La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su más enérgico repudio por las agresiones verbales y físicas sufridas por Mario Urcelay, colaborador del candidato a intendente de Vicente López por el PRO, Jorge Macri, el sábado 15 de octubre de 2011 en el barrio de Nuñez mientras realizaba actividades partidarias.

Señor presidente:

El sábado 15 de octubre de 2011 se produjo un grave incidente cuando un grupo de manifestantes kirchneristas, liderados por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, irrumpió en una mesa partidaria que promocionaba la candidatura a intendente de Jorge Macri y atacó a patadas una camioneta del PRO y al propio conductor, Mario Urcelay, al que golpearon duramente antes de que pudiera escapar, según la denuncia presentada.

Este repudiable acto es una clara ofensa a la libertad de expresión, derecho fundamental señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y en las constituciones de los sistemas democráticos.

El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración. Para filósofos como Pach, Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política.

No sólo ha sido esta intimidación una vulneración a los derechos de libertad de expresión, sino también a la libertad ideológica política, tan necesaria en una democracia participativa como lo es la de nuestro país. La ideología política es uno de los puntos que integran el conjunto de derechos consagrados en los tratados internacionales. Las sociedades modernas contemplan en sus constituciones una serie de pautas consagradas a garantizar el libre ejercicio de los derechos civiles, pues la evolución y el desarrollo social, se basan precisamente en la participación democrática de los ciudadanos, siendo la política, uno de los pilares de dicha participación.

Toda actividad de índole político debe ser ejercida libremente y no puede ser vulnerada, mucho menos aún por funcionarios del gobierno que son parte del estado, quienes deben garantizar y velar por el cumplimiento de los derechos de sus ciudadanos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.