La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que sería necesario que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y demás organismos competentes, en forma urgente brinde una respuesta a la crisis Sanitaria que afecta a la Provincia de Tucumán.

Señor presidente:

Si bien sabemos que cada Provincia es responsable de la salud de la población, sabemos también que quien garantiza la misma es la Nación. Varias situaciones de gravedad vienen sucediéndose en la Provincia de Tucumán en el sector, y el Poder Ejecutivo no puede estar ajeno a una situación que pone en serio riesgo a la salud de los habitantes en el territorio Nacional.

En la provincia de Tucumán desde Abril del 2009 se viene suscitando una problemática que afecta a la Salud pública de la provincia. Los trabajadores de la salud tucumanos, entendiendo que no se defendían sus derechos constitucionales y laborales, permitiendo el ingreso de personal a los hospitales y centros de atención en forma precarizada, acordándose aumentos salariales mínimos e insuficientes, integrados además con sumas no bonificables (en negro) que llegaban a representar el 60% del haber, y otro número importante de situaciones y actitudes, generaron un malestar en las bases que hizo que el mismo creciera y se trasladara a los distintos ámbitos que componen el sector.-

Los hombres y las mujeres de la salud pública tucumana no reclaman cuestiones complejas ni inalcanzables. En primer lugar, quieren sueldos que les permitan vivir dignamente. Algo que no consiguen con el básico de $1.200 (20% no remunerativo ni bonificable), ni con los $2.500 de bolsillo que perciben un número importante de médicos con 10 años de antigüedad. Monto superior al que cobran los profesionales que, como monotributistas, facturan $1.400 por el Plan Nacer, que no les reconoce licencias por enfermedad ni vacaciones. Las médicas que prestan servicios a este programa no cobran un peso durante el tiempo en que no pueden trabajar porque dieron a luz y deben ocuparse de su hijo. Situación similar con el personal que tiene contrato de locación de servicios, que ganan entre $800 y $900 por mes; los planes jefes y jefas, con más de 10 años de trabajo percibiendo $150; personal todo, que no titularizan argumentando falta de presupuesto.-

Se peticiona con razón, que todos los aumentos a la base de cálculo, se decida el absoluto blanqueo salarial, sustancial mejoramiento de las condiciones de salubridad en las que se deben desarrollar las tareas y plasmar el histórico reclamo de obtención de 82% móvil jubilatorio.-

Exigen además, un reclamo concreto para cumplir lo que la constitución manda, la estabilidad laboral de los trabajadores; advirtiéndose que sobre una planta de 15.000 agentes, en el Siprosa, suman poco más de 5.000 los que no revisten titularidad. Es decir, una de cada tres personas que le pone el cuerpo a la salud pública está en condición de precariedad laboral.-

En fecha 26 de noviembre próximo pasado se firmó acta acuerdo entre el Gobierno y los sectores de trabajadores, en el que se llegó a un principio de acuerdo que se encuentra pendiente de cumplimiento, asumiendo como garante del mismo el Arzobispo de Tucumán (Monseñor Villalba) y la Fesprosa. Por la lucha llevada adelante por los trabajadores se ha procedido a iniciar el proceso de regularización de 3.000 trabajadores, faltando instrumentar la titularización de alrededor de otros 2.200 trabajadores más.-

En razón a lo expresado, la urgencia para lograr una solución inmediata y adecuada a un problema que afecta a la totalidad de los tucumanos, es que solicitamos al resto de los legisladores acompañen la presente iniciativa.-