La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación por la situación de desprotección y condiciones de detención de las personas privadas de libertad en la cárcel de varones de Santiago del Estero, y los hechos de violencia ocurridos los pasados días 4 y 5 de noviembre del corriente año, que derivaron en la muerte de decenas de personas encarceladas en el citado establecimiento.

Señor presidente:

Los recientes 4 y 5 de noviembre de 2007 ocurrieron hechos de gravedad en la provincia de Santiago del Estero.

Fueron casi 20 horas de máxima tensión con un resultado terrible: mas de 30 muertos y una veintena de heridos, 3 de ellos de gravedad, entre reclusos y guardias. Por lo que se trata de la mayor tragedia carcelaria de la provincia y una de las más cruentas del país.

El hecho que había comenzado el domingo a las 18.30 recién finalizó ayer a las 14. En el medio quedaban las horas más dramáticas y un dato estremecedor: en el penal de varones de Santiago del Estero había una población de 465 presos, cuando la capacidad establecida para el lugar es de 180.

Durante toda la noche del domingo y la madrugada del lunes, el penal estuvo fuertemente custodiado por dentro y por fuera. Es que los pabellones 3, 5 y 6 seguían tomados por los internos.

El domingo a las 18.30, los 42 internos alojados en el pabellón 2 comenzaron a protestar porque, dijeron, les habían reducido el horario de visitas, querían mejor trato para los familiares que iban a verlos y agilización de causas.

Para protestar, según la versión oficial, pusieron colchones, mesas y sillas contra la reja y comenzaron a quemarlos. Como las ventanas de atrás estaban abiertas y había una fuerte corriente de viento, el humo no salió, sino que quedó en el ambiente.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados con síntomas de asfixia y quemaduras graves a los hospitales Regional Ramón Carrillo e Independencia.

La situación era tan dramática que se veía el ingresó de una camioneta con más de 30 matafuegos, paramédicos con tubos de oxígeno y camilleros, quienes comenzaron a sacar algunos heridos.

Debemos tener en cuenta, y tratar de comprender la gran desesperación y la incertidumbre de los familiares, ya que se encontraban fuera del lugar y lo que veían y escuchaban eran tiros, gritos y se veían las ventanas por las que aparecían colchones y ropas en llamas.

En medios de comunicación, se pudo observar al juez Tarchini Saavedra, quien trataba de tranquilizar a los familiares: "Les hemos dicho (a los internos) que no habrá represión ni represalias; que se queden tranquilos", e inmediatamente admitió que en la cárcel había superpoblación". Esto es una muestra más de la grave crisis carcelaria de la provincia de Santiago del Estero.

A raíz de estos hechos, Inspectores del Servicio Penitenciario Federal (SPF) visitaron las instalaciones del Penal con el objetivo de observar las condiciones edilicias y eventualmente ofrecer asistencia técnica para realizar reformas, según informó el inspector general Carlos Grassini.

El mismo sostuvo que la cárcel "tiene un tipo de construcción que ya no es el adecuado según las exigencias de la legislación". Señaló que una eventual remodelación depende de la decisión y el presupuesto del gobierno provincial, y remarcó que "en cualquier cárcel del mundo, la superpoblación suele ser el origen" de las protestas y las tragedias carcelarias.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos del Obispado de Santiago señaló que los problemas en la cárcel comenzaron cuando "se cortó una hora antes" el horario de visita, "que siempre es hasta las 18". El cura Sergio Lamberti aseguró en declaraciones a una radio de Buenos Aires que eso "provocó inquietud entre los presos y sus familias". Para el religioso hay un "maltrato cotidiano a los presos y a quienes los visitan. Humillaciones a las que son sometidas las esposas, hijas, hermanas, madres, cada vez que las requisan, el desprecio con que las tratan a ellas y cómo destruyen todo con el supuesto objetivo de descubrir droga", precisó.

Amnistía Internacional (AI) denunció recientemente las "pésimas" condiciones de detención de los presos en las cárceles de Argentina, las cuales representan la violación "más acuciante de los derechos humanos" constatada en el país.

Así lo informó el presidente de esa organización en la Argentina, Martín Epstein, al presentar en conferencia de prensa el informe 2006 que esa organización elaboró sobre el estado de los derechos humanos en el mundo durante el año anterior.

Acerca de las prisiones sostuvo que en la mayoría de las cárceles "provinciales" no hay "agua potable, iluminación ni higiene adecuadas, servicios médicos y programas de rehabilitación". Además resaltó que "el 75 por ciento" de los 62.500 detenidos "se encontraba a la espera de juicio".

Debemos recordar que en nuestro país, a lo largo de los años ha habido hechos de violencia y conflictos en las cárceles, entre las que se destacan las siguientes:

Coronda, 11 abril de 2005: Durante 10 horas, la Unidad Penitenciaria número 1 de Coronda fue copada por un grupo de presos santafesinos (de la capital de la provincia) en guerra con los rosarinos. La masacre dejó 14 muertos (10 acuchillados, uno degollado y dos quemados) y varios heridos graves. El grupo de presos santafesinos se vengó, de esa manera, de la muerte de uno de sus líderes, ocurrida una semana antes. En ese momento, la cárcel contaba con una población de 1.400 presos, cuando su capacidad real era de 1.100.

Córdoba, 10 de febrero de 2005: Luego de 24 horas de tensión, el motín en la cárcel del barrio San Martín, en la que se alojaban a 1.500 presos, dejó un saldo de 8 muertos (dos guardiacárceles, un policía y cinco recluso) y unos 35 heridos de distinta consideración entre presos, policías, familiares y rehenes. La intervención del capellán de la penitenciaría, Hugo Oliva, fue determinante para alterar el curso de esa tragedia. Tres de los reclusos muertos iban en un camión en el que intentaron huir junto a otros trece presos. Los dos presos restantes murieron luego de enfrentamientos dentro del penal. Todos eran de máxima peligrosidad. Mientras que los dos guardiacárceles y el policía murieron mientras trataban de impedir la fuga. Todavía está fresca la imagen del guardiacárcel que era lastimado con un arma blanca, humillado y amenazado con ser arrojado al vacío desde una de las terrazas del penal. Pocos días después de la finalización del motín, la directora del Servicio Penitenciario de Córdoba, Graciela Lucientes de Funes, presentó la renuncia a su cargo.

Sin embargo, la revuelta que se cobró la mayor cantidad de vidas, en la Argentina, fue la que se produjo en el penal porteño de Villa Devoto en marzo de 1978. Ese día murieron 61 internos en lo que se denominó el "Motín de los colchones".

Otro de los motines violentos que registra la historia de nuestro país ocurrió el 6 de mayo de 1990 en el penal de Olmos, con un saldo de 33 reclusos muertos.

El levantamiento ocurrido durante la Semana Santa de 1996, en Sierra Chica, será recordado por la ferocidad con la que doce amotinados, a los que se llamó "Los doce apóstoles", asesinaron a ocho de sus compañeros y los incineraron en el horno de la panadería del penal.

Estos hechos demuestran la falta y el desgano de parte de funcionarios provinciales que permiten actos de violencia como el que tenemos que lamentar en la provincia de Santiago del Estero.

Por último, quería recordar que el artículo 18 de nuestra constitución nacional, establece en su último párrafo que: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice".

Por su parte, la constitución de la provincia de Santiago del Estero establece en su artículo 57 que: "Las cárceles y todos los demás lugares destinados para el cumplimiento de penas de privación de libertad, serán sanas y limpias y organizadas sobre la base de obtener primordialmente la reeducación y reinserción social del penado mediante el trabajo productivo y remunerado.

En los establecimientos penales no podrá privarse al individuo de la satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y reglamentaciones que se dicten".

Por estas razones, es que solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.