaración del estado de ausente por desaparición forzada pueda comprender también a aquellas personas que la hayan sufrido y que eventualmente la puedan sufrir, con posterioridad a la fecha prevista en el texto vigente (10/12/1983). Ello en razón de los diversos casos que se han suscitado en tiempos de democracia, que merecen ser comprendidos, evitando asimismo que dichos casos sean considerados, a nuestro criterio, erróneamente, como ausentes por presunción de fallecimiento.

Para ello, resulta indispensable dejar claro que proponemos la modificación del artículo 2º, a los fines de realizar una adaptación conceptual al momento de definir qué se entiende por desaparición forzada de personas a los fines de la ley. Para ello hemos tomado la definición realizada por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Con ello creemos que estaremos aplicando la ley tanto a las personas que fueron desaparecidas con anterioridad al 10 de diciembre del año 1983, como así también a quienes fueron, y eventualmente puedan, ser víctimas del este delito con posterioridad a dicha fecha.

Con relación a la cuestión de la prueba (a cargo de quien se encuentre interesado en la producción de los efectos de la presente norma) hemos adoptado un criterio sumamente amplio. Por ello es que referimos a cualquier medio de prueba, pero considerando la situación especial de las desapariciones previas a 1983. En atención a esa especificidad es que hemos mantenido, obviamente, la posibilidad acreditar el hecho mediante la denuncia realizada ante la ex Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas (Dec. 158/83), o bien la que se realice ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ello teniendo en cuenta que las denuncias allí contenidas serán sin dudas elementos de prueba por excelencia, pero sin dejar también para estos casos la posibilidad de acreditar el hecho por cualquier medio.

En relación a la reforma del artículo 5º ( 3º del proyecto), como producto de la nueva lógica en la que el presente está diagramado, creemos necesario establecer un plazo a partir del cual las personas legitimadas puedan requerir la declaración de ausencia por desaparición forzada. En ese orden de cosas, y siguiendo por una cuestión de congruencia nuestro Código Civil Argentino, vemos que allí se prevé en el Título VIII "De las personas ausentes con presunción de fallecimiento" un plazo base de 6 años estableciéndose en el artículo 110 que "La ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la República, haya o no dejado representantes, sin que de ella se tenga noticia por el término de seis años causa la presunción de su fallecimiento.". Por su parte, el artículo 112 contempla el supuesto especial de quien "...hubiese sido gravemente herida en un conflicto de guerra, o que naufragase en un buque perdido o reputado por tal, o que se hallase en el lugar de un incendio, terremoto u otro suceso semejante, en que hubiesen muerto varias personas..." para el cual se prevé un plazo de tres años consecutivos sin que de la persona se tenga noticia.

Creemos entonces que el plazo de un año es un tiempo razonable, que le imprime coherencia a la propuesta. Sólo basta como ejemplo pensar el caso de Jorge Julio López, quien al mes de Septiembre del corriente año llevará ya un año en condición de desaparecido.

Respecto al modo de contar el inicio del plazo legalmente previsto, también hemos tomado el sistema de nuestro CC que comienza a contarlos desde el día en que la persona es desaparecida o en su caso, desde el último día que se tuvo noticias de ella.

Por las razones expuestas Sr. Presidente, y en pos de ampliar y mejorar la aplicación de la ley 24321, por regular ella un tema tan sensible y caro a la historia y el presente de nuestro país, solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.