La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que sería necesario que el Estado Nacional, a través de los organismos que corresponda, intensifique las políticas activas que faciliten las inversiones para la producción de biodiésel con destino al mercado interno, a favor de las PyMEs, las Economías Regionales y los Productores Agropecuarios, tal cual lo determina la Ley 26.093 de biocombustibles, ya que aunque dicha norma fue sancionada hace un año y medio, todavía no se aprobó ningún proyecto de inversión a través de ese régimen.

Señor presidente:

El 17 de octubre último pasado se inauguró, en la localidad de San Lorenzo, Renova, una de las mayores plantas de biodiésel del mundo, con una capacidad de producción de 230.000 toneladas al año. Dicha planta surgió de la asociación entre el grupo santafecino Vincentin y Oleaginosas Moreno, propiedad de la multinacional Suiza Glencore. También se estaría por finalizar la construcción de "Terminal 6", planta de similar porte perteneciente a Bunge y AGD.

Además, en la misma región, están en plena ejecución proyectos de idéntica magnitud: Unitec Bio del Grupo Eurnekian y Patagonia Bio Energy (250.000 toneladas). Tomando el conjunto de plantas se estima que la localidad de San Lorenzo albergaría una capacidad de producción de un millón de toneladas anuales de biodiésel.

A poca distancia de esta localidad hay otros proyectos en marcha: Dreyfus (300.000 toneladas) y Molinos Río de la Plata (100.000 toneladas). También habría otros aún no anunciados públicamente (ver Héctor Huergo, "Inauguran en Rosario una planta de biodiésel", Clarín 18 de octubre de 2007, pág. 26).

Las estimaciones difundidas a través de los medios de prensa indican que, hacia fines de la presente década, la producción de biodiésel en las cercanías del Gran Rosario, con destino a la exportación, llegaría a los 2 millones de toneladas anuales.

En contraste con la rápida evolución de las inversiones destinadas a producir biodiésel para la exportación, a un año y medio de aprobada la Ley de Biocombustibles, no hay ninguna planta aprobada, en construcción o en funcionamiento al abrigo de este régimen cuyo destino sea complementar nuestro deficitario mercado de gasoil. A este ritmo, parece difícil que se pueda cumplir con el corte obligatorio del 5% previsto para el año 2010, que exige alcanzar una producción de 625.000 toneladas de biodiésel para fines de la presente década.

Al no generarse esta producción, tampoco se cumpliría con impulsar las Economías Regionales, las PyMEs o el agrupamiento de Productores Agropecuarios, sujetos promocionados por la Ley 26.093, aprobada por este Congreso. En la práctica, como veremos a continuación, las grandes empresas aceiteras, cuyos puertos están instalados en las cercanías de la ciudad de Rosario, cuentan con mayores ventajas que los sujetos y las regiones que se definieron como beneficiarios en esta norma.

A favor de éstos últimos, la Ley de Biocombustibles subsidia la compra de bienes de capital o la realización de obras de infraestructura mediante la devolución del IVA en un período de 3 años, u optando por la amortización acelerada, considerando que la vida útil de la inversión se reduce a la mitad, deducida del Impuesto a las Ganancias. Es decir, en términos generales, las PyMEs promocionadas podrían ahorrase, en el transcurso de tres años, alrededor del 20% del costo de la inversión.

Por su parte, el actual régimen de retenciones a las exportaciones permite, a las grandes empresas aceiteras, exportar el biodiésel con un 2,5% de retenciones netas de reintegros (Ver Andrés Tovosnanska, "¿Quién paga las fábrica?", Página12, Suplemento Cash, 21 de octubre de 2007), en lugar del 24% que deberían entregar al fisco por las ventas externas de aceite. A un valor actualizado que ronda los 900 dólares para la tonelada exportada de aceite de soja, la transformación de éste en biodiésel significa un ahorro de más de 20 puntos por el pago de retenciones. Es decir representa una economía de 180 dólares por tonelada de aceite transformado en combustible. Para una planta, como la recientemente inaugurada por Vicentín y el Grupo Glencore, con una capacidad de producción anual de 230.000 toneladas de biodiésel, dicho ahorro representaría, en un año, la totalidad del costo de la inversión estimada en 40 millones de dólares.

Resulta sugestivo que este año, en el que se elevó en un 4% las retenciones a los productos derivados del complejo sojero con el objetivo de subsidiar la producción y el precio interno de los alimentos, al mismo tiempo se dejara abierto un mecanismo que permite eludir el pago de ese aumento en una proporción varias veces mayor.

Por otro lado, los productores de biodiésel con destino a la exportación cuentan con otra ventaja: la de acceder a los precios internacionales de ese combustible. En cambio, quienes lo destinen al mercado interno tienen que competir con un precio subsidiado para el gasoil. Según una nota publicada recientemente en un matutino de la Capital (Ver Antonio Rossi, "Diferencias regionales del precio de la nafta super", Clarín, 18 de octubre de 2007, pág. 24), los 0,89 pesos que cuesta el gasoil sin impuestos en la Argentina representa entre 1/2 y 1/3 de lo que vale en otros países de la región: Brasil: 2,09; Chile 2,18; Paraguay 1,98; Perú 1,92 y Uruguay 2,77 pesos.

A las ventajas ya señaladas, a favor de las grandes empresas aceiteras, habría que agregar que éstas son el núcleo del principal complejo exportador de la Argentina y que sus plantas están ubicadas en puertos que tienen a su disposición, en un radio de 400 kilómetros, el 80% de la producción de soja del país. Finalmente se podría agregar que estas compañías, por su tamaño (facturación y exportaciones), ocupan los primeros puestos en el ranking de mayores empresas de la Argentina y que, por tanto, no deberían tener mayores dificultades para financiar sus propias inversiones.

En cambio, las PyMEs y los productores agropecuarios ubicados en las regiones más alejadas de los puertos no cuentan con las mismas ventajas, menos aún si desarrollan, como sería deseable, cultivos energéticos que permitan una diversificación productiva.

Si no fueran suficientes todas estas razones para justificar nuestro pedido de intensificar las políticas activas para cumplir con la Ley de Biocombustibles, hay que agregar que la Argentina está importando gasoil y que las refinerías existentes no tienen más capacidad de producirlo, lo que implica, a medida que transcurre el tiempo y crece la demanda, un mayor costo fiscal y de divisas para el país.

Entre los objetivos de la Ley de Biocombustibles, además de colaborar con la diversificación de la matriz energética interna, se encuentran los de promover el desarrollo rural, especialmente de las regiones más postergadas, y favorecer a las PyMEs y a los productores agropecuarios. Si consideramos que el Estado debe intervenir con políticas activas en apoyo de los sectores y regiones más débiles, creemos que sobran los argumentos y las razones para corregir y revertir la situación aquí planteada.

Por ello, solicitamos el apoyo de los legisladores de esta Cámara a este Proyecto de Declaración.