El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1°: El Congreso Nacional convoca a una Consulta Popular Vinculante (Referéndum) al pueblo de la Nación Argentina a fin de votar si está de acuerdo o no con la fórmula que se plantea en el artículo 2° de esta Ley.

Art. 2°: ¿Acuerda Usted con la suspensión del pago de los Bonos que componen la totalidad de la deuda externa argentina, hasta tanto se realice una auditoría integral que determine si existe o no usura y negociados en la misma, que atentan contra los intereses del Pueblo y de la Nación Argentina?

A favor o En contra.

Art. 3°: Esta Consulta Popular será vinculante y deberá realizarse dentro de los 60 días corridos de haberse aprobado la presente Ley.

Art. 4°: Se utilizarán los procedimientos que reglamentan (Ley 23.532) la Consulta Popular, avalada por la Constitución Nacional, en lo que respecta a los términos del Código Nacional Electoral y la financiación por el presupuesto nacional de este proceso electoral.

Art. 5°: De forma

Señor presidente:

El veredicto de la Corte Norteamericana ha puesto de manifiesto, una vez más, el sometimiento completo de los gobiernos de las últimas décadas al capital financiero internacional, permitiendo una sangría permanente de los recursos nacionales, a través de la generación de una deuda externa constante e impagable. Después de 40 años de haber pagado varias veces esta hipoteca colonial, compuesta fuertemente por acumulación de intereses usurarios, la deuda argentina alcanzaría los 300.000 millones de dólares, si se incluyera ahora el pago a los fondos buitre, que el gobierno de Cristina Kirchner se manifiesta dispuesto a pagar integralmente.

Un gobierno que sólo puede pagar deuda con más deuda está en virtual cesación de pagos. El actual Gobierno ha devuelto a la Argentina a esa condición, no por el desconocimiento de las deudas - como dicen algunos de sus opositores-, sino por haber convalidado todas las hipotecas que dejaron los gobiernos anteriores y la que generó este mismo gobierno. Estamos en un nuevo tramo final, por cuarta vez (1982, 1989, 2001/2), hacia una crisis que implica otra enorme sangría nacional, que ya estamos pagando con recesión económica, inflación, tarifazos, despidos, suspensiones, un tercio de la población bajo la línea de pobreza, un 35% de trabajadores en negro

La política de desendeudamiento, que publicitó el Gobierno, constituye una farsa. La quita impuesta a los bonistas en los canjes 2005 y 2010 terminó siendo compensada por el cupón PBI; a ello, se suma el pago en efectivo al FMI con reservas del Banco Central, y, más recientemente, el resarcimiento usurario a Repsol, al Club de París y las privatizadas del CIADI. En el medio cambió la composición de la deuda. Gran parte de la deuda externa ha sido transferida a la Anses y el Banco Central, generando una enorme deuda interestatal, afectando los fondos de los jubilados y los recursos nacionales.

El supuesto "cierre" de la cuestión de la deuda, a través del pago a los fondos buitre, en realidad, terminará "abriendo" otro ciclo interminable de litigios, que pondrá en cuestión el

objetivo del gobierno y de la clase capitalista argentina, de reabrir un nuevo ciclo de endeudamiento. Esto porque el arreglo con los fondos buitre choca con la cláusula que obliga a extenderle a los titulares de los bonos ´reestructurados´ en 2005 y 2010 los beneficios superiores que obtuvieran otros acreedores. En esas condiciones, el pago del 100% de la deuda a los buitre dispararía demandas judiciales del 93% que entró al canje por una cifra impagable, estimada por el abogado Marcelo Etchebarne en 500 mil millones de dólares. La aplicabilidad o no de esa cláusula (RUFO), por tratarse de una sentencia judicial y no de un arreglo voluntario, será motivo de litigio con toda seguridad.

La oposición tradicional, por su lado, está con el pago de la deuda usuraria. La misión de legisladores de la oposición a los EEUU, PRO, Faunen, Frente Renovador, Compromiso Federal caucionó todo el proceso que conduce a este nuevo ciclo de endeudamiento y potencial cesación de pagos. Eso cuando el Congreso ha sido obviado para el tratamiento del arreglo con el Repsol, Club de París, y ahora con los fondos buitre. La negociación carece de mandato del Congreso y si en el futuro llega a tratamiento, será, como en el caso de Repsol, nuevamente una extorsión a partir de un acuerdo cerrado a espaldas de los representantes del pueblo.

Rechazamos el intento oficial de arreglo con los fondos buitre, que terminará de cargar al país con una hipoteca que pagarán trabajadores y jubilados y en última instancia conducirá a otro defol. Pero a su vez, no apoyamos un defol dictado por el gobierno kirchnerista. Esa cesación de pagos sería un arma contra los trabajadores: el kirchnerismo se valdrá de una pretendida "unidad nacional contra los buitre" para imponer un ajuste en regla, ello, mientras se acentúa la fuga de capitales. El defol de otro gobierno basado en los grandes grupos económicos, como éste, ya fue practicado por Rodríguez Saa en 2001: sirvió de excusa para una gigantesca confiscación social, al cabo de la cual Kirchner y Lavagna reanudaron el pago de la deuda.

La salida a esta situación es comprender que el pago de toda esta deuda usuraria es incompatible con el desarrollo del país. Lo prueban, por la negativa, los gobiernos que se han empeñado en pagarla e indefectiblemente terminaron en defol, luego de haber

dilapidado decenas de miles de millones de dólares e incrementando, otra vez, la deuda. Planteamos la suspensión inmediata del pago de la deuda para su investigación. Recordemos que en su origen, el gigantesco crecimiento de la deuda en 1982, operado por

la dictadura bajo el dictado de Domingo Cavallo y José Alfredo Martínez de Hoz, fue resultado en su abrumadora mayoría de una estatización de deuda privada mediante un seguro de cambio a favor de los capitanes de la industria de la época, varios de los cuales son ahora cruzados de la nueva fase de endeudamiento. Luego, la deuda pegó otro salto con el megacanje, mediante intereses sobre intereses, lo que caracteriza la naturaleza usuraria de la deuda que nos ha conducido a sucesivas cesaciones de pago.

Nuestra política no es la cesación de pagos de los capitalistas, que apunta a rediscutir con los propios usureros las condiciones para reanudar el pago de la deuda. Estamos por su desconocimiento en el marco de una reorganización social integral, que sólo puede ser emprendida por un gobierno cuya base social sea la mayoría trabajadora nacional. La primera cuestión es que la deuda debe ser pagada por los propios bancos y compañías exportadoras y monopolios industriales que lucraron con el negocio de los bonos soberanos: para ello, planteamos la apertura integral de todos los libros de bancos y grandes empresas, lo que demostrará que una parte fundamental de la llamada deuda externa se basa en operaciones de fuga de capitales y autopréstamos, o sea, el reingreso de fondos que están contabilizados como deuda contra el país. De esa forma, quedará de manifiesto el carácter fraudulento de la hipoteca que el país viene pagando en las cuatro últimas décadas.

En segundo término, planteamos un plan económico y político que sea elaborado en un congreso de trabajadores. Ese plan debe disponer del ahorro nacional, lo que exige de la nacionalización de la banca y del comercio exterior para poner fin a la fuga de capitales, y establecer una reindustrialización del país sobre nuevas bases sociales. Por lo tanto, y en tercer lugar, abordamos la crisis de la deuda como una cuestión de poder, cuya salida plantea una gestión anticapitalista por parte de un gobierno de trabajadores.

El desconocimiento de la deuda plantea la cuestión del fondo de garantía del Anses, un "acreedor" que resultaría severamente afectado por ese repudio. Sin embargo, debemos explicar que la gestión de la economía por parte de la clase obrera restituirá el 82% móvil a los jubilados como derecho, y para ello contaremos con los recursos que quedarán liberados del pago de la deuda. Igualmente, serán respetados todos los pequeños ahorristas que fueran tenedores de bonos, mayoritariamente en manos de la gran banca y grupos económicos y financieros.

Por todo lo expuesto ponemos a discusión del Congreso de la Nación un referendo de carácter vinculante en los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional. Rechazamos que el pueblo trabajador y contribuyente sea una vez más el pato de la boda en la crisis creada por grupos económicos y los partidos políticos que gobiernan para ellos. Y, mediante el referendo propuesto en los artículos de esta ley sometemos a la voluntad popular una decisión que toma el grupo gobernante sin mandato popular y sin siquiera discusión en el Congreso, pero que afectará a los ciudadanos comprometiendo el presente y futuro de todos los argentinos.

Por lo expuesto planteamos el referendo en relación a la totalidad de la deuda, no solamente por el diferendo con los llamados fondos buitres. Por lo tanto, estamos reclamando una deliberación nacional sobre la cuestión de la deuda considerada en su conjunto.